
    Rodriguez, Director de la Comunidad R. R. P. P. Paules, v. El Pueblo de Puerto Rico.
    Revisión procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 1.
    Resuelto en Enero 22, 1903.
    Recubso r>E bevisión. — El recurso de revisión es extraordinario y sólo pro-cede en la forma rigurosa y taxativa señalada por la ley.
    Id. — No procede el recurso contra un fallo en que se han resuelto todas las cuestiones planteadas en la demanda y en la contestación, y se ha cum-plido con lo dispuesto en el Art. 79, número Io- de la Ley de lo Contencio-Administrativo.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    Este caso es un recurso promovido por El Pueblo de Puer-to Rico, sobre revisión de una sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan, que literalmente dice así:
    “En. la Ciudad de San Juan de Puerto Rico, á lo. de Agosto de 1902. Vista esta demanda contencioso-administrativa promovida por el abogado, Don Juan Hernández López, en representación ■ de Don Joaquín P. Rodrí-guez, Rector de la Comunidad de los R. R. P. P. Paules, contra la Admi-nistración, representada por el Sr. Fiscal, sobre cobro de cantidades, adeudar das por la extinguida Diputación Provincial.
    
      Resultando: que Don Joaquín P. Rodriguez, Rector de la Comunidad de Padres Paules, dirigió al Presidente de la Comisión liquidadora de la Dipu-tación Provincial un escrito, acompañando un certificado expedido por el Honorable é Ilustrísimo Obispo de esta Diócesis, para justificar el carácter de Rector de dicha Comunidad, y otro del Alcalde de Ponce, de constarle de manera positiva que la referida Comunidad tuvo abierto en Ponee un Cole-gio de 1? y 2? enseñanza, desde 1897 á 1898, y, fundado en estas certifi-caciones, sienta; que al extinguirse la Diputación Provincial debía. á la Co-munidad la subvención de los meses de Diciembre á Junio de 1897 á 1898, á razón de cinco mil pesos provinciales por año: que el liquidador de la Diputación Provincial abonó, en 18 de Mayo de 1899, la subvención corres-pondiente á Diciembre de 1897, Enero, y 10 días de Febrero de 1898, adeu-dándose á la Comunidad el resto, liasta Junio del último año, mil novecientos cuarenta y cuatro pesos cuarenta y cuatro centavos provinciales, ó mil ciento sesenta y seis dollars, sesenta y seis centavos, según cuenta demostrativa ju-rada que presenta, y la Comisión Liquidadora, por mayoría, negó la preten-sión, por conceptuarla una ayuda ó gratificación que el Gobierno puede en cualquier momento retener, por ser una subvención sin existir contrato con la Diputación, y por tanto una gracia, si bien uno de los Comisionados cree es justa la petición, la Diputación obligada á pagarla, y es legal la recla-mación.
    
      Resultando: que el defensor y representante de Don Joaquín P. Rodriguez como Director de la Comunidad de los R. R. P. P. Paules formuló demanda contra la administración, solicitando se le condene á pagar á dicha Comunidad el importe de dicha subvención, deducidos los pagos hechos que constan en las Oficinas de Hacienda, con los demás procedentes, con las cos-tas á la administración; sentando como hechos: que la Diputación concedió cinco mil pesos de subvención á la Comunidad para la fundación de un Co-legio de segunda enseñanza en Ponce; que fundado, se hicieron diversos pagos, y quedaron luego en suspenso por el mal estado de fondos de la Diputación; que extinguida ésta, el Liquidador de la misma pagó parte de la subvención; y que la Comisión Liquidadora se ha negado posteriormente á pagar el resto de la subvención, sin razón que lo justifique, según su resolución: siendo el derecho que los bienes de la Provincia de Puerto Rico pasaron al Gobierno Insular con la condición de que pagase todas las atenciones y deudas legíti-mas contraidas con aquélla, entre las que se encuentra el crédito dé la Co-munidad: que la Diputación constituía una personalidad jurídica, sobre cuyos bienes pesaban y pesan todas las obligaciones existentes á su extinción; que los bienes de la Provincia constituyen una propiedad especial reconocida y declarada por el Tratado de Paz entre España y los Estados Unidos, de-biendo ser condenado en costas el litigante temerario.
    
      Resultando: que el Ministerio Fiscal, como Delegado del Attorney General, representante de la Administración, contestó la demanda alegando y pi-diendo se declare en primer término con lugar la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, y si no procediere, sin lugar la de-manda, con las costas, fundando esas pretensiones: en que la suprimida Diputación votó una subvención á favor del Colegio de los Padres Paules de Ponce, ascendente á cinco mil pesos para el año fiscal que terminó en Junio de 1898, pagándola, mientras el estado de sus fondos se lo permitió: que el liquidador de dicha Corporación pagó posteriormente otra parte de esa sub-vención y á esta fecha no puede determinarse en la demanda á cuanto as-cienden los pagos .verificados, no pudiendo en su consecuencia conocerse cual es 1a- cantidad que se pretende hacer efectiva: que los Padres Paules en tiempo oportuno gestionaron ante la Comisión Liquidadora de la Diputación el pago de la cantidad que les resta por cobrar hasta completar los cinco mil pesos, pero con desfavorable resultado, é interponen esta demanda sin fijar la cuantía de su reclamación, siendo el derecho la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, que se nota al leer la petición del actor, en la que no expresa con claridad y precisión la cuantía de la cantidad re-clamada: que esa reclamación no puede obtener éxito porque la Diputación fué suprimida; sus propiedades traspasadas al Gobierno y la disposición de que éste pagase todas sus deudas, no significa continuara pagando cantidades casi en su totalidad satisfechas, y que no tenían carácter de una deuda, ni procedían de un contrato entre los Padres Paules y la Diputación, sino de un acto de mera liberalidad que ésta podía revocar á'su antojo: que al cesar la Diputación y ceder sus propiedades al Gobierno para que pagara sus deu-das, el importe de éstas no debía ni podía exceder del activo recibido: que la cantidad que el Gobierno recibió de la Diputación, libre de todo gravá-men, ha sido ya distribuida en pago de deudas de derecho preferente, exis-tiendo sólo un sobrante de doscientos setenta y un pesos catorce centavos, y el'Tesoro no puede quedar sujeto al pago de donaciones que en gran parte han sido liquidadas al suprimirse la Diputación: que la parte principal del activo de esta Corporación consistía en bienes inmuebles sujetos a usos espe-ciales, cedidos para obras de beneficencia é instrucción y para sufragar los gastos de personas desamparadas; propiedad que no puede ser distraída de los usos especiales á que se dedicó para invertirlas en atenciones de natura-leza de las que nos ocupa: que las excepciones dilatorias propuestas fuera de tiempo pueden utilizarse como perentorias.
    Resultando: que abierto á prueba el pleito, vino á los autos á instancias del actor la copia del acuerdo de la Diputación de 21 de Abril de 1896, concediendo una subvención de cinco mil pesos anuales para el Colegio que bajo la dirección de los Padres Paules se proponía fundar en Ponce, siendo acuerdo pasase el expediente á la Comisión de Hacienda para que incluyese en el próximo presupuesto la partida correspondiente; declarando tres tes-tigos citados á petición del demandante, manifestando uno, fué Secretario de Hacienda y Secretario Civil de esta Isla en la época del Gobierno Militar, que es cierto que la liquidación presentada por los Padres Paules es exacta y que con los caracteres antes citados intervino en el activo y pasivo de la Diputación : otro que fué el último Vice-Presidente de la Diputación Provincial, Diputado Provincial más de seis años, y cuatro de la Comisión perma-nente, cierta la comunicación que se le pone de manifiesto y la liquidación firmada y jurada que presentó á la Comisión liquidadora el Director de los Padres Paules, y exacta, conforme á los antecedentes de la subvención con-cedida : y el tercero, que es cierta y legítima la firma del voto particular y ' cierto su contenido, y que la liquidación presentada por el demandante debe ser exacta porque fué aceptada sin reparo alguno por el Oficial encargado de hacer las confrontaciones con los antecedentes que había en la Oficina Liquidadora de la Diputación, y que la negativa de la mayoría de la Comi-sión Liquidadora no acepta como buena la reclamación de los Paules por considerar no está obligada la Diputación á pagarles sin discutir el importe, que obedece á una simple operación aritmética: sin que el demandado pro-moviera prueba alguna.
    
      
      Resultando: que formado el extracto y señalado día para la vista, se cele-bró ésta coa asistencia de las partes, habiéndose observado las prescripciones legales en la sustanciación de esta instancia. Siendo Ponente el Sr. Presi-dente Don Juan Morera Martinez.
    
      Considerando': que el defecto legal en el modo de proponer la demanda, concretado en el período de discusión á no expresarse con claridad y preci-sión la cuantía de la cantidad que reclama, no puede ser alterado con poste-rioridad, porque sería variar los términos del debate, y mucho menos al sen-tarse por el demandado en el acto de la vista,-no haberse consignado por el demandante los hechos y derechos relacionados que se refieren á la compe-tencia del Tribunal, pues si cree que este Tribunal no es competente, pudo promover la competencia que según doctrina del Consejo de Estado cabe en cualquier estado ó trámite del juicio, y aun en la segunda instancia.
    • Considerando: que según la Orden General No. 84 de 1900, Sección 6, este Tribunal procederá á considerar y resolver las reclamaciones contra la Comisión Liquidadora de la Diputación, á instancia de cualquiera de las par-tes, en caso de que una adjudicación dictada por la Comisión fuese desapro-bada por el Gobernador, ó el interesado se resistiese á aceptar el fallo de ella, y por tanto no es preciso en ese caso sentar los hechos y derechos de la competencia, como en los otros negocios contencioso-administrativos, pues no cabe resolver si la cuestión corresponde á las facultades regladas de la Ad-ministración, á los Tribunales ordinarios, ó, en una palabra, si es ó nó mate-ria eontencioso-administrativa, por determinar el caso la Orden General citada, que lo declara.
    
      Considerando: que la cuantía de la cantidad consta expresada y la tuvo presente la Comisión Liquidadora, es la consignada en el primer resultando, y sentado en la súplica se reclama el importe de la subvención deducidos los pagos hechos que constan en las Oficinas de Hacienda, expresando el deman-dante en su reclamación administrativa se le adeudan- mil novecientos cua-renta y cuatro pesos cuarenta y cuatro centavos provinciales, ó sea mil ciento sesenta y seis dollars sesenta y seis centavos, ese saldo, y no otro, es el reclamado.
    
      Considerando: que al disponerse en la Sección 5? de la referida Orden General, No. 84, que toda adjudicación dictada por la Comisión y compro-bada con el certificado que firman sus miembros, aprobada que sea por el Gobernador, se enviará al Contador General de la Isla para su liquidación y pago al interesado por el Tesorero, con cargo á las rentas insulares disponi-bles, las cuales se aplican al pago de dichas reclamaciones en atención al traspaso de los bienes raices y muebles . de la extinguida Diputación Provincial, no cabe sentar nada que esa disposición contrarié por no haber sido revocada la subvención por dicha Corporación Provincial, y ser el reclamo del resto de la subvención que existía en un presupuesto por dicha Corpora-ción votado antes de la extinción ó supresión.
    
      Considerando: que no existe temeridad y por ello la condena de costas debe ser sin especial condena.
    
      Fallamos: que debemos declarar y declaramos con lugar la demanda y en su virtnd condenamos á la Administración á pagar al demandante los mil novecientos cuarenta y cuatro pesos cuarenta y cuatro centavos provinciales, ó sea mil ciento sesenta y seis dollars, sesenta y seis centavos, saldo de la subvención que consta en el Presupuesto de 1897 á 98, por la extinguida Diputación Provincial votado para dicho año, sin especial condena de costas; pudiendo la Administración practicar liquidación, y deducir todos los pagos que se hubieren hecho con posterioridad á los reconocidos por el demandante, y puedan disminuir el montante indicado. Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Juan Morera Martínez, Henry F. Plord, Juan J. Perea”.
    
      Resultando: que á instancia del demandante se declaró firme esa sentencia por auto de 20 de Agosto de 1902, y ya en esas condiciones se interpuso apelación por el Acting Attorney General y se proveyó que se estuviese á lo dis-puesto en el auto anterior.
    
      Resultando: que en 6 de Septiembre del año próximo pa-sado presentó el Acting Attorney General, ante esta Corte, recurso de revisión fundado en el artículo 79, número ^dé-la Ley de lo Contencioso-Administrativo, porque al contestar la demanda había propuesto la excepción de defecto legal en el modo de proponerla, haciendo consistir el defecto en que en el escrito inicial del actor no se expresaba con preci-sión y claridad la cuantía de la cantidad que se reclamaba, y en la parte dispositiva de • la sentencia no se resolvió esa cuestión, planteada en la. contestación.
    
      Resultando: que por providencia de 10 de Octubre del ci-tado año se tuvo por interpuesto el recurso, se reclamaron al inferior los autos de referencia, y se emplazó á las partes para que dentro del término legal comparecieran á sostener lo que á su derecho fuera conveniente.
    
      Resultando: que recibidos los autos, personado el deman-dante y tenido por parte, se le dió traslado del recurso por 'término de seis días, evacuó el trámite oponiéndose al mis-mo, y puestas de manifiesto las actuaciones á las partes por el término procedente, ninguna de ellas solicitó el señala-miento de dia 'para la vista.
    Abogado del recurrente: Sr. Feuille; Attorney General auxiliar.
    Abogado del recurrido : $r. Hernández López.
    
   El Juez Asociado Se. Fkjuekas,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la siguiente opinión del Tribunal.

Considerando: que el recurso de revisión es extraordina-rio y solo procede en la forma rigurosa y taxativa, señalada por la ley.

Considerando: que en la parte dispositiva de la sentencia se ha resuelto con suma precisión y claridad la cuestión pro-puesta en la contestación, como excepción por defecto legal en el modo de proponer la demanda, puesto que se condena á la Administración á pagar una cantidad determinada, ó sea, mil novecientos cuarenta y cuatro pesos cuarenta y cua-tro centavos provinciales, equivalentes á mil ciento sesenta y seis dollars sesenta y seis centavos por saldo de la subven-ción reclamada, y aún va más allá, disponiéndose que de esa cantidad pueden deducirse todos los pagos hechos con poste-rioridad al presupuesto de 1897 á 98.

Considerando: que, así las cosas, es indiscutible que se han resuelto todas las cuestiones planteadas en la demanda y en la contestación, y no puede por consiguiente prosperar el ré-curso establecido, porque en el fallo se ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 79, número 1, de la Ley de lo Con-tencioio-Administrativo.

Fallamos: que debemos declarar y declaramos improce-dente el recurso de revisión interpuesto por el Acting Attorney General, en representación del Pueblo de Puerto Rico, contra la sentencia que se inserta, de 1? de Agosto del año anterior, pronunciada por la Corte de San Juan; comuníque-sele esta resolución, con devolución de los autos que remitió, para los efectos procedentes.

Jueces concurrentes; Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos Hernández, Sulzbacher y MacLeary.  