
    Guillermety Et Al v. El Tesorero de Puerto Rico.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 3.
    Resuelto en Febrero 10, 1903.
    Rentas. — Las leyes, reglamentos y tarifas para la valoración y recaudación de contribuciones insulares sobre industrias, vigentes antes de la ocupa-ción americana, y adoptadas por Orden General, continúan en vigor mien-tras no sean derogadas por disposición legislativa, y deben regir en los casos & que sean aplicables.
    
      Imposición de contribuciones. — locares y federales. — Los reglamentos de aduana del Gobierno Federal no. tienen referencia ni son aplicables á las contribuciones locales sobre comercio é industrias, y con anterioridad á, la aprobación de la ley de rentas internas de 1901, la ley que existía en la fecha de la ocupación americana, y adoptada por la autoridad militar, continuó en vigor sin que fuese afectada por la legislación del Congreso.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    Ante la Corte de Distrito de San Juan se inició un pleito contencioso-administrativo, entre partes, de la una, y como demandantes, Fidel Guillermety, Egozcue y Compañía, Ce-recedo Hermanos y Compañía, Fernández Gaurán y Com-pañía', Isidro A. Sánchez, Joachin Outfitting & Ca., Sobrinos de Izquierdo, Planas Rojo y Compañía, Juan Pizá, Bolívar Arruza y Compañía, Manuel Román, A. Mayol y Compañía, A. Vicente y Compañía, Luiña Hermanos y Compañía, José Peña y Compañía, José Mí1 Blanco, José María Suarez, So-brinos de Armas, Palacios- y Compañía, Gregorio Rodríguez, A. Margarida y Compañía, Alejandro Bozzo, Américo Salas, Castrillón y Ochoa, Pedro Giusti, Mendez y Compañía y Angel Suares, y de la otra, como demandado, el Tesorero de Puerto Rico, habiéndose establecido apelación para ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Corte de Distrito, dictada en dicho caso, y la que, copiada literalmente, dice ' así:
    “En la Ciudad de San Juan de Puerto Rico á seis de Junio de mil nove-cientos dos. — Visto este pleito Contencioso-Administrativo, que ante este Tribunal pende, entre partes, de una, los Sres. Fidel Guillermety, Egozcue y Compañía y otros comerciantes de San Juan, representados por el Letrado Don Herminio Díaz Navarro, y de la otra el Honorable Tesorero de Puerto Rico, representado por el Señor Fiscal, contra resoluciones del Señor Teso-rero relativas al cobro de derechos adeudados por aquéllos, por importaciones que verificaron.
    
      Resultando: que el Honorable Tesorero de esta Isla, en 14 de Julio de 1900, pasó tres comunicaciones al Colector de Rentas Internas de San Juan, expresando que como resultado de una investigación practicada en los Archi-vos de la Aduana, por un Agente de la Tesorería, los señores que aparecen en la lista adjunta á cada una de ellas, los de la primera comunicación han efectuado introduciones, siendo á la vez en una consignatarios de buques y practicado operaciones de banca, sin haber estado debidamente matriculados en la Tarifa 2? número 16, A, 1? del Reglamento en diclio ejercicio, expre-sando esa lista ser estos, Sobrinos de Izquierdo y Rubert Plermanos, exis-tiendo por ello la diferencia de tarifa del primero, de trescientos veinte y un dollars treinta centavos y la del segundo, doscientos dollars tres centavos: los de la segunda comunicación han practicado introduciones de efectos en 1889, 1900, sin haberse debidamente matriculado en la Tarifa 2? número 16, A, 3Í1 del Reglamento en dicho ejercicio y en la lista que á dicha comunicación figura de los recurrentes Angel Suarez, Ramírez de Sola, Mendez y Com-pañía, Pedro Guisti, J. J. Pohl, Fernández Juncos y Compañía, Rucabado y Pórtela, José Soliveras, Américo Salas, Alejandro Bozzo, R. Margarida, Gregorio Rodríguez, Sobrinos de Armas, Sobrinos de Portilla, Pieras y Com-pañía, Ramón Almazán, José María Suarez, Francisco Marxuacli, existiendo en cada uno de sesenta á ciento diez y nueve dollars de diferencia sobre lo que pagaban; y en la tercera los que efectuaron en dicho ejercicio introdu-ciones por mayor valor de doce mil dollars, sin haber estado debidamente matriculados en la Tarifa 2? número 16, A, 2 del Reglamento, los de la lista en la que figuran los demás recurrentes con una diferencia cada uno entre ciento diez y seis y doscientos treinta y seis dollars.
    
      Resultando: que en dicho expediente el Colector de Rentas invitó á los expresados para que dentro de tercero día abonasen las cantidades que les resultan de la liquidación practicada sobre la cuota, constando del de Sobri-nos de Armas y Planas Rojo y Compañía fueron requeridos á satisfacer la diferencia, todo lo que así como lo relacionado en el resultando anterior, fué remitido al Tribunal por la Administración, á virtud de reclamación derivada del escrito interponiendo recurso Contencioso-Administrativo contra la reso-sución del Tesorero, mandándoles comparecer á la Tesorería á satisfacer las diferencias ó la totalidad de derechos que adeudaban, pagando los que han producido los recibos en los que han hecho constar se reservan sus derechos sobre la reclamación establecida, y de los que aparecen de la certificación librada por el Colector, consta no han pagado esa diferencia ni producido recibo los recurrentes J. M. Bayona, Herrero Ortega y Compañía, Caldas y Compañía, F. Font Hermano, Meltz y Gandía, Cuétara Ros y Compañía, Francisco Alonso y Compañía, Francisco Marxuach, José Soliveras, F. Fernández Juncos y Compañía, Ramírez de Sola, The Pan American Express Co., Pieras y Compañía.
    
      Resultando: que instruida la parte formuló demanda contencioso-adminis-trativa, sentando como hechos que en la época de la dominación española regían determinadas tarifas de Comercio é Industria, imponiéndose á los im-portadores derechos según distintas categorías basadas en el alcance de sus importaciones y concediéndoles una patente de importación, que proclamada la soberanía Americana, las Ordenes Generales números 1 y 11 dejaron sub-sistentes las patentes; pero al sustituir el General Henry al General Brooke derogó en ese punto esas Ordenes generales declarando libres las importacio-nes cuya decisión si bien no fué publicada, se puso en conocimiento del Co-lector de la Aduana de esta Ciudad, que á la vez era Tesorero de Puerto Rico, quien la comunicó á sus subordinados de la Isla, haciéndoles presente que solo debían detener las mercancías declaradas para aforo, el tiempo nece-sario para quedar cumplidas las Ordenanzas de Aduanas sin exigir matrícula de importación; que esa decisión se fijó al público en las puertas de Aduana, publicándola la prensa, y los comerciantes verificaron importaciones con solo la presentación de un conocimiento ya extendido á su consignación ó endosa-do, satisfaciendo solo las costas correspondientes á la clase de Industria ó Comercio á que se dedicaran y se • bailaban matriculados y los derechos de las mercancías importadas sin exigir más requisitos la Aduana: que las Aduanas tienen en los Estados Unidos el carácter de Institución Federal y en esta Isla dependieron desde el 18 de Octubre de 1898 á 1? de Abril de 1900, de la Secretaría de la Guerra, hoy del Secretario del Tesoro de Washington, y nunca de la Secretaría Civil ni del Tesoro de Puerto Rico y por orden del Tesorero actual reviviéndose las patentes de importación y dero-gándose lo dispuesto por el General Henry, se notificó en 16 de Julio de 1900, á diversos comerciantes, entre ellos los recurrentes, que dentro de tercero día abonaran en la Colecturía de Rentas Internas la diferencia sobre la cuota con que figuraban en la matrícula' del ejercicio de 1899 á 1900 y las que les correspondían como introductores: que el caso se consultó con el Colector de Aduanas de esta Ciudad que contestó al Presidente de la Cámara de Comercio que la contribución impuesta por el Gobierno Español en pro-porción á la cantidad importada, se abolió al tiempo de la ocupación Ameri-cana, y el único requisito para retirar mercancías de la Aduana es una declaración de entrada acompañada de un conocimiento á su nombre ó endo-sado juntos con facturas aceptables y el pago de derechos de dichas mercan-cías: que con esa carta acudió la Cámara de 'Comercio al Tesoro, haciendo notar que la resolución contraria al derecho vigente, pidiéndole la derogase, sin obtenerlo de él ni del Gobernador Civil que manifestó que los Tribunales podían dejarla sin efecto: que los recurrentes abonaron sus derechos para hacerlos valer en recurso contencioso-administrativo, consignando sus nom-bres, apellidos y cantidades: Siendo los fundamentos legales, quedaron vi-gentes las leyes á menos que fueran incompatibles con el cambio realizado en Puerto Rico, según proclama ú Orden General No. 1 de 1898, disponien-do en la undécima continuase rigiéndola sobre patentes de importación : que Henry la derogó en Orden especial al Colector de Rentas de San Juan quien la comunicó á sus subordinados, declarando libre las importaciones y abo-liendo las patentes; cita la Sección 8? de la Proclama del Presidente de la República de 20 de Enero de 1899; que ese era el estado jurídico al publi-carse el Bill Foraker, que ha podido modificarlo el Tesorero, según la See-ción 8?1 ele ese Bill; refiere el Artículo 1 de la Sección 8? de la Carta Cons-titucional: que no puede darse á la derogación hecha por el Tesorero de la Orden de Henry efecto retroactivo, este Tribunal es competente para conocer de la demanda; la resolución impugnada está comprendida en los Artículos 1 y 2 del R. D. de 23 de Noviembre de 1888 y 1 y 3 del Reglamento con-tencioso causando estado; y suplica se revoque la resolución, declarando debe quedar subsistente la Orden especial de Henry aboliendo las patentes de importación hasta que la Legislatura del país resuelva otra cosa y se devuel-van á los recurrentes las cantidades que relaciona sobradas por diferencia de tarifa.
    
      Resultando: que el Ministerio Fiscal contestó alegando los siguientes hechos; que el Tesorero ordenó una investigación para conocer si los importa-dores satisfacían al Tesoro Insular las cuotas correspondientes á la Industria que ejercían conforme al Reglamento vigente: que sirvió de base lo manifes-tado por Comerciantes y Agentes Mercantiles en manifiesto, declaraciones y facturas: que el resultado fué el estado demostrativo formado y se vino en conocimiento de que importadores matriculados como de tercera clase en la Tarifa segunda, clase 16 A, 3?- realizaron consignaciones de buques y practi-caron operaciones de banca, correspondiéndoles como banqueros y consignata-rios la Tarifa 2? clase 16, A. 1 y que los que figuraban como importadores de tercera, Tarifa 2? clase 16, A. 3? realizaron durante el año importacio-nes que excedían de doce mil dollars y debían figurar en la Tarifa 2? clase 16, A. 2?: que otros matriculados de distintas clases de la Tarifa 1, y que no podían hacer importaciones de clase alguna durante el año en ejercicio las habían verificado, por lo que debían figurar en la Tarifa 2? clase 16, A. 3? ; que otros habían hecho iguales importaciones siendo incluidos en las res-pectivas listas y citándose en cada agrupación los nombres y apellidos de los recurrentes: que el Tesorero, inspirado en que las disposiciones sobre rentas se cumplieran, ordenó se procediera á requerir el pago á los referidos por la diferencia y notificados han establecido recurso contencioso-administrativo fundado en una Orden del General Henry: siendo el derecho el Reglamento para la Administración y cobranza de la contribución industrial de esta Isla, según el que ningún comerciante de la Tarifa 1 debe realizar importación alguna: los de la segunda debían ajustar sus operaciones á los límites seña-lados en cada uno de los apartados del número 16; que previniendo el caso de que se excedieran de los límites señalados á cada clase, les imponía la obligación de pagar el importe de la cuota- correspondiente tan pronto se conociera el exceso, bien por manifestación espontánea, bien por investigación administrativa según nota 1 del 16 y para que no eludieran estos preceptos dictó la nota 2? de ese número: que realizado el cambio de soberanía en 18 de Octubre de 1898 se dictó la Orden General número 1 y como esa disposi-ción que mantenía en vigor dicho Reglamento no fuese bastante en 9 de Noviembre del propio año se dictó la 11, dictándose una nueva Orden General en 12 del propio mes, sin que con posterioridad se haya dictado disposición legal alguna que la derogue, modifique ó anule: que no es posible deducir una Orden General derogativa del contenido de la Carta dirigida al Presi-dente de la Cámara de Comercio por ser solo reflejo de una opinión particular: que la contribución industrial al igual que la territorial constituye una de las rentas intornas del Tesoro Insular: que la Constitución de los Estados Unidos en su Sección 10? en nada afecta á la cuestión que se debate, pues no se trata de imponer derechos á la importación y si del ejercicio de una industria: que las Tarifas de Aduana de esta Isla en nada afectan á la cues-tión y si para el despacho de una mercancía no se exigen,más requisitos que el conocimiento y factura, caben independientemente disposiciones legales que impongan un tributo al importador por ejercicio de la industria: por lo que los acuerdos del Tesorero son válidos y no pueden prevalecer las alegaciones de los recurrentes y suplica se declare sin lugar el recurso y se devuelvan al Tesorero los expedientes administrativos que se reclamaron.
    
      Resultando: que abierto á prueba de la del demandante • consta: que el Administrador de la Aduana de San Juan contestó no existe dato alguno en la Aduana del Gobierno General de Orden especial, que revoque órdenes anteriores que se relacionen con el cobro de derechos sobre el de importar mercancías: que el Archivo contiene una carta de 29 de Mayo de 1899, dirigida,al Comandante Mayor James A. Buchanam, Administrador y Teso-rero de Puerto Rico en aquella época, que es como sigue: “Tengo el honor de incluir copia de la circular dirigida por. Ud. á esta Oficina, en 20 de Mayo, referente á licencia de importadores que no. tienen relación con el Departa-mento del Administrador de Aduanas y ordenando á los Administradores de Aduanas, que no detengan las mercancías más que lo necesario para cum-plir con el Reglamento de Aduanas. El General Davis desea se publique tan pronto como sea factible la circular, como está propuesta por Ud. y que queda aprobada por él, para conocimiento y gobierno para todos los interesa-dos. La Orden de fecha 1? de Junio de 1899 es: “A todos los Administradores. No concierne en nada á las Aduanas el averiguar si las Compañías ó indivi-duos violan las leyes municipales, por lo tanto, cuando se declaren mercan-cías, los Administradores de Aduanas no las detendrán más tiempo que el necesario para cumplir con los Reglamentos de Aduanas. La cuestión de licencias dé importadores pertenece al importador y á la Municipalidad. Lo que antecede, es la opinión del Comandante del Departamento, y que debe cumplirse. Buchanam.” Sírvase excusarme de someter una opinión tocante á la comunicación de 21 de Junio de 1900, dirigida por el Teniente Coronel Davis, Administrador interino de Aduanas, bajo el Departamento de Hacienda, á Mr. Carlos M. Soler, Presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, y á la cual se refiere Ud. en su carta: la del de Arecibo, Aguadilla y Mayagüez, refieren la circular á los administradores antes mencionada: y la carta remitida por el Presidente de la Cámara de Comercio, acompañando la que dirigiera al Colector Davis, á quien expresa desea saber si se ha anulado, suspendido 6 modificado el procedimiento de exigir patente ó matrícula de importador, con la contestación del Administrador, que el único requisito para retirar mercancías de la Aduana, es la presentación por el propio con-signatario ó agente de la declaración, acompañada de un Bill of Lading para él: siendo la testifical declaración de Mr. Buclianam, que es cierto dirigió á los Colectores de Aduanas la orden: “A los Colectores”; que esa orden filé de acuerdo con las instrucciones del Reglamento de Aduanas, y que el Coman-dante Militar no podía darles esas órdenes, porque dependía exclusivamente del Presidente de los Estados Unidos, cuya orden estuvo en vigor mientras fué Colector y las introducciones de mercancías se hacían sin necesidad de patente. Don Cárlos M. Soler reconoce la carta que recibió de Mr. Davis, Administrador de la Aduana, á consulta que se le dirigiera.
    
      Resultando: que señalado el día y hora para la vista, se celebró con asis-tencia de los defensores representantes de las partes y que en este juicio se han observado las reglas de sustanciación por la ley prevenidas. Siendo ponente el Sr. Juez Asociado Don Juan Morera Martínez.
    
      Considerando: que declarada vigente por las Órdenes Generales números 1, 11 y 12 de 1898, la legislación que regía antes de la ocupación Americana, era necesaria otra Orden General posterior ó diposición legal para que des-apareciera la fuerza y vigor del Reglamento y Tarifas para la administración y cobranza de la contribución industrial de esta isla, aplicado por el Tesorero á la cuestión que se debate.
    
      Considerando: que no deben confundirse las rentas internas con los dere-chos y requisitos para la importación por las Aduanas, de las mercancías que en la Isla se introduzcan, pues habiendo correspondido este ramo de la Admi-nistración al Gobierno Federal, de la comunicación á todos los administra-dores, no se deduce que hayan sido abolidas las patentes y tarifas, ni por tanto, la contribución de Comercio é Industria, y sí que no es necesario para obtener el despacho de Aduana, el requisito de la patente, porque téngala ó nó, debe despacharse la mercancía.
    
      Considerando: que de esa misma comunicación se deduce ese criterio al decir “no concierne en nada á las Aduanas el averiguar si las Compañías ó individuos violan las leyes municipales”, lo que implica que puede subsistir la contribución de Comercio é Industria, como renta interna independiente de la Aduana, pero no será requisito para que éstas despachen, la falta de patente ó estar matriculado y pagar con arreglo á tarifa,
    
      Considerando: que no existiendo disposición alguna que modifique, altere ó anule el Reglamento de administración y cobranza de la contribución de industria y comercio hasta que se dictó por la Asamblea el Bill para proveer de rentas al Pueblo de Puerto Rico y para otros fines, que empezó á regir en 1 de Julio de 1901; y no tratándose de derechos de Aduana y sí de derechos para ejercer el comercio ó la industria, pudo el Tesorero dictar la resolución que tomó, fundado en las prescripciones del Reglamento referido, y no impug-nándose dicha resolución bajo otro punto de vista, hay que declarar improce-dente ó sin lugar la demanda, porque dicha resolución se funda en las pres-cripciones del mismo.
    
      Considerando: que no existiendo temeridad, no cabe condenación de costas.
    
      Fallamos: que declarando sin lugar la demanda, debemos absolver y absol-vemos á la Administración, declaramos subsistente y válida la resolución del Tesorero, impugnada en la demanda, sin especial condenación de costas y devuélvanse á Tesorería los expedientes administrativos que se reclamaron. Así por esta, nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”
    
      Resultando: que la representación de los comerciantes anteriormente mencionados, interpuso contra la anterior sentencia recurso de apelación que fué admitido para ante este Tribunal Supremo, con citación y emplazamiento de las partes, lo que tuvo lugar el día 6 y 9 de Agosto de 1902, á la parte demandante, y al Fiscal, respectivamente.
    
      Resultando: que elevadas á este Tribunal las actuaciones de primera instancia, compareció primero el Letrado Don Herminio Diaz Navarro, y luego en su sustitución el Licen-ciado Don Jacinto Texidor, á sostener-el recurso á nombre de los que se expresan en el encabezamiento de esta senten-cia, así como también el Fiscal, á sostener los derechos de El Pueblo de Puerto Rico, á quienes se tuvo por compareci-dos y se mandó redactar la correspondiente nota que se puso de manifiesto á las partes, junto con las actuaciones y expediente gubernativo, y no alegándose nada en contrario, se señaló día para la vista, que tuvo lugar el 20 de Enero último, con informe oral de la parte apelante y del Fiscal.
    Abogados de los apelantes: Sres. Diaz y Texidor.
    
    Abogado del apelado: Sr. del Toro, Fiscal.
   El Juez Asociado Sr. MacLeary,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la siguiente opinión del Tribunal;

Aceptando los fundamentos de hecho y de derecho de la •sentencia apelada, y además,

Considerando: que el Tribunal de Distrito de San Juan, no ha incurrido en error en la decisión de este caso según se consigna en la sentencia anteriormente inserta por completo en la presente.

Considéremelo: que el Reglamento de la Aduana no tuvo nunca por objeto intervenir en el cobro de las Rentas Insu-lares, y ni podía tener tal efecto, aún cuando hubiese sido ese su propósito, y

Considéremelo: que las decisiones de la Tesorería Insular, tales como se consignan en la referida sentencia, están estric-tamente de acuerdo con las leyes vigentes en aquella época.

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos la sen-tencia dictada por el Tribunal de Distrito de San Juan, en 6 de Junio del año próximo pasado, con las costas á los recurrentes.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente, Quiñones, y Aso-ciados, Hernández, Figueras y Sulzbacher.  