
    El Pueblo v. Reyes.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 9.
    Resuelto en abril 27, 1904.
    Juicio por Jurado — Yekedicto.—Las deliberaciones'del jurado deben ser absolu-tamente reservadas, porque ello constituye una garantía de- la indepen-dencia y libertad del jurado, que contribuyen a que el veredicto sea reflejo fiel de las conciencias honradas, independientes y libres de los miembros del jurado.
    Id. — Documentos que puede Considerar el Jurado. — Al. retirarse para deli-berar, el jurado puede llevar solamente documentos o escritos que hayan sido recibidos como pruebas en el proceso, o copias de los mismos, cuando no deba privarse de ellos a las personas en cuyo poder se hallen.
    Id. — Veredicto.—Comete error el juez que permite que el jurado, al retirarse a deliberar, lleve consigo un sumario de otro juicio, conteniendo documentos y declaraciones de testigos, perjudiciales al acusado, y que no se presentaron como pruebas en el juicio, y el veredicto en tales condiciones rendido, no puede prevalecer, pues no puede considerarse como producto de los elementos de prueba aquilatados en corte abierta, siendo de presumir que se ha engendrado con el examen de otras pruebas recibidas por el jurado fuera del tribunal.
    Los hechos están- expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José C. Ramos.
    
    Abogado del apelado: Sr. del-Toro,-Fiscal.
    
   El Juez Asociado Sr. Figueras,

emitió la siguiente opi-nión del tribunal:

El recurrente en esta cansa fné procesado en unión de (*) Juan Arroyo Adorno, Prisco Padilla y Tomás Colón Sánchez por aparecer complicados en la muerte violenta de Don Carlos. Ma. Alvarez, ocurrida en el barrio de Hato Viejo, término municipal de Ciales, el 5 de noviembre de 1898.

Siguió el sumario sn curso natural, según el procedimiento qne entonces regía; se declaró extinguida la acción penal, en cnanto a Colón Sánchez por haber fallecido, rebelde a Simeón Beyes y se suspendió en cuanto a él el procedimiento hasta que en 28 de diciembre de 1898, se dictó sentencia calificando el hecho de asesinato, estimando como autores a los proce-sados presentes Padilla y Arroyo y se les condenó a la pena de cadena perpetua con las accesorias del caso, indemnización a la familia del interfecto y al pago cada uno de una cuarta parte de costas. Esa sentencia se declaró firme por no ha-berse interpuesto contra ella-recurso alguno dentro de los 10 días subsiguientes a su notificación. '

En la madrugada del 17 de julio de 1903 fue capturado Simeón Beyes, que hoy es el recurrente. Conducido ante el tribunal de Arecibo se dió lectura a las conclusiones acusa-torias del Fiscal y se preguntó al acusado si se confesaba autor del delito, pero contestó negativamente, añadiendo su abogado defensor que deseaba el juicio por jurados, a cuya pretensión se accedió.

El 18 de enero del corriente año se constituyó en debida •forma el jurado, se practicaron las diligencias de prueba y deciaron como testigos Prisco Padilla, Eulogio Colón, Enrique Valdivieso, Juan Gf-alindez y Osvaldo Preites. El jurado, deSr pués de deliberar, manifestó por medio de su presidente, que no había veredicto porque siete habían votado en contra y cinco en pro. Expresó el juez su deseo de conocer los nom-bres de los que sostenían la una y la otra opinión y el Fiscal se opuso en razón a que las deliberaciones deben ser secretas. Se hizo constar dicha excepción y retirado el jurado de nuevo, regresó con un veredicto unánime declarando (*) al acusado culpable del delito de homicidio voluntario. En este estado solicitó el acusado un nuevo juicio que se le denegó, y por sen-tencia de 20 de enero último, se le condenó como autor de un homicidio voluntario perpetrado en la persona de Don Carlos Ma. Alvarez, a la pena de 10 años de presidio, a trabajos for-zados, qne cumplirá en la penitenciaría de San Juan, y el pago de las costas.

Posteriormente presentó el defensor un pliego de excep-ciones para obtener del tribunal la correspondiente declara-ción. La primera parte del pliego contiene un análisis de las declaraciones de los testigos qne declararon en el juicio y así deducir la carencia de prueba para condenar a su defendido, y la segunda, que es la importante, se refiere al hecho de habérsele entregado al jurado, a espaldas de la defensa, las deposiciones de los testigos que declararon en su sumario, muchas de las cuales se prestaron por personas que no com-parecieron ante dicho jurado. En escrito separado se apeló de la negativa de un nuevo juicio y de la sentencia conde-natoria.

Como no se hizo constar en ninguna forma, en el acta del juicio, lo que declararon los testigos, creyó el juez que no le era lícito certificar en un pliego de excepciones cuáles fueran las declaraciones de dichos testigos, y sobre el segundo ex-tremo, reconociendo el juez de derecho como cierto el envío del sumario al jurado por conducto del alguacil del tribunal, sin intervención de la defensa, se dió como razón para justi-ficar tal hecho lo siguiente: “la imposibilidad de enterarse el jurado de un procedimiento iniciado mucho antes de que co-menzara a regir la Ley de Jurados en Puerto Rico y la no menor .imposibilidad de separar los documentos que podía lleverse el jurado, con arreglo a la sección 83 de la ley de 31 de enero de 1901, de los que debían permanecer reservados en (*) el tribunal, porque esta selección equivalía a la mu-tilación de un sumario que, como conjunto de documentos públicos, no puede entresacarse por ningún juez debido a su espontánea voluntad.”

Por estos fundamentos declaró el juez de derecho sin lugar las excepciones y de conformidad con el artículo 145 de la Ley de Jurados, mandó archivar la resolución con el pliego pre-sentado. Se admitió luego la apelación interpuesta contra la sentencia y se remitieron a esta superioridad las copias, correspondientes y el antiguo sumario.. Ya vencido el tér-mino del emplazamiento se personó en esta apelación el abo-gado Don José C. Eamos y en el estado de autos se le tuvo por parte, sin consignar el apelante el depósito sobre costas ni requerírsele para que jurase su insolvencia, como se solicitó cuando los autos estaban en poder del Fiscal. El apelante, por medio de su defensor,, presentó escrito ante esta Corte Suprema, alegando que se habían cometido dos errores, siendo el uno el deseo manifestado por el juez de derecho de conocer, los nombres de los jurados que en la primera deliberación votaron en pro y en contra del acusado y el otro la entrega del sumario en la forma que ya se ha reseñado y cuando de nuevo se había retirado el jurado a deliberar. Esos errores determinan en sentir de la defensa la necesidad de un .nuevo juicio y a esta pretensión se adhiere el Fiscal.

Hemos creído conveniente traer todos esos antecedentes para juzgar con acierto las cuestiones sometidas hoy a nuestra consideración. No es del caso considerar hoy la primera parte del pliego de excepciones presentado ante el juez de derecho porque se refiere a si existe o nó prueba para conde-nar al acusado y hemos de limitarnos ahora a los defectos del procedimiento. Estudiando el primer error, hemos de reco-nocer desde luego que hubiera entrañado suma, gravedad si se hubiera violado la reserva que debe guardarse en las delibe-raciones (*) del jurado, porque el espíritu que en este punto domina en la ley que dió vida a la institución, es que esta operación se realice en completo alejamiento, porque el secreto en este caso es una garantía de la independencia y libertad del jurado, garantía e independencia que contribuyen también a que el veredicto deba ser el reflejo fiel de las conciencias hon-radas, independientes y libres. Pero afortunadamente no consta de las diligencias que se revelasen los nombres de los jurados que en la primera deliberación emitieron su voto favorable y adverso, porque después de la pregunta hecha con tal propósito, vino la oposición del Fiscal y esto fué suficiente para que no se exteriorizase lo que debía quedar en el más absoluto silencio.

Pero viene a nuestra consideración el otro error cometido, alegado ante esta corte, y expuesto en el pliego de excepciones, a que nos hemos referido, o sea el de la entrega al jurado de un sumario sin el conocimiento de las partes, y por consi-guiente, fuera de la audiencia pública. En ese sumario que hemos estudiado con toda atención, hay declaraciones escritas ■ de testigos que no declararon ante el jurado y consta también ia sentencia de 28 de diciembre de 1898, condenatoria de dos acusados y cuyo fallo contiene en el hecho probado la res-ponsabilidad grave del hoy recurrente Simeón Reyes, que ■entonces estaba prófugo. Es de presumir que el jurado se enteró de todas esas constancias, y entonces surge en el ánimo la duda de si en el veredicto unánime de culpabilidad influ-■yeron de modo poderoso esas nuevas e inesperadas impre-siones, que decidieron sus conciencias en contra del acusado, que no tuvo tiempo ni ocasión de presentar sus descargos. Ese veredicto, en tales condiciones rendido, tiene que ser nulo, porque no puede considerársele como producto del aná-lisis reflexivo y desapasionado de todos aquellos elementos de prueba que, (*) en corte abierta, se hubiesen aquilatado y que así se sometieran a la consideración del jurado.

Ese veredicto tiene que ser también nulo porque debe pre-sumirse que entraña en su seno, como parte integrante de- su génesis, los inconvenientes del antiguo procedimiento escrito, que tan abiertamente rechazan todas las modernas leyes de Enjuiciamiento Criminal. Así las cosas, se ha infringido la sección 83 de la Ley de Jurados de la Asamblea Legislativa, aprobada en 31 de enero de 1901, y el artículo 274 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que sientan la misma doctrina, o sea que al retirarse para deliberar el jurado puede llevar solamente documentos o escritos que bayan sido recibidos como pruebas en el proceso, o copias de los mismos, cuando no deba privarse de ellos a las personas en cuyo poder se bailen, pero en ningún caso podían llevarse, ni entregárseles, las declaraciones o deposiciones, como así se denominan en las Leyes del Jurado que anteriormente se ban citado. No puede justificar la remisión del sumario el becbo de ser éste muy antiguo, porque fuéralo o nó, debía siempre tenerse en cuenta si babía en él actuación perjudicial al acusado, que no sirvió de prueba en el juicio por jurado, pasando así por la crítica a que le sometieran la acusación y la defensa. En tal caso, cual-quiera que fuese su tiempo, no podía bajo ningún concepto remitirse.

Tampoco cabe exculparse con el becbo de la imposibilidad de mutilar dicbo sumario. El artículo 274, citado anterior-mente, consiente que el jurado se lleve copias, pero siempre bajo la ineludible condición de que los originales se bayan pre-sentado y analizado como prueba en el juicio por jurado y con el conocimiento de las partes. Se ban infringido, por tanto, las disposiciones que de modo terminante probiben la (*) en-trega de los documentos que no se bailen en los casos que la ley autoriza, y como se remitió al jurado el sumario que contenía documentos y declaraciones de testigos que no se presentaron como pruebas en el juicio, el veredicto unánime de culpabilidad no puede prevalecer, porque debemos presu-mir que se ba engendrado con el examen de otras pruebas recibidas por el jurado fuera del tribunal. Para remediar tan grave mal están unánimes la sección 153, No. 2 de la Ley de Jurados de 31 de enero de 1901, y el artículo 303, No. 2, del Código de Enjuiciamiento Criminal. Por consiguiente, des-pués de baber considerado el asunto con todo detenimiento y de pesar las consecuencias de un veredicto que entraña un vicio de nulidad tan manifiesto, somos de la opinión que debe anularse la sentencia que se dictó por el juez de derecho y devolverse la causa para la celebración de un nuevo juicio.

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados Hernández, Sulzbacher y MacLeary.  