
    Lopez v. Valdespino.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 34.
    Resuelto en Abril 22, 1904.
    Matrimonio. — Los contrayentes de matrimonio tienen el derecho de elegir el Juez que ha de autorizar el contrato matrimonial, sin que sea necesario que actué en tales casos el Juez del domicilio de cualquiera de ellos.
    Hd. — -El Código Civil de 1889 no prohibe á los católicos contraer matrimonio civil, habiendo establecido simplemente dos formas de unión matrimonial, la canó-nica para los católicos, y la civil, regulada por el mismo Código, para todos ¡los que quisieran eontraerlo, fueran católicos, ó prosélitos de otros cultos.
    Id. — -Coacción.—El hecho de que una parte se vea obligada á contraer matrimonio para evadir determinadas responsabilidades criminales que pudieran exigír-sele si no lo hiciere, no constituye la coacción que como causa de nulidad del matrimonio establece el Código Civil de 1889.
    Id.- — Error.—El error que como causa de nulidad del matrimonio señala el Código '-Civil -de 1889, se refiere á error en la persona, que vicie el consentimiento, mas no á un estado puramente accidental de la persona del otro contrayente.
    Costas. — Las costas deben imponerse á la parte cuyas pretensiones sean desesti-madas en absoluto.
    EXPOSICION DEL CASO.
    En el juicio seguido en el Tribunal de Distrito de San Jnan sobre nulidad de matrimonio, entre partes, de la una, Adriano T. López Nnssa, como demandante, al que ba representado ante esta Corte Suprema el Letrado Don Jacinto T exido r, y de la otra Doña María Luisa Valdespino, como demandada, no habiéndose mostrado parte en este Tribunal, y el Hon. Assistant Attorney General representando á el Pueblo de Puerto Pico como es usual en asuntos de esta índole, por el interés pú-blico ; cuyo juicio pende ante Nos á virtud de recurso de apela-ción interpuesto por Adriano T. López Nussa contra la sen-tencia dictada por el referido Tribunal, que copiada literal-mente dice así:
    
      “Sentencia. — En la ciudad de San Juan de Puerto Rico, á los catorce días del mes de Marzo de mil novecientos tres.
    Visto en juicio oral y público en esta Corte de Distrito el pleito seguido entre D. Adriano T. López Nussa, mayor de edad, domiciliado en San Juan y de profesión editor, como demandante, representado y defendido por el el Letrado Don Rafael López Landrón, y Doña María Luisa Valdespino y Ágostini, menor de edad, domiciliada en Mayagüez y profesión doméstica, como demandada, en rebeldía pri-meramente' y representada después por el Letrado Don Tomás Bryan, sobre nulidad de matrimonio civil.
    1. Resultando: que en 7 de julio de 1899 presentó don Adriano T. López Nussa demanda en juicio declarativo de mayor cuantía ante el el extinguido Juzgado del Distrito de San Francisco de esta ciudad contra su consorte doña María Luisa Valdespino solicitando la decla-ración de nulidad del matrimonio civil contraido por ambos en 28 de de Marzo de 1899, ante el Juez Municipal de Catedral, alegando como fundamentos de su pretensión que ambas consortes profesaban la reli-gión católica y por tanto no podían contraer válidamente matrimonio civil, sino el canónico, conforme al sistema fundamental consignado en el artículo 42 del Código Civil, no derogado por la Orden General de 17 de Marzo de 1899, y á la interpretación auténtica establecida á este respecto por el Gobierno Español en la Eeal Orden de 27 de Febrero de 1875 y en la resolución de la Dirección General de Registros de 19 de Junio de 1880; que el Juez de Catedral no era competente para celebrar el matrimonio por no ser el del domicilio del esposo, que residía en la calle de San Francisco número 95, dentro de la demarca-ción del Juez de San Francisco, ni el de la esposa, residente en Maya-güez; siendo, por tanto, nulo el matrimonio celebrado por Juez incom-petente, á tenor de los artículos 88,, 89 y 101, número 4, del Código Civil, no derogado por la Sección 15 de la Orden General citada; que el Sr. López Nussa contrajo el matrimonio bajo la presión de amenazas que le hiciera el Comandante en Jefe del Departamento, Guy Y. Henry, investido de autoridad absoluta y suprema, de reducirle á prisión y perjudicarle en sus intereses, constituyendo la intimidación producida en el ánimo del actor, por las amenazas aludidas, un nuevo motivo de nulidad á tenor del artículo 101, No. 2, del Código Civil; y finalmente, que el matrimonio fué contraido por la creencia del esposo de que la Srta. Yaldespino se encontraba herida de súbito por un mal incurable y sujeta á una muerte próxima, sin posible remedio, creencia errónea á que le indujo una certificación médica que le pre-sentó la demandada, en la cuál el Dr. Don Eliseo Font y Guillot afir-maba que dicha joven padecía de un esteno-cardia, idiopática, con accesiones intercurrentes, hallándose en la fecha de dicha certificación ( 27 de Marzo) víspera del matrimonio bajo la influencia paraxistiea de aquéllos accesos, siendo tal error un nuevo motivo que, viciando el consentimiento otorgado por el esposo para la celebración del acto matrimonial, debe producir la nulidad del mismo, conforme al citado artículo y número.
    2. Resultando: que dado traslado de la demanda á la demandada y al Ministerio Fiscal con emplazamiento para personarse y contes-tarla, fué acusada la rebeldía á dicha demandada, dándose por con-testada dicha demanda; y el Ministerio Fiscal evacuó el traslado sin ponerse ni allanarse á la demanda; pero reservándose el derecho de intervenir en las diligencias y actos sucesivos del pleito.
    3. Resultando: que el actor propuso prueba documental de testi-gos y pericial, sin que la demandada propusiera prueba alguna.
    4. Resultando: que se unieron á los autos como prueba docu-mental del actor, dos certificaciones d.el Alcalde de San Juan, de que en 16 de Agosto de 1900 Don Adriano T. López Nussa se encontraba empadronado en la calle de la Luna número 29 de esta Ciudad, no Asurando como contriboyente; informe del Alcalde de Mayagüez acerca de que la demandada, en 21 de Agosto, residía en el barrio de Bateyes de Mayagüez, sin poseer bienes de fortuna, siendo su religión la católica; informe del Tesorero de Puerto Rico de no figurar el actor en la lista de los contribuyentes por territorial ó industria y comercio del Distrito Municipal de San Juan; certificación del Yicario de Maya-güez de que la demandada profesa la religión católica sin constar en los archivos parroquiales que hubiera abjurado de su religión; aná-loga certificación á la precedente referente al actor, expedida por el cura Párroco de la Iglesia de San Francisco, de San Juan; un in-forme de Don Manuel Romero Haxthausen relativo á haber asistido como intérprete á una conferencia habida entre el actor, demandada, Gobernador Militar Mr. Henry y Don Emilio Gómez de Mayagüez, acerca de reparación por el actor de la honra ofendida de la demandada pero sin recordar los términos de tal conferencia; el expediente for-mado con motivo del matrimonio efectuado por el Juez de Catedral de actor y demandada, en el cuál consta la certificación expedida por el facultativo Sr. Font y Guillot á que alude la demanda, cuya certifi-cación fué acompañada á la solicitud que presentó el Juez Municipal, el Sr. López Nussa interesando que el matrimonio se celebrara en la morada de la entonces Srta. Yaldespinó, por no poderse trasladar al Juzgado por su delicado estado de salud, haciendo constar además en la referida solicitud, el actor, que residía en la calle de San Francisco número 95; un acta notarial otorgada por el actor ante el No-tario Don Santiago R. Palmer en San Juan el 29 de Marzo de 1899 bajo el número 150, en la cuál Don Saturnino Ramírez, Don José Ca-suela, Don Luis Yillalón y Don José Iíardoy Tizol relatan hechos ten-dentes á demostrar que después de efectuado el matrimonio del actor y la demandada, se separaron sin reunirse durante la noche, ausentán-dose al siguiente día la Sta. Yaldespinó para Mayagüez; y finalmente un documento en que el Presidente y Magistrado de la Corte Suprema de Justiea, Don José S. Quiñones, y Don José C. Hernández y el Le-trado Don Manuel F. Rossy, que han reconocido sus firmas, dictami-naron evacuando una consulta del General en Jefe del Departamento Hon. Guy Y. Henry, que si bien existía el deber moral de parte del Sr. López Nussa de cumplir la promesa de matrimonio.hecha á la Srta. Yaldespinó, según indicación del General, no existía medio legal de obligar á dicbo Sr. á cumplir su promesa, pudiendo únicamente la perjudicada querellarse criminalmente contra el actor, dictamen que aparece aprobado por el Comandante en Jefe del Departamento or-denando se comunique al demandante.
    5. Resultando : que celebrado el juicio oral de esta declararon los testigos Don Santiago R. Palmer, manifestando haber asistido al otorgamiento del acta de que se ha hecho referencia, Don Francisco Goenaga manifestando que la esteno-cardia, ó sea la angina de pecho idiopática, no es mortal, deduciéndose de la. certificación del Dr. Font, aludida, que la Srta. Yaldespino, la noche de su matrimonio, no se hallaba en peligro de muerte, y Don José Casuela deponiendo acerca de los extremos objeto del acta ameritada y respecto á constarle, por referencia del actor, la coacción á que hace mérito la demanda, ejer-cida por el General Henry sobre el Sr. López Nussa.
    6. Resultando: que terminada la prueba, el Letrado Don Jacinto Texidor, en defensa del actor, alegó lo que á su derecho convino, dán-dose por terminado el juicio para sentencia, que fué votada en público, con citación de las partes.
    7. Resultando: que en la tramitación de este juicio se han obser-vado las formalidades legales.
    Siendo Ponente el Sr. Juez Asociado Don José Tous Soto.
    1. Considerando: en cuanto al motivo de nulidad fundado en la incompetencia del Juez del Distrito de Catedral que no está demos-trado que el Sr. López Nussa residiera en la demarcación del Juez Municipal de San Francisco, pues la certificación del Alcalde de San Juan de residir el actor en la calle de la Luna número 29, se refiere á la fecha 16 de Agosto de 1900 en que fué expedida y nó á la fecha 27 de Marzo de 1899 en que se efectuó el matrimonio, la manifestación que en la solicitud para contraer matrimonio hace el actor de residir en la calle de San Francisco número 95, no está corroborada por nin-guna prueba; y por otra parte, la Sección 15 de la Orden General de 17 de Marzo concede á los contrayentes el derecho de elegir el Juez que ha de unirlos en matrimonio, sin exigir como los artículos 86 y 88 del Código Civil de 1899, que autorice el contrato matrimonial el Juez del domicilio de cualquiera de los cónyuges, bajo pena de nulidad, según el número 4, del artículo 101 de dicho Código Civil.
    2. Considerando: en cuanto al motivo de nulidad fundado en pro-fesar la religión católica los contrayentes y haber contraido sin embargo matrimonio civil reservado para los nó católicos, que el Código Civil de 1899 no prohibe á los católicos contraer matrimonio civil, sino que, pura y simplemente estableció dos formas de unión matrimonial, la canónica para los católicos, y la civil regulada por las disposiciones del Código para todos los que quisieran contraerlos, católicos ó prosé-litos de otros cultos, sin que sean pertinentes las citas que hace eL actor á este respecto de la Real Orden de 27 de Febrero de 1875 y Resolución de la Dirección General de los Registros de 19 de Junio de 1880, por no referirse al estado de derecho reconocido por el Códi-go en materia de matrimonio; y por otra parte, si existiere alguna duda de que los católicos pueden-contraer matrimonio civil, por la forma empleada por el artículo 42 del Código Civil al establecer que el matri-monio canónico deberán eontraerlo los que profesen la religión cató-lica, tal duda desaparecería ante las prescripciones de los artículos 1 y 15 de la Orden General citada, el primero, al determinar que serán válidos y eficaces 'así los matrimonios civiles como los religiosos una vez inscritos, sin relacionar la validez del matrimonio civil con la religión de los contrayentes, y el segundo, al establecer el matrimonio civil para quienes quieran contraerlo; prescripciones en un todo de acuerdo con los preceptos constitucionales en materia de libertad religiosa.
    3. Considerando: en cuanto al motivo de nulidad basado en la coacción ejercida por el Comandante en Jefe del Departamento sobre el actor para compelerle contra su voluntad á unirse en matrimonio con la demandada, que la prueba documental aducida en demonstra-ción de tal coacción, ó sea la carta de los Honorables Presidente y Magistrado del Tribunal Supremo, José S. Quiñones y Don José C. Hernández y Abogado Don Manuel F. Rossy endosada por el General Henry, prueba más bien que el Sr. Topez Nussa quedó en libertad para contraer matrimonio ó nó con la demandada, sujeto no obstante á las responsabilidades criminales que pudieren exigirsele mediante querella; y la demás prueba aducida, ó sea el informe del intérprete Sr. Romero, nada demuestra que haga relación á la coacción alegada, y la declaración del Sr. Oasuela en cuanto á este extremo, es solamente por referencia del actor Sr. Lopez Nnssa, sin que le conste de propio conocimiento al testigo qne el Sr. Lopez Nnssa fuere amenazado por el Gobernador Militar.
    4. Considerando: en cnanto al error en qne se dice incurrió el Sr. Lopez Nussa de creer á su eoncorte en peligro de muerte, error á que le indujo la certificación de la enfermedad que padecía ésta, ex-pedida por el Doctor Don Eliseo Font y Guillot y bajo la influencia de cuyo error contrajo matrimonio con la demandada, que dicha certi-ficación no podía en modo alguno inducir al demandante al mencionado error, pues en ella nada se dice de peligro de muerte sino de imposibili-dad de comparecer al Juzgado, y por otra parte, aun cuando tal error hubiera existido, no constituiría error que pudiera viciar el consenti-miento y producir la nulidad del contrato matrimonial, de acuerdo con el artículo 101, número 2 del Código Civil de 1899, por no referirse al error en la persona que exige dicho artículo y número y sí á un estado puramente accidental en la persona del otro cónyuge.
    5. Considerando: que la parte, cuyas pretensiones fueran desesti-madas en absoluto, debe ser condenada en costas.
    
      Vistos los artículos 101, números 2 y 4, 102, 103 No. 4, 86, 88, 42, del Código Civil, secciones 1, y 15 de la Orden General de 17 de Marzo de 1899, artículos 371 de la Ley de Enjuciamiento Civil y 63 y 65 de la Orden General 118, serie de 1899.
    
      Fallamos: que debemos declarar y declaramos sin lugar la de-manda de nulidad de matrimonio civil promovida por Don Adriano T. Lopez Nussa contra Da María Luisa Yaldespino, con las costas al actor.
    Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-nunciamos, mandamos y firmamos. — Juan Morera Martínez, Frank H. Bichmond, José Tous Soto.”
    Resultando: que notificada dicha sentencia al demandante, interpuso contra ella recurso de apelación que fue admitido, ordenándose que se remitieran los autos á este Tribunal, pre-via citación y emplazamiento de las partes por el término legal, y personados el apelante y el Hon. Assistant Attorney General, se dió al recurso la tramitación correspondiente, habiéndose señalado día para la vista, en la que las partes personadas, por medio de sus representantes, alegaron lo conducente á sns respectivas pretensiones.
    Abogado del apelante: Sr. Texidor.
    
    Abogado del Pueblo: Sr. del Toro, Fiscal.
    
    La parte apelada no compareció.
   El Jtjez Asociado, Se. Sulzbacher,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del Tribunal.

Aceptando los fundamento de hecho y de derecho de la sen-tencia apelada.

Vistas las disposiciones legales que en la misma se citan.

Fallamos que debemos confirmar y confirmamos la senten-cia que en catorce de Marzo de mil novecientos tres dictó la Corte de Distrito de San Juan; y devuélvanse los autos con la certificación correspondiente.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos Hernández, Pigueras y MacLeary.  