
    Ramón Orta Berríos, Elba I. Rodríguez Santiago, Fred Bishops Johnson, Juan Lebrón Sánchez, Trinidad De Jesús Morales y Nereida Chico Reyes, peticionarios, v. Administración de Reglamentos y Permisos (Oficina Regional de Guayama), recurrida.
    
      Número: CC-2000-353
    
      Resuelto: 29 de junio de 2001
    
      Vicente Díaz Díaz, abogado de Ramón Orta Berríos, Elba I. Rodríguez Santiago y Fred Bishops Johnson, peticionarios; Ramiro Rodríguez Ramos, de Ramiro Rodríguez Ramos Law Offices, abogado de Juan Lebrón Sánchez, Trinidad De Jesús Morales y Nereida Chico Reyes, peticionarios.
   SENTENCIA

Santos Rodríguez presentó ante la Administración de Reglamentos y Permisos, Oficina Sub-Regional de Gua-yama —en adelante ARPe— una solicitud de anteproyecto para remodelar una estructura residencial con el fin de habilitarla para operar una cafetería donde vendería, en-tre otras cosas, bebidas alcohólicas. En diciembre de 1994, ARPe aprobó el referido anteproyecto y autorizó, vía excep-ción, el permiso de uso. Un grupo de “vecinos” del área solicitó reconsideración, la cual, luego de celebrada una vista administrativa, fue declarada no ha lugar. No obs-tante, como resultado del proceso de reconsideración, ARPe enmendó la resolución a los efectos de imponer cier-tas condiciones al permiso concedido.

El 11 de enero de 1996, uno de dichos “vecinos”, Wurster Enterprises, Inc., apeló ante la Junta de Apelaciones sobre Construcción y Lotificaciones —en adelante JACL — . De igual forma, el 26 de enero de ese mismo año, el Sr. Ramón Orta Berríos, la Sra. Elba I. Rodríguez Santiago y el Sr. Fred Bishops Johnson acudieron ante dicho foro apelativo. En esa misma fecha, Juan B. Lebrón Sánchez, Trinidad de Jesús Morales y Nereida Chico Reyes también apelaron; en adelante nos referiremos a todos ellos como los apelantes. Los tres (3) recursos fueron consolidados por la JACL me-diante orden emitida el 19 de agosto de 1996. Posteriormente, el Sr. Santos Rodríguez presentó un escrito opo-niéndose a los señalamientos planteados por los apelantes.

Luego de varios trámites administrativos, la JACL emi-tió una resolución confirmando la determinación de ARPe. Inconformes con el resultado, los apelantes presentaron un recurso de revisión ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. El 16 de febrero de 2000, dicho foro judicial dictó sentencia desestimando el recurso por carecer de ju-risdicción, debido a que los apelantes no incluyeron en el Apéndice de su escrito una copia completa de la resolución recurrida. El 6 de marzo de 2000, éstos presentaron una solicitud de reconsideración, la cual fue declarada no ha lugar.

Así las cosas, el 14 de abril de 2000 los apelantes recu-rrieron ante este Tribunal —vía certiorari— señalando que erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones “al desestimar el recurso de Revisión presentado por la parte apelante-peticionaria por no haber incluido un documento en el apéndice, a pesar de que el escrito sí fue inclu[i]do, sólo que por inadvertencia, se omitieron fotocopiar e incluir algunas de sus páginas”. Solicitud de certiorari, pág. 6.

Expedimos el recurso. Estando en condiciones de resolver, procedemos a así hacerlo.

I

El Tribunal de Circuito de Apelaciones conocerá “[m]ediante auto de revisión, a ser expedido discrecional-mente, de las decisiones, reglamentos, órdenes y resolucio-nes de cualquier agencia administrativa ..4 L.P.R.A. sec. 22k(g). El escrito inicial de revisión deberá ser presentado dentro de los términos jurisdiccionales dispuestos por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Regla 57 del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A.

Al respecto, la See. 4.2 de la Ley de Procedimiento Ad-ministrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. see. 2172, establece un término de treinta (30) días, a partir del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o resolución final, para solicitar la revisión judicial.

En Martínez v. Depto. del Trabajo, 145 D.P.R. 588, 592 (1998), interpretando esta disposición legal, señalamos que: “[D]e un análisis de sus términos [de la Sec. 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2172], ellos denotan la intención legislativa de plas-mar indubitadamente el requisito de que los recursos de revisión se perfeccionen y notifiquen dentro del término de treinta (30) días, siendo éste un requisito de carácter jurisdiccional”. (Énfasis suplido.)

La Regla 59(E)(1)(c) del Tribunal de Circuito de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, dispone que toda solicitud de revisión deberá contener un Apéndice, el cual incluirá, en-tre otros documentos, una copia literal de “[l]a orden, reso-lución o providencia administrativa cuya revisión se solicita ...”. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, R. 59. Debido a que el término para presentar un recurso de revisión es de carác-ter jurisdiccional, el Apéndice deberá completarse y radicarse dentro de dicho término. De lo contrario, el recurso no se habrá perfeccionado y el tribunal carecerá de jurisdic-ción para dilucidar los méritos del mismo. Mfrs. H. Leasing v. Carib. Tubular Corp., 115 D.P.R. 428, 430 (1984). Véase, también, Maldonado v. Pichardo, 104 D.P.R. 778, 783 (1976).

En el caso ante nuestra consideración, los apelantes presentaron un recurso de revisión ante el Tribunal de Cir-cuito de Apelaciones. No obstante, omitieron en el Apén-dice del recurso varias páginas de la resolución, cuya revi-sión solicitaban ante dicho foro. Específicamente, omitieron las páginas 2, 4, 6, 8, 10 y 12 de dicha resolución. En otras palabras, omitieron la mitad de las páginas de que consta la resolución original; páginas sin las cuales la resolución recurrida resultaba ininteligible.

Los apelantes sostienen que dicha omisión no priva al foro apelativo intermedio de su jurisdicción, pues tenía ante sí la información necesaria para determinar si el re-curso fue presentado dentro del término jurisdiccional. Además, aduce que dicho foro judicial debió atender el re-curso pues, bajo nuestro sistema de derecho, rige el princi-pio de que los casos sean resueltos en los méritos. No le asiste razón.

AI omitir las páginas antes señaladas, los apelantes in-cumplieron con su obligación de incluir en el Apéndice una copia literal de la resolución administrativa cuya revisión se solicita. Más aún —y debido a que la resolución resul-taba, sin las páginas omitidas, ininteligible— el tribunal intermedio apelativo estaba impedido de considerar la co-rrección, o no, de los planteamientos de la parte peticionaria. Debido a ello, forzoso resulta concluir que no se perfeccionó el recurso dentro del término jurisdiccional provisto por la ley. () En consecuencia, y por tratarse de un término jurisdiccional y no uno de cumplimiento estricto, el foro apelativo intermedio carecía de discreción para excusar a los apelantes de dicho incumplimiento.()

Por los fundamentos que anteceden, procede dictar sen-tencia confirmatoria de la emitida por el Tribunal de Cir-cuito de Apelaciones, declarándose sin jurisdicción para atender el recurso de revisión presentado por los apelantes.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Na-veira de Rodón emitió una opinión disidente, a la cual se unieron el Juez Presidente Señor Andréu García y el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

(.Fdo.) Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

— O —

Opinión disidente emitida por la

Juez Asociada Señora Naveira de Rodón,

a la cual se une el Juez Presidente Señor Andréu García y el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

Disentimos de la sentencia que hoy emite este Tribunal por entender que las rígidas interpretaciones que la Mayo-ría hace de las normas procesales revierten nuestro sis-tema judicial a la desafortunada época del rigor procesal. Es como si regresáramos a la rigidez técnica que imperaba bajo el sistema de alegaciones del derecho común, common law pleading. Ésta fue una época muy desgraciada para los sistemas judiciales en la cual el derecho procesal parecía haber adquirido vida propia en vez de servir como un ins-trumento para hacer viable la consecución del derecho sustantivo.

Sin embargo, gracias a las severas críticas y los esfuer-zos de los eruditos en esta materia, los tiempos cuando imperaba el tecnicismo procesal que se sobreponía a la so-lución de los casos en los méritos fueron superados, tanto por nuestro sistema judicial como por el sistema federal y la mayor parte de los sistemas estatales. Así pues, desde 1948, este Tribunal descartó esta normativa procesal ex-presando lo siguiente: “... ya es tiempo de que los litigantes se den cuenta de que este Tribunal hará todo lo que esté a su alcance para que los casos sean resueltos en sus méritos y no por sutilezas legales de alegaciones y procedimientos.” (Énfasis suplido.) Serra v. Autoridad de Transporte, 68 D.P.R. 626, 629 (1948). Véase, además, Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554, 564 (1959), un caso sobre reclamaciones de salarios donde este Tribunal, con relación a las Reglas Procesales, expresó que la solución más justa en la resolución de un caso era “reconocer y aplicar, con mano firme y diestra, la amplia discreción que las propias reglas conceden a los tribunales de instancia

De otra parte, y citado con aprobación en Pérez Cruz v. Fernández, 101 D.P.R. 365, 373 (1973), los conocidos comentaristas de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, Wright y Miller, al refererirse a la Regla 36 de Procedimiento Civil federal, 28 U.S.C. —correspondiente a la 33 nuestra (Requerimiento de Admisiones) — , rompiendo con el tradicional esquema rígido de la interpretación de las reglas procesales y apoyados en la jurisprudencia federal y estatal, expresaron que “en relación a esta regla, al igual que con las demás, no se permitirá que prevalezcan consi-deraciones técnicas en detrimento de la justicia sustancial, y por tanto la regla debe ser interpretada en forma liberal”. 8A Wright and Miller, Federal Practice and Procedure: Civil Sec. 2252, págs. 523-524 (1994).()

En cuanto al proceso de revisión de los recursos en al-zada, el procedimiento está compuesto de dos (2) etapas: la primera comprende la expedición o aceptación del recurso, según fuere el caso, y la segunda su solución en los méritos. Entendemos que para evaluar la procedencia de la primera etapa no tenemos que tener ante nosotros todos los documentos que son necesarios para resolver el recurso en los méritos. En cuanto a los recursos discrecionales, basta con tener ante nuestra consideración aquellos docu-mentos que nos permiten determinar si deberíamos o no expedir el recurso a tenor con las disposiciones jurisdiccionales y las Reglas 40 y 66 del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, y la Regla 30 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, según fuere el caso. De estar ante una apelación, debemos contar con aquellos documentos que nos permitan determinar si el recurso cumple con los requisitos para así considerarla. Una vez se expide el recurso o se le da curso a la apelación, el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal de Circuito de Apelaciones (en adelante, Tribunal de Circuito), según fuere el caso, elevará los autos y con éstos el foro apelativo procederá a resolver el recurso en los méritos.

La mayoría de este Tribunal, al determinar que la fecha jurisdiccional de presentación de un recurso impide que su apéndice pueda ser corregido con diligencia y prontitud, está efectivamente ignorando que el proceso apelativo com-prende dos (2) fases claramente distinguibles, y está obstaculizando el que el foro judicial, en esta ocasión el Tribunal de Circuito, pueda cumplir con su función de resolver los casos en los méritos. Esto, a pesar de que, reiterada-mente hemos expresado que somos partícipes de la política judicial de que los casos se ventilen en los méritos. Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, 123 D.P.R. 664, 673 (1989); Garriga Gordils v. Maldonado Colón, 109 D.P.R. 817, 822-823 (1980); Arce v. Club Gallístico de San Juan, 105 D.P.R. 305, 307-308 (1976); Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R., 102 D.P.R. 787, 791 (1974); Ramírez de Arellano v. Srio. de Hacienda, 85 D.P.R. 823, 829 (1962).

Tal parece que este Tribunal se ha olvidado que la des-estimación de un recurso presentado oportunamente no se justifica cuando los documentos omitidos en el apéndice pueden ser sustituidos o presentados con facilidad y pron-titud, y en ocasiones no son necesarios para determinar si la procedencia de la primera etapa del proceso apelativo, o sea, si el recurso debe ser expedido o si se debe dar curso a una apelación, según fuere el caso.

Resulta, pues, difícil de entender que, amparándose en una aplicación inflexible e indiscriminada de las reglas procesales, este Tribunal anule la intención legislativa cla-ramente plasmada en el Plan de Reorganización Núm. 1 de la Rama Judicial de 28 de julio de 1994, conocido como la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 (4 L.P.R.A. sec. 22 et seq.), de que toda decisión de los foros de instancia pueda ser revisada por un tribunal colegiado. Véase Soc. de Gananciales v. García Robles, 142 D.P.R. 241, 252 (1997).

Consideramos que si un caso, en esta ocasión un recurso de revisión, fue presentado dentro del término jurisdiccio-nal, no debería existir impedimento jurisdiccional alguno para que el apelante o peticionario no pueda corregir, con diligencia, cualquier error u omisión, en esta ocasión con respecto al apéndice, especialmente cuando la solución del recurso no se dilatará ni las partes se peijudicarán. Des-pués de todo, ha sido nuestra interpretación restrictiva de las normas procesales lo que les ha dado carácter jurisdic-cional a estas correcciones. Entendemos que si interpreta-mos de forma flexible el proceso apelativo, determinando que se cumple con el requisito jurisdiccional cuando se pre-senta el recurso dentro del término establecido por ley, y que cualesquiera corrección u omisión involuntaria que sea corregida o suplida con diligencia no afecta la jurisdicción del Tribunal, propiciaríamos el que la Rama Judicial cum-pla cabalmente con su deber de resolver los casos en los méritos eliminando obstáculos técnicos innecesarios que nada aportan a la consecución de la justicia.

No nos cabe duda que un sistema judicial que resuelve los casos en los méritos valida su razón de ser de mantener un orden jurídico íntegro y eficaz, y gana el respeto y la confianza del país en las instituciones judiciales. De otra parte, el que un tribunal rehúse entender en un caso por un tecnicismo procesal de fácil corrección, resulta difícil, sino imposible de explicar y justificar, especialmente al ciu-dadano que ha recurrido al foro judicial en busca de justicia. De esta forma se socava la confianza del Pueblo en las instituciones que son llamadas a resolver de forma pa-cífica las controversias y conflictos. 
      
      (1) Los requisitos reglamentarios establecidos sobre el Apéndice, son de igual naturaleza que los términos establecidos por la ley. Esto es, en el caso de un recurso de revisión, ambos son de naturaleza jurisdiccional. Por lo tanto, no podemos ofrecer un trato distinto a aquella parte que omite la mitad de las páginas de la resolución de la cual se recurre, de aquella otra que presenta su recurso un día siguiente a la fecha en que transcurrió el término jurisdiccional. Tal inconsistencia no se justifica ante unos requisitos de naturaleza jurisdiccional, pues aquella parte que incumple con el término podría tener razones de mayor peso para haber presentado su escrito fuera del término jurisdiccional.
     
      
      (2) Un término jurisdiccional es fatal, improrrogable e insubsanable, por lo que no puede ser extendido. Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 D.P.R. 1 (2000). Por el contrario, los términos de cumplimiento estricto pueden ser prorrogados si se demuestra justa causa. Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 D.P.R. 560 (2000). Sobre este particular, en Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122, 131 (1998), expresamos:
      “Hemos señalado que existe una ‘diferencia conceptual con efectos jurídicos dis-tintos entre lo que es “requisito de cumplimiento estricto"y “requisito jurisdiccional” ’. Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 D.P.R. 357 (1977). Hemos indicado que cuando se trata de un término de cumplimiento estricto, el foro judicial queda liberado del automatismo que conlleva el requisito jurisdiccional y puede ‘proveer justicia según lo ameriten las circunstancias’. íd, pág. 360. Más concretamente, hemos resuelto que cuando un término es de cumplimiento González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 D.P.R. 48, 58 (1989).” (Énfasis suplido y en el original.)
     
      
      (1) El texto en inglés dispone: “[W]ith this rule as with the others technical considerations will not be allowed to prevail to the detriment of substantial justice, and the rule is to be liberally construed.” 8A Wright and Miller, Federal Practice and Procedure: Civil Sec. 2252, págs. 523-524 (1994).
     