
    El Pueblo v. Bird.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 52.
    Resuelto en febrero 27, 1904.
    Casación. — En el escrito interponiendo recurso de casación, deberán citarse con precisión y claridad el artículo de la ley que lo autorice y las leyes que se supongan infringidas.
    Calumnias e Injurias a la Autoridad. — Cuando las expresiones contenidas en un artículo publicado en un periódico tiendan a calumniar, injuriar e insultar a los jueces de un tribunal, se comete el delito de calumnia e injurias a la autoridad, previsto en el artículo 265 del antiguo Código Penal.
    Responsabilidad Criminal. — La circunstancia de que los hechos cometidos por el acusado envuelvan la comisión de otro delito castigado con una pena menor, no es motivo para que se le absuelva del delito imputádole.
    Juicio por Jurado — Felony y Misdemeanor — Libelo.—El juicio por jurado sólo puede concederse en casos de felony y sus beneficios no se han hecho extensi-vos a causas por libelos o por cualquier otro misdemeanor.
    
    Id.- — Si el juieio por jurado no se solicitare en tiempo oportuno, se entenderá que el acusado renuncia a él.
    Apelación — Sentencia—Errores o Defectos de Carácter Técnico. — Al dictar sentencia el tribunal no debe prestar consideración alguna a errores (*) o defectos de carácter técnico, que no afecten los derechos substanciales del acusado.
    Casación por Quebrantamiento de Forma. — Los errores de procedimiento que pueden dar lugar al recurso de casación por quebrantamiento de forma, són errores de carácter substancial y dicho recurso sólo procede en los casos enumerados en los artículos 911 y 912 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Criminal.
    Circunstancias Agravantes. — Constituye circunstancia agravante, según el anti-guo Código Penal, la realización del delito por medio de la imprenta.
    Apelación — Errores de Procedimiento — Excepciones.—Los errores de procedi-miento que no hubieren sido objeto de excepción en su oportunidad, no pueden ser discutidos en la apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Juan de Guzmán Benitez.
    
    Ahogado del apelado: Sr. del Toro, Fiscal.
    
   El Juez Asociado .Se. MacLbaey

emitió la opinión del tribunal.

En el día 13 de febrero de 1902, en el San Juan News, un periódico que se publica en la capital de Puerto Pico,. y del cual Hobart S. Bird está designado en el mismo como editor y director, apareció el siguiente editorial principal:

“el INCIDENTE DE PALMER.
“En esta edición publicamos una carta abierta de Don Santiago Palmer, distinguido y respetado notario y abogado, en la que demues-tra la vil y cobarde manera con que el Tribunal de Distrito de San Juan quiso utilizar sus facultades públicas para manchar el honor y la reputación de un ciudadano de- carácter tan íntrego y elevado como el de Santiago Palmer.
“Para los Puertorriqueños, la reputación del hombre que fué tan injustamente atacado y la del presidente del tribunal del distrito, Ramos, el principal promotor e inspirador de todas las iniquidades tramadas y puestas en práctica por aquel tribunal, son bien conoci-das, pero los americanos y extranjeros no pueden tan fácilmente dis-tinguir lo bueno y lo malo entre la muchedumbre puertorriqueña.
“Por esta razón es que se hace necesario, como dice acertada-mente el Sr. Palmer, que se practique una investigación acerca de la ignominiosa conducta del tribunal de distrito, al dictar contra (*) aquél sentencia condenatoria por el delito de imprudencia temeraria, y cuya sentencia ha sido revocada por el Tribunal Supremo.
“Tenemos jueces en los tribunales, tan repletos de animosidad política, tan ciegos y de instintos tan perversos para aniquilar a los de contrarias opiniones, y estimular a sus correligionarios, que nin-gún sacrificio de la justicia, de la ley o del derecho, es suficientemente grande para detenerles en la ejecución de sus nefandos propósitos.
“Pónganse ustedes a recapacitar, honrados lectores, acerca de los fines con que estos irredimidos tunantes se habían puesto en conni-vencia. Ellos, funcionarios republicanos, que ocupan altos, puestos de confianza, que no solamente son corruptos en su vida pública, sino inmorales e indecentes en su vida privada, se atreven acusar como delincuente y sentenciar a un ciudadano que está muy por encima de ellos, toda vez que su conducta queda libre de todo reproche.
“Véase el motivo por qué su buen nombre fué echado a correr. Resulta que dicho caballero en sus funciones de notario, certificó que cierto documento había sido firmado en su presencia, lo cual fué cierto. Más tarde se vino en conocimiento de que los nombres de las personas que aparecían firmando el documento eran - supuestos, pues aquéllas no dieron al notario su verdadero nombre. Con un pretesto tan trivial como éste, se procesó al notario, el tribunal le juzgó por ‘imprudencia temeraria’ y por ello le sentenció a cumplir condena en la cárcel.
“Valiéndose de esta acusación inmotivada, y como en son de gue-rra, los mismos republicanos que no podrían igualarse al acusado, se aproximan a la Mansión Ejecutiva y deploran ante el Gobernador y otros oficiales que existieran tales escándalos.
“Por supuesto, que establecida la apelación, fué sobresída la causa y el Sr. Palmer declarado inocente. Así, pues, la única manera de que estos sucesos ignominiosos no puedan repetirse, es la de reno-var completamente el sistema judicial, separando de sus puestos a hombres como Ramos y Rossy, en particular.”

Competentes funcionarios procedieron inmediatamente a la demanda del editor y director de dicho periódico, por motivo de la citada publicación, bajo el Código Penal Espa-ñol, entonces vigente, designando la ofensa “injurias y ca-lumnias. ’ ’

Después de la investigación usual ante el juez municipal, (*) el Fiscal de la corte de distrito, en 8 de marzo de 1902, presentó una acusación formal contra el demandado, que en el Código se llama, “acusación provisional.”

La Corte de Distrito de San Juan, contra la cual fué diri-gido dicho artículo editorial, se componía, en el tiempo de la citada publicación, del Hon. Juan R. Damos, Hon. Juan Morera y Martínez y Hon. José R. F. Savage. Después, el Juez Savage renunció, y'los Jueces Ramos y Morera decli-naron conocer de la causa, alegando que tenían cierto interés en el resultado de la misma. El Hon. Henry F. Hord fué nombrado para sustituir al Juez Savage, y tomó posesión del destino en mayo de 1902, encargándose de dicha causa. El Juez Ramos renunció después, y el Hon. Juan J. Perea fué nombrado para sustituirlo. El Hon. Juan Hernández López fué nombrado juez especial para desempeñar el cargo del Juez Morera, quien se consideró inhabilitado.

La vista tuvo lugar en el día 18 de septiembre de 1902, y después de debida consideración, la corte sentenció al acu-sado como autor del delito de injurias a la autoridad reali-zado por medio de la imprenta, a la pena de cuatro meses y un día de arresto mayor, para ser extinguida en la cárcel pública de la ciudad de San Juan, suspensión de todo cargo y derecho del sufragio durante el tiempo de la condena y al pago de las costas.

Contra esta sentencia el demandado interpuso recurso de casación para ante la Corte Suprema de Puerto Rico, y en el día 15 de junio de 1903, después de mucha discusión por parte de los abogados, pro y contra, esta corte dictó sen-tencia revocando la del tribunal de distrito, reenviando la causa al mismo para nuevo juicio. La decisión de la Corte Suprema fué fundada en las irregularidades del procedi-miento, sosteniendo, tres de los jueces, que el hecho de no haber notificado al demandado el nombramiento del juez especial, Sr. Hernández López, era una infracción de ley de suficiente gravedad para hacer nula la sentencia, y soste-niendo (*) dos de ellos que el juez especial Sr. Hernández López, no había sido propiamente nombrado, por no haberse hecho el nombramiento por el Gobernador y confirmado por el Consejo Ejecutivo, y que por ese motivo la sentencia era irregular, debiendo revocarse la misma, pero estando todos de acuerdo en -reenviar el caso a la corte de distrito, para nuevo juicio, de acuerdo con la ley.

Cuando se celebró el nuevo juicio en la corte de distrito, dicho cuerpo se componía del Hon. Juan Morera Martínez, el Hon. Prank H. Richmond y el Hon. José Tous Soto. Re-cusándose otra vez el Juez Morera, el Sr. Angel García y Veve, juez especial de distrito debidamente constituido en virtud de su nombramiento por el Gobernador como tal, ocupó dicho sitio para el juicio de la causa.

Por providencia del día primero de octubre de 1903, se ordenó que el demandado fuera citado para que compare-ciera ante la corte a contestar la acusación presentada contra él y para señalar día para la vista. En esta providencia se expuso que desde el primero de julio de 1902 había estado-' vigente una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero' aparece que ninguna tramitación se lia hecho de acuerdo con aquella ley, excepto la acusación, la alegación de inculpabili-dad y el haberse señalado día para la vista, que son sustan-cialmente los mismos procedimientos empleados, de acuerdo con la Ley ele Enjuiciamiento Criminal anterior y Orden General No. 228 de 23 de diciembre de 1899.

La providencia referida, con la omisión de las palabras preliminares y las firmas, a la letra dice así:

“Resultando: que el Tribunal Supremo anuló la sentencia decre-tada en esta causa y’todo lo actuado desde la acusación Fiscal y ordenó que se celebrara nuevo juicio con arreglo a la ley.
“Resultando: que hoy está vigente desde el 1 de julio de 1902, y después de la instrucción de esta causa, una nueva ley procesal.
“Cítese al acusado, Hobart S. Bird, para que comparezca ante el tribunal el día 12 del corriente a las 9 de la mañana y oiga la (*) acusación fiscal (antes conclusiones provisionales) ,y conteste dicha acusación con arreglo al Código de Enjuiciamiento Criminal vigente y para señalar día para el juicio.”

De consiguiente el demandado compareció, le fue leída la acusación, rehusó que se le nombrara abogado y alegó su incul-pabilidad y se señaló el día 20 del citado octubre, o sea ocho-días después para el juicio.

En el día 19 del propio octubre, el Sr. Don Juan de Guzman Benitez compareció como abogado defensor del deman-dado Bird y presentó una alegación en su favor en forma de moción, reclamando juicio por jurado y exponiendo ra-zones por las cuales el,demandado no había pedido el jurado, según los requisitos del estatuto en el mismo día o antes de-leérsele la acusación. En el día 20 de octubre la corte tomó en consideración este alegato del demandado y todos los esta-tutos a que se refiere, y el mismo se desestimó en todas sus partes. Entonces el demandado presentó una moción pi-diendo que se anulase la acusación, que a su vez fué deses-timada por la corte y se procedió a la celebración del juicio, •ofreciendo el Fiscal evidencia para probar la acusación. El demandado no ofreció prueba alguna en favo'r suyo y la corte procedió de acuerdo con el antiguo Código a la votación en la causa, declarando al demandado culpable de acuerdo con la acusación, sentenciándolo a dos meses y un día de arresto mayor, según pidió el Fiscal, y al pago de todas las costas.

Como esta pena es menor que la impuesta por la corte en el primer juicio, es de observarse que en el primer juicio, en la corte de distrito, el demandado fué convicto y senten-ciado a cuatro meses y un día de arresto mayor, compa-reciendo el acusado privado y pidiendo a la corte que se aumentara el castigo pedido por el Fiscal en su acusación provisional. En el segundo juicio no compareció el acusador privado, y el juicio fué celebrado y concluido de acuerdo solamente con la acusación provisional del Fiscal, que sola-mente (*) pidió la pena de dos meses y un día. El aumento ;se hizo en el primer juicio por circunstancias agravantes que .no aparecen haber sido alegadas en el segundo juicio. La pena parece haber sido bien leve y tan moderada como podría ■esperar un hombre culpable. No se alega ninguna exage-ración con respecto a la misma.

Contra esta sentencia de la corte de distrito, el deman-dado Bird interpuso en debida forma recurso de apelación por quebrantamiento de forma, para ante este tribunal, en 24 de octubre de 1903. El abogado defensor funda su apela-ción en el segundo párrafo del artículo 912 del Código de Enjuiciamiento Criminal Español, alegando que el tribunal de distrito en su sentencia, no había decidido todos los extre-mos que se habían alegado en su favor: Además alegó infrac-ción de ley, fundándose en el primer párrafo del artículo .'848, el primer párrafo del artículo 849, el artículo 850, y el último párrafo del artículo 853, en relación con el párrafo :8 del artículo 848, respecto a la providencia dictada por la corte en su primera moción presentada en favor del deman-dado en el juicio oral, preceptos todos del Código de Enjui-ciamiento Criminal.

Dichos artículos admiten recurso contra sentencias firmes cuando el tribunal baya cometido un error en la calificación del delito y mencionan otras materias que no se relacionan con el presente- caso y que después fueron abandonadas por el alegato presentado en esta corte. Parece-haber sido la costumbre en los asuntos de casación, mencionar todas las secciones de la ley que de manera alguna pudieran relacio-narse con el asunto por buena precaución, en vista de la regia contenida en los estatutos que prescribe que si no se especifica el título y la sección del estatuto que hayan sido infringidos, la corte desatendería el error que se alegase. Yéase el antiguo Código de Enjuiciamiento Criminal, artí-culo 874. Parece que se ha seguido esta antigua costumbre al interponer el presente recurso de apelación.(*)

En el intervalo se promovió procedimiento de habeas corpus, partiendo del fundamento de que al demandado le fué denegado recurso de apelación, no habiendo sido convicto de felony y que fué enviado inmediatamente a la cárcel. En vista de la causa de habeas corpus el demandado fué liber-tado por orden de esta corte, puesto que tenía el derecho de interponer recurso de apelación contra la sentencia dictada por la corte de distrito, en dicho caso, a pesar de que era solamente un misdemeanor, en vista de que la nueva ley, que no da lugar a recursos en casos de misdemeanor, que fué establecida por la Asamblea Legislativa de 1 de marzo de 1902, y designado “El Código de Enjuiciamiento Criminal,” no era aplicable a actos cometidos con anterioridad a la misma, con perjuicio a cualesquiera de los derechos sustanciales del de-mandado. Por consiguiente el recurso fué admitido.

En el día 23 de noviembre, de 1903, los autos en el caso fueron elevados de la corte de distrito al Tribunal Supremo, y en 30 del mismo mes, el recurrente compareció mediante su abogado el Sr. Juan de Gruzmán Benitez. El Pueblo de Puerto Rico también fué representado por el Ministerio Fiscal. En 14 de diciembre de 1903, el abogado defensor del recurrente presentó un alegato a favor de su representado consignando detenidamente los fundamentos en que basa el recurso de apelación, los que son sustancialmente como sigue:

“1. Que las frases del artículo publicado en el periódico del cual se queja, no constituyen el delito prescrito y castigado en el artículo 265 del antiguo Código Penal, es decir, de calumnia, injuria e insulto a la autoridad pública, a saber: la Corte de Distrito de San Juan, como se alega en la acusación del Fiscal y en la sentencia de la corte.
“2. Que la corte de distrito incurrió en error al negarle al deman-dado un juicio por jurado en cumplimiento de su demanda hecha por su abogado defensor en 19 de octubre.”

Estos son los únicos fundamentos alegados por el deman-dado y por lo que pide se revoque la sentencia. De lo que (*) contienen los autos no aparece que ningún otro derecho que solicitara el procesado, o que él podría utilizar, le fué dene-gado, ni con arreglo a la antigua ley de Enjuiciamiento Criminal, ni de acuerdo con la actual.

El artículo 265 del antiguo Código Penal bajo el cual fué procesado, a la letra dice:

“Los que, hallándose un ministro de la Corona o una autoridad en el ejercicio de sus funciones, o con ocasión de éstas, los calumnia-ren, injuriaren, insultaren de hecho o de palabra, fuera de su pre-sencia o en escrito, que no estuviera a ellos dirigido, serán castigados con la pena de arresto mayor.”

Ciertamente se cometió el delito que el estatuto se propo-nía corregir, y es bien claro que el objeto del artículo inju-rioso fué arrojar el descrédito sobre la corte, poniéndola en evidencia ante el pueblo sobre cuyos derechos y libertades ella tiene que juzgar, y tendiendo de este modo a debilitar su autoridad. Es difícil entender de qué modo una persona razonable, que no esté interesada, puede leer el artículo editorial del cual se hace queja, sin encontrar que cae bajo las prescripciones de este estatuto. Véase el caso de Miguel Vives Deyá, decidido en 23 de mayo de 1895, y del cual se hace rela-ción en 54 Jurisprudencia Criminal, p. 615. Ciertamente las expresiones contenidas en dicho artículo tienen por objeto calumniar, injuriar e insultar a los jueces de la Corte de Dis-trito de San Juan, y el-hecho de que el citado artículo se refiere a una carta que aparece en el citado periódico de la misma fecha, no disminuye de manera alguna su carácter ofensivo. Los cargos no son tampoco de carácter tan general que puedan considerarse fuera de los términos del estatuto. Es posible que la ofensa imputada al procesado también in-cluya la falta de respeto y consideración debida a la autoridad, según se consigna en el párrafo 5 del artículo 597 del mismo código, por el cual se prescribe una pena más ligera, pero eso no altera la criminalidad del hecho del cual se acusa al (*) procesado. Bien puede considerarse culpable del delito y de la falta penados por la ley, aunque solamente puede ser con-victo del que se le acusa. De la misma manera el delito de asesinato incluye un asalto simple, pero nadie por esa razón puede reclamar el derecho de ser procesado por la menor y exonerado de la ofensa mayor.

En cuanto a habérsele denegado al demandado un juicio por jurado, basta decir que bajo la ley de jurados solamente aquellos felonies que se castigan con la pena de muerte o de presidio, pueden ser juzgados por jurado. Nadie tiene el de-recho de ser juzgado por jurado cuando solamente se trata de un misdemeanor y el mero hecho que la sección 246 del nuevo Código Penal y la 264 del nuevo Código de Enjuicia-miento Criminal, especifican que en todo caso de libelo el jurado determinará la ley y el derecho, no se opone a la ley anterior, ni aun siquiera la contradice, porque ahí solamente se dice que cuando se provee el jurado en un caso de libelo, el mismo tendrá “el derecho de determinar la ley y el de-recho.” Los beneficios de la ley de jurados no se han ex-tendido a los casos de libelo, o a ningún otro misdemeanor. En el caso de que este delito se calificara como nn felony, entonces tales cansas se podrían juzgar ante jurados. Pero en la actualidad, la circunstancia que bajo el Código Penal los libelos no son felonies impide que tenga juicio por jurado un procesado que se acusa de libelo. Es por esta y otras razones, innecesario discutir la cuestión de si columnia, injuria e insulto son términos en el antiguo código, que corresponden a libelo en el código moderno. Pero existe una gran diferencia entre los delitos que sería fácil de demostrar si la cuestión se dis-cutiera.

Además, muy bien se ha dicho en argumento por el Fiscal, que aun si el demandado hubiera tenido derecho al jurado, lo. abandonó y perdió su oportunidad de pedirlo, por no insistir al debido tiempo. Sin embargo, de la vista que (*) tomamos del caso, ni este hecho, ni el argumento que se funda en el mismo, es material.

El deber de esta corte en el juicio de recursos criminales, bajo la ley moderna, está consignado en la sección 362 del nuevo Código de Enjuiciamiento Criminal, que a la letra dice así:

“Sección 362. Después de celebrada la vista de la apelación, la Corte Suprema debe dictar sentencia sin parar mientes en los errores o defectos técnicos o de forma, o en excepciones que no afecten los derechos sustanciales de las partes.”

Esta sección es idéntica con la 1258 del Código Penal de California, que ha sido interpretada en numerosos casos por el Tribunal Supremo de dicho Estado. En el caso del Pueblo v. Turley, 50 Cal., 471, la Corte Suprema de aquel Estado, al interpretar la mencionada sección, emplea las siguientes expresiones:

“A la verdad, después de considerar atentamente el ingenioso argumento presentado a favor del detenido, nos vemos en la impo-sibilidad de descubrir razón alguna por la cual deberíamos alterar la. sentencia dictada en la corte inferior en este caso. Por las disposi-ciones del Código Penal (sección 1258) estamos obligados a dictar-sentencia sin atención a errores o defectos técnicos o excepciones, que-no afectan los derechos sustanciales de las partes. Estamos seguros que en el juicio celebrado no se ha denegado ningún derecho sustan-cial del detenido.” . . ;¡

Un error de procedimiento cometido por el tribunal sen-tenciador no justifica la revocación de la sentencia, a no. ser. que el mismo perjudique los derechos sustanciales del deman-dado, e incumbe al acusado probar tal perjuicio. Pueblo v. Murback, 64 Cal., 370; Bernert ex parte, 62 Cal., 528; Pueblo v. Smith, 59 Cal., 608; Pueblo v. Nelson, 56 Cal., 82; Pueblo v. Turley, 50 Cal., 471; Pueblo v. Brotherton, 47 Cal., 404.(*)

Y además, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal Es-pañola que estaba vigente, en cuanto a todo beebo cometido-con anterioridad al día 1 de julio de 1902, los errores o defec-tos en el procedimiento podrán dar lugar al recurso de casación por quebrantamiento de forma y dichos errores están taxati-vamente comprendidos en los artículos 911 y 912 de dicha ley, bastando su simple lectura para comprender que tales errores-habían de ser sustanciales, como la denegatoria de diligencias, de pruebas o la falta de citación para el juicio, en cuyos casos pueden sintetizarse todos los enumerados en el artículo 9117 mereciendo igual calificación de sustanciales los del artículo» siguiente, y que el recurso de casación por quebrantamiento de forma sólo procedía en los casos que mencionan los dos artículos citados, lo declaró el Tribunal Supremo de Madrid, entre otras sentencias, en la de Eamón Alvarez Lorenzo, dic-tada en 22 de marzo de 1895, 54 Jurisprudencia Criminal, 620. Por consiguiente, la jurisprudencia americana y la española están en su esencia conformes.

Por lo tanto, siguiendo el antiguo Código de Enjuicia-miento Criminal, bajo el cual este caso propiamente está con-siderado, habiéndose cometido la ofensa con anterioridad aí 1 de julio de 1902, no se podría considerar nada a favor del recurrente, sino los dos extremos consignados en el alegato presentado por su abogado defensor en esta corte, en 14 de diciembre de 1903 que anteriormente se lian consignado en la presente.

El artículo 874 del Código de Enjuiciamiento Criminal Español, en su primer párrafo, a la letra dice así:

“Este recurso se interpondrá en escrito firmado por abogado y procurador autorizado con poder bastante, sin que en ningún caso pueda admitirse la protesta de presentarlo, y en dicho escrito se con-signarán en párrafos numerados, con la mayor concisión y claridad, sus fundamentos y se citarán el artículo de la ley que lo autorice y las leyes que se supongan infringidas.” (*)

Bajo este artículo es claro que el Tribunal Supremo queda limitado a los fundamentos del recurso que cite el demandado, y éstos se ban considerado cuidadosamente en la anterior discusión.

Pero no importa que este caso se considere bajo la antigua ley de procedimiento, o bajo el código actual; el resultado viene a ser el mismo. El demandado no tiene fundamento sostenible sobre el cual pueda basarse la revocación de la sentencia.

Ninguna persona razonable puede leer los autos en el pre-sente caso y tener la menor duda de la culpabilidad del pro-cesado. Hasta aliora toda discusión ba sido solamente en cuanto a las cuestiones de forma. Es verdad que éstas son materias importantes, y todo acusado tiene el derecho de in-sistir en ellas, como ba becbo el recurrente. Pero será bien -observar, con relación al asunto, que el recurrente en el pre-sente caso ba sido juzgado dos veces por la corte de distrito, y sucede que dieba corte, en ambas ocasiones, fué compuesta de tres magistrados distintos. Fué declarado culpable en ambos juicios, y en el primero fué sentenciado a cuatro meses y un día de arresto mayor, y en el segundo fué sentenciado a dos meses y un día.’ La primera sentencia fné revocada por el Tribunal .Supremo solamente por motivos técnicos, estando de acuerdo los cinco jueces del mismo y el presente caso, en grado de apelación, está otra vez pendiente de la resolución de este tribunal sobre una cuestión semejante. En la presente causa el reo se ba sentenciado, por ser culpable del delito de injurias y calumnias definido en el artículo 265 del Código Penal Español, a la pena de arresto mayor, cuya duración es de un mes y un día a seis meses, según el artículo 27; y como realizó el delito por medio de la imprenta, lo que en el caso de que se trata constituye una circunstancia agra-vante de responsabilidad criminal, comprendida en el número 6 del artículo 10, es claro que la pena ba debido imponerse al acusado en su grado máximo, con (*) arreglo a la disposición 3a. del artículo 80, cuyo grado máximo, dentro del prudente arbitrio judicial, es de cuatro meses y un día a seis meses, según la tabla demostrativa del artículo 95. Empero, como el recurso ba sido interpuesto por Bird, el acusado, y no por el Ministerio Fiscal, no cabe agravar la situación dé aquél, imponiéndole pena superior a la que ba sido impuesta por la corte sentenciadora, aun si este tribunal se considerara auto-rizado a aumentar la pena impuesta por dicba corte.

Está bien establecido por la jurisprudencia antes aplicada y por el código nuevo, así como por el antiguo, que el acu-sado en un caso de misdemeanor, como el presente, no puede reclamar una revocación de la sentencia, teniendo como fun-damento meramente las irregularidades de las cuales no se quejó en el acto, y a las cuales no se tomó excepción ni se presentó en esta corte. No obstante esto, según la nueva ley que gobierna a este tribunal en casos de apelación, bemos examinado cuidadosamente los autos todos, para determinar si habría alguna cuestión de becbo o de derecho que resultaría ventajosa para el acusado sobre la cual se podría fundar la revocación de la sentencia. Tal pesquisa se ba hecho sin re-sultado. Los autos no demuestran ninguna instancia en que algún, dereclio o privilegio del acusado ha sido violado y no hay procedimiento ninguno de que con razón pueda quejarse.

Aunque el recurso no se funda en el número 1 del artículo 912 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española, tampoco procedería por tal fundamento, pues de la sentencia se des-prende, con bastante claridad y precisión, cuáles son los hechos que el tribunal sentenciador estimó probados, por más que no lo dijo de modo expreso y terminante.

En vista de que no se ha cometido ningún error material en la corte de distrito, con perjuicio del recurrente en el juicio del presente caso, y como la sentencia dictada contra (*) el mismo es justa y correcta en todo sentido, la misma debe confirmarse con costas, lo que se hará.

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados Hernández y Figueras.

El Juez Asociado Sr. Sulzbacher no formó tribunal en la vista de esta causa.  