
    Flores, Demandante y Apelado, v. Sucesores de Pérez Hermanos, S. en C., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte dé Distrito de San Juan, Distrito Segundo, en pleito sobre daños y perjuicios (memorándum de costas)'.
    No. 2997.
    Resuelto en julio 16, 1923.
    Sentencias en Apelación — Costas—Interpretación de Sentencias del Tribunal Supremo. — En el presente oaso el Tribunal Supremo,' resolviendo una apelación que concedía costas, al dictar sentencia, expresó: “* * * re-suelve modificar como modifiea la sentencia apelada * * * en el sentido de rebajar la indemnización a la suma de $12,000 y confirmar dicha senten-cía en los demás particulares, sin especial eonSenaeión Se costas.” Se re-solvió: que las palabras subrayadas expresan que cada parte pagará las costas causadas en la corte inferior.
    Id. — Modificación de Sentencias en Apelación. — Cuando un demandante ape-lado entiende que no procedía que el Tribunal Supremo modificara la sen-tencia apelada en cuanto concedió eostas, debe pedir a dicho tribunal que corrija su sentencia en tal sentido. Orne v. Valentin, 31 D. P. E. 257.
    Id. — Apelación de Sentencias del Tribunal Supremo — Costas en Ultima Ins-tancia. — Guando una sentencia del Tribunal Supremo es confirmada c.on cos-tas en apelación, tales costas son las causadas en última instancia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados de los apelantes: £'res. Chas. H art sell y F. Ra-mírez de Arellano.
    
    Ahogados del apelado: Sres. J. H. Brown y C. Ruis Na~ zarrio.
    
   El Juez Asociado 8b. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito, dictó sentencia en este pleito condenando al demandado a pagar al demandante $17,000 como indemnización por da-ños y perjuicios y las costas, pero apelada ante nosotros pronunciamos en julio 29, 1921, la siguiente sentencia, se-gún aparece de la transcripción: “Por los fundamentos con-signados en la anterior opinión, este Tribunal resuelve mo-dificar, como modifica, la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en mayo 18 de 1920, en el sentido de rebajar la indemnización a la suma de $12,000 y confirmar dicha sentencia en los demás particulares, sin especial condenación de costas. Comuni-qúese en la forma y a los fines procedentes. Así lo pronun- ■ ciamos, mandamos y firmamos. Conforme con la anterior sentencia menos en la cuantía de la indemnización pues opi-namos que no debe pasar de $5,000 (cinco mil dólares).” Apelada también nuestra sentencia la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito la confirmó con costas el 7 de junio de 1922.

Después de dictada nuestra sentencia la parte deman-dante presentó en la corte inferior nn memorándum de cos-tas jurado por su abogado, que entre otras pequeñas par-tidas contenía una por honorarios de su abogado ascen-dente a $1,200, memorándum que fué impugnado por in-debido por haber sido nuestra sentencia sin especial con-dena de costas y por ser excesiva la cantidad fijada por los honorarios de abogado. Después de dictada la segunda sen-tencia en apelación al Circuito, presentó el demandante nuevo memorándum de costas jurado por el mismo abogado en el que la paidida de honorarios de abogado fué aumen-tada a $2,500 y el cual fué nuevamente impugnado por los mismos motivos que el anterior, pero fué aprobado en su totalidad por la corte de distrito por entender que de nues-tra sentencia no se desprende que modificamos la senten-cia en cuanto a la imposición de costas y porque no había otro motivo de oposición al memorándum. Sin embargo, fué también impugnado por excesivo.

Contra esta resolución se interpuso por el demandado este recurso de apelación en el que alega haber cometido la Corte inferior dos errores, a' saber: 1°., la corte erró al de-sestimar nuestra impugnación al memorándum de costas y resolver que la sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Pico no -había modificado la sentencia de la Corte de Dis-trito de San Juan, en lo relativo a costas; 2°., la corte erró al resolver que la cantidad asignada para honorarios de abogado no era excesiva.

Tanto el primer motivo de- error alegado como la re-solución de la corte inferior giran sobre la interpretación de nuestra sentencia en lo relativo a las costas, pues como dice que se modifica la sentencia apelada en cuanto a la cuantía de la indemnización y que se confirma en cuanto a los demás particulares, sin especial condenación de cos-tas, entendió la córte inferior y sostiene el apelado, que sólo modificamos la sentencia apelada en cuanto a la cuan tía de la indemnización y que habiéndola confirmado en cuanto a los demás particulares quedó confirmada también en la imposición de costas al demandado, a pesar de haber dicho al final de nuestra sentencia “sin especial condena de costas,” y que estas palabras se refieren a las costas en este Tribunal Supremo.

No pueden referirse dichas palabras a costas en este tribunal pues no podemos imponerlas porque no existen, se-gún hemos declarado en los casos de Martínez v. Pagán López & Cía., 17 D. P. R. 613; J. Ochoa Hermano v. Herederos de Lanza, 17 D. P. R. 730; Hernández v. F. Carrera & Hno., 23 D. P. R. 863; Polanco v. Goffinet, 30 D. P. R. 882, y de Cruz v. Valentín, 31 D. P. R. 257. En vista de estas decisiones, el caso anterior de Márquez v. Aguiló, 10 D. P. R. 264, citado por el apelado, no tiene aplica-ción. En cuanto a los casos citados en su resolución por la corte inferior, el de 18 D. P. R. 82, nada dice con referen-cia a la cuestión resuelta y los de Vivas v. Hernaiz, Targa, & Co., 24 D. P. R. 836; Rubio v. Mayagüez Auto Garage Co., 20 D. P. R. 244; Morales v. Caraballo, 27 D. P. R. 591 y el de Cabranes v. Central Vannina y Gual, 29 D. P. R. 1018, no tienen relación alguna con la interpretación de nuestra sentencia porque se limitan a declarar la facultad discrecional de las cortes de distrito para imponer las cos-tas y a que no intervendremos con ella a no ser que se de-muestre abuso de esa discreción, sin referirse para nada a nuestra facultad para resolver en apelación sobre el pago de costas cuando revocamos o modificamos la sentencia ape-lada. En este caso, en vista de que se modificó la senten-cia rebajando a $12,000 la condena impuesta al demandado y en vista también de que dos jueces estimaron que debía rebajarse a $5,000, creimos que el demandado no debía pa-gar las costas y por eso dijimos “sin especial condenación de costas,” o sea que cada parte pagará las suyas.

Quizás la sentencia en controversia debió redactarse más claramente y decir que se modificaba en cuanto a la indem-nizaeión y en cnanto a la declaración de costas que debían ser sin especial condena de ellas, confirmándola en lo de-más, pero a pesar de la redacción que se le dió demuestra suficientemente que fallamos sin especial condenación de cos-tas, por lo que aparece suficientemente que la sentencia ape-lada fué modificada también en cuanto a la condena al de-mandado que contenía la sentencia apelada por ser contra-rio a ella nuestra declaración en ese particular.

El argumento de que aquella sentencia no fue impug-nada por la condena de costas no encuentra base en la transcripción, ni sería obstáculo para que la modificáramos si la cuestión fundamental entre las partes era modificada o revocada. En el caso de apelación de Wright v. Smith. 44 Mich. 560, 7 N. W. 240, no pudiendo los jueces llegar a un acuerdo en las cuestiones alegadas como errores, por este motivo fué confirmada la sentencia pero sin costas; y en el de Price v. Price, 46 Mich. 68, 8 N. W. 724, también en apelación se confirmó el decreto desestimando la de-manda por no estar satisfecha la corte de que existía causa para el remedio, pero por las circumstancias cada parte pagaría sus costas. En el caso que resolvemos nb bubo unanimidad de criterio entre los jueces y esto era bastante para modificar la condena de costas, pero si no debíamos modificarla en ese particular debió pedirnos la parte deman--dante que corrigiéramos nuestra sentencia, según liemos de-clarado en el "caso de Cruz v. Valentín, supra, en el que habiendo nosotros revocado una sentencia sin liacer decla-ración alguna sobre las costas sostuvimos la negativa de la corte a aprobar un memorándum de costas fundada en que nuestra sentencia no las concedía.

En cuanto a que nuestra sentencia' fué confirmada con costas, todos sabemos que tal condena se refiere a las cau-sadas en aquel tribunal, que cobra por medio de un man-dato, por lo que no se refiere a las costas de la primera instancia.

Por las razones expuestas la resolución apelada debe ser revocada debiendo diotarse otra por nosotros negando la aprobación del memorándum de costas por no ser debidas al demandante.

Revocada la sentencia apelada y dictada otra negando la aprobación del memorándum.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciado Franco Soto.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Hutchison disintieron.

OPINIÓN DISIDENTE. DEL

JUEZ ASOCIADO SB. WOLE.

Por mucho tiempo esta corte empleó las palabras “sin especial condenación de costas,” para referirse a las cos-tas en esta corte; y generalmente cuando se deseaba ex-cluir las costas en la corte inferior así lo expresábamos. Para precisar los términos, cuando se revoca una sentencia “sin especial condenación de costas” la sentencia revocada no lleva consigo ningunas costas en realidad no por razón de las palabras empleadas sino porque en la sentencia trans-formada no hay imposición de costas.

En el Tomo 24 revocábamos sentencias “sin especial Condenación de costas, gastos y honorarios” demostrando esto que la corte creyó conveniente o necesario ser especí-fica cuando quería excluir las costas en la corte inferior. Existen otros casos donde continuamos diciendo “sin especial condenación de costas” al revocar pero no hay nada que indique que estas palabras adquirieron una significa-ción nueva o diferente.

Toda mi investigación me convence de que estas pala-bras cuando se usaban solas o no tenían significación o se referían a las costas en esta corte. Esto es congruente con la práctica general de las cortes de apelación.

Por tanto cuando esta corte revocaba sin costas no po-día suponerse que la sentencia así dictada anulaba ipso facto el pronunciamiento de costas hecho por la corte inferior. Algo más positivo tenía qne haber aparecido si esta Corte hubiera deseado cambiar o modificar la concesión de costas.  