
    Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPRO), Taller de Fotoperiodismo, Inc., Asociación de Periodistas de Puerto Rico y Overseas Press Club, Ex parte, peticionarios.
    
      Número: MC-2013-0059
    
      Resuelto: 27 de noviembre de 2013
    
      Juan R. Acevedo Cruz, abogado de Ángel Malavé Zayas.
   RESOLUCIÓN

Examinada la Solicitud para que se Deje sin Efecto Au-torización de Utilización de Cámaras, Equipo Audiovisual y Transmisión de Procedimientos, se declara “no ha lugar”.

Notifíquese vía fax, por teléfono y por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo Interina. El Juez Presidente Señor Hernán-dez Denton emitió un voto de conformidad, al cual se unie-ron los Jueces Asociados Señor Martínez Torres y Señor Kolthoff Caraballo. El Juez Asociado Señor Rivera García emitió un voto particular disidente, al cual se unió la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco. El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón reconsideraría y dejaría sin efecto la Re-solución del 4 de noviembre de 2013, según solicitado. Las Juezas Asociadas Señora Fiol Matta y Señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron.

(Fdo.) Camelia Montilla Alvarado Secretaria del Tribunal Supremo Interina

Voto de conformidad emitido por el

Juez Presidente Señor Hernández Denton,

al cual se unen los Jueces Asociados Señor Martínez Torres y Señor Kolthoff Caraballo.

El pasado 4 de noviembre autorizamos la grabación y transmisión de la vista de sentencia del caso Pueblo v. Malavé Zayas al amparo del Canon 15 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B. Ahora, a través de sus representantes legales, el Sr. Angel Malavé Zayas comparece ante nos para solicitar que dejemos sin efecto dicha autorización.

En síntesis, argumenta que nunca fue notificado de la petición que hicieran los gremios periodísticos y que la de-cisión de este Tribunal “sitúa al acusado en una innecesa-ria confrontación con los medios del País”. Además, esboza que la petición de los gremios periodísticos fue al amparo del Canon 15 de Etica Judicial, supra, y del Reglamento del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Foto-gráficas y Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales (Programa Experimental), por lo que debe ser atendida por el Tribunal de Primera Instancia. Por otra parte, arguye que el Canon 15, supra, no es autoejecutable, sino que es necesario que este Tribunal adopte un reglamento o enmiende el Regla-mento del Programa Experimental. Por último, señala que la vista de sentencia en este caso probablemente será de carácter contencioso y que contra el señor Malavé Zayas hay otros procedimientos criminales pendientes. En la so-licitud, indica que la cobertura mediática del caso ha sido amplia y notoria y que este Tribunal puede tomar conoci-miento de la misma.

En primer lugar, al tomar la determinación de autorizar la petición de los gremios periodísticos, este Tribunal con-sideró fundamental la etapa procesal en la que se encuen-tra el caso en el Tribunal de Primera Instancia y el posible perjuicio que podría sufrir el señor Malavé Zayas. Así lo hicimos constar en nuestro voto de conformidad cuando ex-presamos que

[...] al acceder a lo solicitado, consideramos cuidadosamente que este caso se encuentra en la etapa de vista de sentencia donde un Jurado deliberó y adjudicó la responsabilidad penal del acusado. O sea, no estamos ante una petición para trans-mitir el juicio o la vista preliminar, las cuales son etapas más sensitivas del proceso criminal. En este sentido, entendemos que mediante la transmisión de dicha vista el acusado no sufrirá un perjuicio y no existe un riesgo de que se afecte la administración de la justicia. Al contrario, sostenemos que se abona a la fiscalización de nuestro sistema [...] ASPRO et al., Ex parte I, 189 DPR 769, 773 (2013), voto de conformidad del Juez Presidente Señor Hernández Denton.

En segundo lugar, debemos aclarar que mediante la resolución In re C. 15; Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., 188 DPR 424 (2013), este Tribunal enmendó el Canon 15 de Etica Judicial, supra, y adoptó el Reglamento del Programa Experimental. Dicho reglamento constituyó el primer conjunto de normas para autorizar la toma de fotogra-fías o video en el salón del tribunal durante la celebración de sesiones judiciales. Ahora bien, la adopción de dicho re-glamento no limita en absoluto nuestra facultad como Tribunal Supremo para adoptar otras reglas, ni emitir órde-nes en un caso en particular, como lo hicimos en el caso de autos. Eso es posible gracias a la enmienda al Canon 15 que permite dicho proceder. Por todo lo anterior, la autori-zación que concedimos fue según lo dispuesto en dicho Canon y nuestro poder inherente. Por ello, no procede revocarla.

Sin embargo, como muy bien indica la solicitud, el pre-sente caso ha sido cubierto ampliamente por los medios de comunicación. Incluso, fue objeto de noticia la petición de los medios de comunicación para difundir la vista de sen-tencia, nuestra determinación y las reacciones de los repre-sentantes legales del señor Malavé Zayas. Por ende, nos sorprende que la defensa, compuesta por distinguidos le-trados de amplia experiencia en el ejercicio de la abogacía y con conocimiento de la normativa ética aplicable, hayan reaccionado a nuestra determinación en un tono destem-plado y al margen de los postulados deontológicos que ri-gen nuestra profesión. En particular, sus expresiones sobre que este Tribunal tomó su decisión “en cuartos obscuros” son incorrectas y lesivas a esta Curia. Véanse: C. López Gabán, “ ‘Cero cámaras’ para Wiso Malavé y Pablo Casellas”, en: Tas Noticias, Primera Hora, 6 de noviembre de 2013, pág. 14; M. Correa Velázquez, “Defensa truena contra decisión del Supremo”, en: Locales, El Vocero de Puerto Rico, 6 de noviembre de 2013, pág. 10; M.E. Rivera, “Su-prema descarga de abogados defensores de Malavé por cá-maras”, en: Noticel, 5 de noviembre de 2013, http:// www.noticel.com/noticia/150960 / suprema-descarga-de-abogados-defensores-de-malave-por-camaras. html (última visita, 25 de noviembre de 2013).

Lejos de eso, nuestra decisión es un paso adicional hacia la transparencia de la Judicatura puertorriqueña. Como indicamos en nuestro voto de conformidad, lo que nos mueve a autorizar la grabación y transmisión de la vista de sentencia de este caso es que estamos convencidos que no se pone en juego la celebración de un juicio justo e imparcial. Además, aprovechamos la oportunidad para, a modo excepcional y experimental, evaluar los efectos de la transmisión de los procesos penales en las etapas posterio-res a la emisión de un fallo o veredicto y, sobre todo, conti-nuar avanzando en el camino de apertura y accesibilidad de los procesos judiciales en nuestro País.

Voto particular disidente emitido por el

Juez Asociado Señor Rivera García,

al que se une la Jueza Asociada Se-ñora Pabón Charneco.

Con el malogrado objetivo de promover la transparencia en los procedimientos judiciales, hoy una mayoría de los miembros de esta Curia se aferra en sostener la desafortu-nada determinación de autorizar la grabación y transmi-sión de la vista de sentencia en el caso Pueblo v. Malavé Zayas, Caso Núm. EIS2011G0004 al 14, al amparo de un reglamento que no es aplicable. Por entender que esta au-torización selectiva e improvisada incide contra el am-biente de orden y solemnidad que debe imperar en todo procedimiento judicial, particularmente en uno de índole criminal, no me resta más que disentir.

I

El 19 de abril de 2013 tomamos la decisión de enmendar el Canon 15 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, con el fin de viabilizar el establecimiento de un proyecto experimental que permitiera el uso de cámaras fotográficas y de equipo audiovisual de difusión exclusivamente en las Salas de Recursos Extraordinarios del Centro Judicial de San Juan. Véase In re C. 15; Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., 188 DPR 424 (2013). Dirigido exclusivamente a ello, conjunto con la citada resolución, adoptamos el Reglamento del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográfi-cas y de Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales, disponible en: http.7/ www.ramajudicial.pr ¡leyes I Reglamentó-Utilización -Medios-Comunicacion-Procesos-Judiciales.pdf. Así, esta-blecimos que este reglamento “[r]egirá únicamente en los procesos judiciales celebrados en las Salas de Recursos Ex-traordinarios del Centro Judicial de San Juan”. (Énfasis suplido). Regla 3, In re C. 15; Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., supra pág. 429.

Para mayor claridad sobre ese particular, expresamente consignamos que el término proceso judicial “comprende, sin limitarse a, la celebración de vistas de estado de los procedimientos, vistas argumentativas, conferencias con antelación al juicio y vistas en su fondo de aquellos asuntos y recursos en materia civil asignados en las Salas de Recursos Extraordinarios del Centro Judicial de San Juan”. (Énfasis suplido). Regla 4, In re C. 15; Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., supra pág. 430. Nótese que la frase “sin limi-tarse” se circunscribe a aclarar que se podrá grabar cual-quier procedimiento a celebrarse en las salas de Recursos Extraordinarios del Centro Judicial de San Juan, sin limi-tarse a los específicamente mencionados. Bajo ninguna cir-cunstancia supone que la adopción de este Reglamento aplicaría a “otros” procedimientos más allá de los celebra-dos en estas salas civiles.

De igual forma, dispusimos en nuestra Resolución que al finalizar el año desde que entrara en vigor el programa experimental —1 de julio de 2013 — , este Tribunal haría una “evaluación exhaustiva de la efectividad del uso de cá-maras fotográficas y de equipo audiovisual de difusión por los medios de comunicación en los procesos judiciales que se celebren en dichas salas”. In re C. 15; Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., supra, págs. 427-428. De hecho, en aquella ocasión condicioné mi voto de conformidad a la enmienda al Canon 15 de Ética Judicial, supra, al hecho de que su aplicación se limitara exclusivamente al Programa Experimental por el término de un año, según adoptado en su correspondiente reglamento. Id.

En ese particular contexto fue que la Asociación de Pe-riodistas de Puerto Rico (ASPRO), el Taller de Fotoperio-dismo, Inc., la Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico y el Overseas Press Club (en conjunto, grupos periodísti-cos), presentaron una Petición Especial de Autorización al Amparo del Canon XV de los de Ética Judicial y del Pro-grama Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y Equipo Audiovisual en los Procesos Judiciales. En esta, solicitaron autorización para grabar y transmitir por cá-maras fotográficas y equipo audiovisual la vista de senten-cia señalada en el caso criminal que se dilucida en contra del Sr. Ángel Malavé Zayas.

Evaluada tal petición, el 4 de noviembre de 2013 emiti-mos una resolución mediante la cual una mayoría de este Tribunal declaró “con lugar” el petitorio sin trámite ulterior. Véase ASPRO et al., Ex parte I, 189 DPR 769 (2013). Inconforme con este proceder, en aquella ocasión hice constar las siguientes expresiones:

[...] proveería “no ha lugar” a la solicitud de los peticiona-rios, toda vez que la misma queda fuera del alcance de la Re-solución ER-2013-1 emitida por este Tribunal y el Reglamento del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográ-ficas y de Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales. En aquel momento, la decisión unánime de esta Curia fue establecer un Programa Experimental en las salas de recursos extraordinarios del Centro Judicial de San Juan. Conforme a lo allí dispuesto, al final de ese periodo, el cual culmina en julio de 2014, el Tribunal deberá evaluar exhaustivamente la efectividad del uso de los referidos equipos. Por lo tanto, resulta prematura cual-quier solicitud a los fines de ampliar lo que autorizamos me-diante la referida resolución, sin antes contar con el beneficio de una evaluación de ese periodo experimental. íd., págs. 770-771.

El 21 de noviembre de 2013 el señor Malavé Zayas, a través de sus representantes legales, compareció ante nos y solicitó que dejáramos sin efecto la autorización conce-dida a los grupos periodísticos. Véase Solicitud para que se Deje sin Efecto Autorización de Utilización de Cámaras Audiovisual y Transmisión de Procedimientos. En su co-rrespondiente solicitud, este argüyó que la Resolución adoptada por este Tribunal contraviene su derecho a un debido proceso ley, ya que nunca se le notificó del recurso ex parte, ni se le brindó la oportunidad de expresarse sobre el particular. Entiende que la autorización concedida para la grabación de la vista de sentencia le afecta directamente su derecho a un proceso justo e imparcial, particularmente ante la existencia de dos procesos criminales adicionales, con derecho a juicio por jurado, así como un proceso civil por jurado en el Tribunal de Distrito Federal relacionado a los casos criminales.

Por otra parte, expone que las organizaciones periodís-ticas solicitaron autorización para grabar los procedimien-tos al amparo del Canon 15 de Etica Judicial, supra, y del Reglamento del Programa Experimental, por lo que la so-licitud debió presentarse ante el Tribunal de Primera Ins-tancia, según establece el mencionado reglamento. Esta-blecen que el Reglamento dispone de una política pública sobre el uso de cámaras y otro equipo audiovisual en el contexto exclusivo y específico de las Salas de Recursos Ex-traordinarios del Centro Judicial de San Juan.

Ciertamente, coincido en parte con los planteamientos expuestos por la representación legal del señor Malavé Za-yas, particularmente en lo que respecta a la improcedencia de la solicitud presentada por el grupo periodístico al am-paro del inaplicable Reglamento del Programa Experimental. Nótese que aun si este fuese el cuerpo reglamenta-rio aplicable, como erróneamente concluye una mayoría de este Tribunal, la realidad es que la solicitud que realizaron los grupos periodísticos no estuvo conforme a sus disposi-ciones. Al respecto, la Regla 6 del Reglamento del Programa Experimental claramente dispone que todo medio de comu-nicación que interese tomar fotografías o grabar imágenes y audio con el propósito de difundir un proceso judicial deberá presentar una petición ante la Secretaría del Centro Judicial de San Juan, no ante este Tribunal. Esto denota con mayor claridad la inaplicabilidad del mencionado regla-mento, ya que sería totalmente improcedente solicitar auto-rización a la Secretaría del Centro Judicial de San Juan respecto a un proceso que se dilucida en el Centro Judicial de Caguas.

Lo anterior es tan sólo un ejemplo de la improcedencia de la solicitud presentada por los grupos periodísticos. Conforme a lo expuesto anteriormente, la enmienda que introdujimos al Canon 15 de Etica Judicial, supra, se hizo con el único propósito de hacer viable la implantación de un plan experimental aplicable exclusivamente a casos ci-viles que se diluciden específicamente en las Salas de Re-cursos Extraordinarios del Centro Judicial de San Juan. A pesar de ello, con afán y prisa desmedida, hoy una mayoría de los miembros de esta Curia ignora sus propias expresio-nes anteriores y autoriza la grabación y transmisión de un procedimiento criminal, para lo cual aún no hemos adop-tado reglamentación específica alguna. La grabación de los procedimientos como el que hoy autoriza este Tribunal era lo que precisamente iba a ser objeto de estudio una vez finalizara el plan experimental en julio de 2014. ¿Qué ne-cesidad había de adoptar un programa experimental si antes de éste culminar y recibir los resultados ya estamos autorizando procedimientos que ni tan siquiera fueron con-siderados?

Sobre este particular, vale cuestionarse: ¿dónde está el informe que nos permitiría evaluar con detenimiento el im-pacto de las cámaras sobre el desarrollo de los procesos judiciales y los efectos concretos sobre la actuación de los participantes antes de establecer permanentemente una política institucional a esos efectos? ¿Dónde quedó la nece-sidad de delimitar una política institucional responsable sobre el uso de cámaras fotográficas y equipo audiovisual en los tribunales a la que nos invitaba el Juez Presidente tan reciente como en abril? Véase In re C. 15; Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., supra, pág. 443, voto de conformidad del Juez Presidente Señor Hernández Denton. ¿Dónde quedó nuestro deber de “auscultar con detenimiento” y rea-lizar un “análisis sereno” sobre los derechos constituciona-les a la libertad de prensa, a un juicio rápido y público, y a la ventilación de un juicio ante un jurado imparcial? íd., pág. 446 esc. 2, voto de conformidad del Juez Asociado Se-ñor Estrella Martínez. Ciertamente, hoy una mayoría de este Tribunal abandona tales deberes y opta por apostar a un ejercicio de improvisación.

Contrario a lo que sugieren algunos, la evaluación de este programa experimental no debe limitarse a felicitacio-nes de pasillo y a que haya “tenido una excelente aceptación por parte de la prensa y de los dos jueces encargados de las Salas de Recursos Extraordinarios”. ASPRO et al., Ex parte I, supra, pág. 772, voto de conformidad del Juez Presidente Señor Hernández Denton. Necesitamos resulta-dos concretos que puedan ser objeto de estudio y análisis. El ambiente de respeto, solemnidad e imparcialidad, así como el orden y la buena conducta que debe imperar en todo proceso judicial, particularmente en uno de índole criminal, no se consigue mediante autorizaciones selectivas, improvisadas y desreglamentadas como las que avaló una mayoría de este Tribunal en el caso de autos.

Ahora bien, a pesar de mi postura sobre este particular, no puedo pasar por alto las desafortunadas expresiones emitidas por los representantes legales del señor Malavé Zayas en cuanto a que este Tribunal tomó su determina-ción en “cuartos obscuros”. Ello no tan solo es contrario a la verdad de lo que aconteció durante el proceso de evalua-ción de la petición presentada por los grupos periodísticos, sino que además transgrede la conducta ética y de respeto que debe imperar en nuestra profesión, aun cuando no co-incidamos con las posturas asumidas por este Tribunal.

II

Por los fundamentos antes expuestos, revocaría la auto-rización concedida a la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPRO), al Taller de Fotoperiodismo, Inc., a la Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico y al Overseas Press Club de grabar y transmitir el procedimiento de vista de sentencia en el caso de Pueblo v. Malavé Zayas, supra. Como tal proceder no fue el resultado que entendió correcto una mayoría de los miembros de este Tribunal, respetuosamente, disiento. 
      
       Esto porque la redacción del Canon 18, según adoptado en los Cánones de Ética Judicial de 2005 y reenumerado como Canon 15, no permitía la toma de foto-grafías, películas o videos en los procesos judiciales. Véase Canon XVII de Ética Judicial de 1977.
     
      
       Esta Regla 6 específicamente establece, en su parte pertinente, lo siguiente:
      “(a) Todo medio de comunicación que interese tomar fotografías o grabar imá-genes y audio con el propósito de difundir un proceso judicial deberá presentar una petición por escrito para utilizar cámaras fotográficas o equipo audiovisual de difu-sión dentro del salón del tribunal. Dicha petición se completará en el formulario provisto para ello y se presentará en la Secretaría del Centro Judicial de San Juan por lo menos diez días antes de la fecha asignada en el calendario para el inicio del proceso o tan pronto advenga en conocimiento del mismo. El tribunal podrá aceptar peticiones luego de iniciado el proceso o las que no cumplan con dicho término si determina que existe causa justificada”. In re C. 15; Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., 188 DPR 424, 432 (2013).
     