
    José García Gómez, demandante y apelante, v. R. Cacho & Co., demandada y apelada.
    No. 6112.
    
    Sometido: Junio 1, 1933.
    
      Resuelto: Junio 23, 1933.
    
      y. Polanco de Jesús, abogado del apelante; 8. O’Neill, abogado de la apelada.
   Ei. Juez Asociado Señob Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En nna acción de daños y perjuicios provenientes del embargo ilegal de cierta cantidad de arroz y azúcar, el juez de •distrito declaró sin lugar una moción de nonsuit y la de-mandada no presentó prueba alguna. El demandante apela de una sentencia adversa dictada tres días después. Podría admitirse que la mayoría de los daños alegados, si no todos,, eran demasiado remotos o no fueron establecidos en tal forma que ofrecieran una base satisfactoria para que se re-cobrara algo más que una suma nominal.

No podemos convenir con el juez de distrito en que la demandada estuvo justificada en embargar la propie-dad en cuestión. Podría ser cierto que el testimonio del mársbal que practicó el embargo fuese influido por el deseo de evadir responsabilidad por el embargo ilegal trabado y de imputar tal responsabilidad a la aquí demandada, de-mandante en la acción original. Empero, el caso no depende enteramente del testimonio del mársbal. Este es corrobo-rado en sus puntos principales, no sólo por el testimonio in-controvertido del aquí demandante, sino también por cier-tos becbos indisputados que la prueba documental revela. Cuando la aquí demandada señaló los bienes que debían em-bargarse en la acción original, ella bizo constar por escrito,, por información y creencia, que los demandados en dicho pleito habían vendido los bienes a José García. Cuando se permitió que García interviniera en el procedimiento original como reclamante de los bienes embargados, la aquí de-mandada, contestando la demanda de intervención, alegó que con anterioridad a la fecha en que se inició la acción original, ella había informado a García que Cruz Matos (uno de los demandados en el aludido pleito) era deudor de ella y le había dicho a él (a García) que si compraba dicho es-tablecimiento comercial debía hacerse cargo del crédito. La venta de Cruz Matos a García fué hecha por escrito. El documento estaba suscrito por las partes contratantes y por testigos en presencia de un notario, y el precio de la com-praventa fué pagado en efectivo en presencia de dicho no-tario y de los testigos. Este documento fué mostrado por García y examinado por el marshal y por uno de los miem-bros de la firma demandada, quien no obstante insistió en que el mársbal procediera a practicar el embargo. Luego, la demandada tenía conocimiento de la venta en perspectiva antes qne ella se consumara y había sido informada de sn consumación antes de obtener el mandamiento de embargo y antes de dar instrucciones escritas al marshal. Ella pudo-haberse cerciorado de todos los hechos y haber disipado toda posible duda que pudiera surgir en cualquier momento du-rante los diez o doce días que transcurrieron entre la fecha en que se hizo el traspaso y la fecha en que se practicó el embargo. En el momento de efectuarse el embargo {levy} se confrontó con evidencia escrita del traspaso, de los tér-minos del mismo y de la forma en que éste se había efec-tuado. Al momento de la incautación G-arcía también mos-tró el recibo creditivo del dinero pagado por él al municipio por una patente para explotar el negocio. La patente para vender cigarros y cigarrillos aun estaba a nombre del anterior dueño del negocio, mas los cigarros’ y cigarrillos m> fueron embargados. Ante estos hechos, no hubo excusa o justificación para proceder con el embargo.

La sentencia apelada debe ser revocada y en su lugar esta Corte dictará otra en favor del demandante por la suma-de $5.00 más las costas.  