
    Santos v. La Administración del Estado.
    Apelación procedente de la Sección 2® de la Corte Suprema de Justicia.
    No. 1.
    Resuelto en Noviembre 6, 1899.
    Jurisdicción Contenciosa. — Las cuestiones que vei'sen sobre la manera de cumplir las sentencias ejecutorias dictadas por el Consejo de Estado, y sobre las responsabilidades en que pueda incurrir la administración por el incumplimiento de las mismas, corresponden á la competencia de la juris-dicción contencioso administrativa, cuando lian sido objeto de providencia de carácter administrativo, que ha causado estado y que haya sido recu-rrida en tiempo y forma.
    Productos de Fincas embargadas. — Ordenada la devolución de una finca embargada por la Intendencia General de Hacienda, con las cantidades ingresadas en concepto de productos ó rendimientos de la misma, por el tiempo que duró el embargo, ha de entenderse que la Tesorería viene obligada, solamente, al pago de aquellas cantidades que realmente hubie-ren ingresado por tal concepto, no siendo responsable por los rendimientos que hubiera podido producir dicha finca, ni por aquellos que no hubieran ingresado en Tesorería.
    Sentencias del Consejo de Estado. — La Tesorería no es responsable en concepto de daños y perjuicios por incumplimiento de una sentencia del Consejo de Estado cuando hubiere procedido con sujeción estricta y literal á los términos de la misma. - ' .
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    El presente es un pleito contencioso administrativo pro-movido por Don Felipe Santos por su propio derecho, como heredero de Don José María Santos, contra la Administra-ción del Estado, representada por el Sr. Fiscal, sobre reso-lución de la extinguida Intendencia General de Hacienda, de 22 de Agosto de 1893, que dispuso quedase rectificada la liquidación practicada, y que habiendo sido los productos de la estancia embargada á Don José María Santos, desde el momento del embargo, disfrutados por sí y sus herederos, quedaba cumplimentada la sentencia del Tribuual Conten-cioso, pendiente ante este Tribunal Supremo de apelación establecida por Don Felipe Santos contra la sentencia que dictó la Sección 2* de la suprimida Corte Suprema de Justi-cia, que revocó la resolución impugnada, y que manda que se rectifique la liquidación practicada por la Intendencia y que se incluyan en ella los productos de la finca embargada, y depositada desde el 8 de Abril de 1868 al 19 de Junio de 1892, en que fué entregada, á razón de cien pesos anuales, que se comprenderán en los próximos presupuestos, cuya sentencia contiene los siguientes resultandos:
    1? Resultando: que la Hacienda Pública embargó á Don José María Santos, por responsabilidades subsidiarias y como testigo de abono, en 8 de Abril de 1868, entre otros bienes, una estancia radicada en la jurisdicción de Trujillo Alto, barrio de las “Cuevas”, quedando la finca en depósito y admi-nistración, primeramente, de Don Facundo Morales y después de Don Ramón Sánchez López, hasta el 19 de Junio de 1892, en que se le devolvió.
    2? Resultando: seguido pleito por la Sucesión de Don José María Santos, en vía contencioso administrativa, contra la Hacienda Pública, el Consejo de Estado, por Real'Decreto sentencia de 31 de Agosto de 1878, confirmó la sentencia apelada, declarando que la obligación de Don José María Santos se reducía á la diferencia que resultase entre el producto en venta de la estancia hipotecada y la cantidad de siete mil quinientos pesos que dicha finca garantizaba en hipoteca á favor del Tesoro; mandando, además, se prac-ticase liquidación de las sumas ingresadas en Tesorería, por razón de los bienes y derechos embargados á Santos, debiendo computarse al efecto, como entregado, el importe de los jornales que hubiesen podido devengar los siervos desde su entrada en depósito hasta que cesó el trabajo obligatorio de ellos el día de la emancipación; que cubierta así la obligación en su caso, se alzaran inmediatamente los embargos, devolviéndose el sobrante y de no ser así, se aplique á dicha obligación, en cuanto sea necesario por su órden, la indem-nización procedente de los siervos embargados en la parte que haya debido percibir dicha sucesión.
    3? Resultando: que la Intendencia, en su consecuencia, practicó la liquida-ción de las sumas ingresadas en Tesorería por razón de los bienes y derechos' embargados á Santos, pero excluyendo los productos de la estancia embargada, á contar desde el 8 de Abril de 1868, en que fué ocupada por el depositario administrador de la Intendencia, y seguido nuevo litigio contencioso adminis-trativo á nombre de la sucesión Santos, recayó otra sentencia del Consejo de Estado, de fecha 8 de Mayo de 1890, por la que, revocando la sentencia apelada, se ordenó la rectificación de la liquidación practicada por la Inten-dencia General de Hacienda, incluyéndose en ella las cantidades que hubiesen ingresado en poder del Depositario Administrador, Don Ramón Sánchez López, en concepto de productos ó rendimientos de la finca embargada.
    4? Resultando: que la Intendencia, en vista de esta segunda sentencia, siguió el expediente administrativo sobre justiprecio pericial del producto líquido anual, por término medio de la referida estancia embargada, habiendo el perito tercero dirimente estimado dicho producto en seiscientos setenta y tres pesos treinta y siete centavos, el perito de la Hacienda en ciento nueve pesos y el del 'demandante en mil setenta y tres pesos anuales, con cuyo resul-tado la Intendencia, en 24 de Agosto de 1893, tomando en consideración que los productos de la finca, si alguno ha tenido de sú percepción y disfrute, se •ha aprovechado la sucesión de Don José María Santos: que abonados metáli-camente los productos de los jornales de los siervos en cantidad de mil treinta y siete pesos ochenta y cuatro centavos, y que, además, la expresada cantidad le valió de abono y descargo de su deuda que según el acta de ratificación de embargo de la finca en 14 de Mayo de 1868, Sautos declaró que consta de setenta y cinco cuerdas de maleza y pasto y que el nombramiento de peritos tasadores no puede conducir al cumplimiento de la sentencia que únicamente, en esa parte, dice que se incluya en la liquidación la cantidad que haya ingresado en poder de Don Ramón Sánchez López, en concepto de producto ó rendimiento, resolvió dicho centro que quedando rectificada la liquidación, y habiendo sido los productos de la estancia embargada á Santos, desde el momento del embargo, disfrutados por sí y sus sucesores, quedaba cumplida la sentencia del Tribunal Contencioso, al cual se remitirían los documentos necesariqs para su justificación.
    5? Resultando: que contra esta resolución estableció la Sucesión Santos recurso Contencioso administrativo y rechazado de plano dicho recurso por el Tribunal local de esta Isla, se alzó de ello dicha sucesión para ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por el cual se mandó sustanciar y resolver este recuíso, con arreglo á derecho.
    6? Resultando: que reclamado y recibido que fué el expediente guberna-tivo se puso de manifiesto al actor, el cual dedujo demanda Contencioso administrativa contra la mencionada resolución, consignando sustaricialmente, en los puntos de hecho, cuanto se deja expuesto y consta del expediente admi-nistrativo, y como fundamentos legales invocó los artículos 1 y 2 de la Ley de lo Contencioso Administrativo y además el 4? y 32; añadiendo qne las sen-tencias deben cumplirse literalmente : que no fué error involuñtario eludir la obligación impuesta por la sentencia de 8 de Mayo de 1890 : que la Inten-dencia debió sujetarse al resultado del juicio pericial que propuso, y que los perjuicios causados deben indemnizarse. Y concluye suplicando se revoque la resolución de la Intendencia General de Hacienda de 24 de Agosto de 1893, dejándola nula y de ningún valor, mandando en su consecuencia que se rectifique la liquidación hecha por la misma, según , su citada resolución, y que se incluya entre las partidas de la misma liquidación, los productos de la finca embargada desde el día en que tuvo lugar el embargo, hasta el en que fué devuelta á la Sucesión de Don José María Santos, al respecto de la cantidad anual fijada por el perito tercero, en seiscientos setenta y tres pesos treinta y seis centavos, mandando á su vez que el importe de la liquidación se incluya en los próximos presupuestos de los gastos del Estado de la Isla de Puerto Rico, condenando, además, á la Hacienda á la indemnización de daños y perj uicios y al pago de las costas.
    7? Resultando: que conferido traslado de la demanda, el Fiscal articuló incompetencia, la que tramitada fué rechazada en primera y segunda instancia, mandando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo sustanciar y termi-nar con arreglo á derecho la expresada demanda, y conferida nueva vista al representante de la administración, para contestar en el fondo, expuso como hechos.: no estar conforme en que la Intendencia no practicara la liquidación dispuesta, pues el mismo demandante así lo reconoce en los hechos 2 y 3 de su escrito, que la liquidación se practicó y fué notificada á la sucesión: que la Intendencia ajustándose al fallo supremo de 1890, rectificó su anterior liquidación y no incluyó los productos de la finca embargada, porque no los percibió, sino la Sucesión Santos, quienes pagaron las contribuciones y disfru-taron lo poco que pudo producir: que la peritación no supone obligación alguna por parte de la Hacienda tocante á productos que no ha recibido; que ninguna Autoridad de este orden puede obligar á la Hacienda á volver sobre su resolución, sin previa declaración competente de derecho de la suce-ción Santos, sobre el importe de los productos reclamados, aceptando en lo demás los hechos establecidos por el actor; y como fundamentos legales, invocó los artículos 48, 4 y 46 de la Ley de lo Contencioso y las sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 9 de Abril, 18 de Febrero y 18 de Diciembre de 1890, 9 de Julio de 1891 y 18 de Marzo de 1892, así como la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de Mayo de 1892; pidiendo para-definitiva, se absuelva á la Administración con las costas al demandante.
    8? Resultando: que á petición de las partes se abrió el juicio á prueba y se practicaron solo las propuestas por el demandante, consistente en la agre-gación de copia certificada acreditativa de que la sucesión Santos nunca lia estado avecindada en Trujillo Alto y otra certificación de una de las piezas del expediente administrativo que contiene las diligencias de embargo practi-cado en la estancia de Don José María Santos, en la persona de Don Ramón Sánchez López, como Depositario Administrador, de orden de la Intendencia, diligencia de entrega de la finca 19 de Junio de 1892, y otras de tramitación.
    9? Resultando: que agregadas las pruebas susodichas á los autos, se celebró la vista de este pleito en cuyo acto- el defensor del demandante y el Fiscal alegaron invoce cuanto estimaron conducente á su derecho.
    10? Resultando: que para mejor proveer, se solicitó de la Alcaldía de Trujillo Alto noticia de los productos que se calcularon á dicha finca para la imposición de la contribución desde el año 1867, hasta el presente, y aunque en el cumplimiento no se sujetó á lo solicitado, dicho Alcalde, aparece que desde el año 1877 al 1899, el máximun de renta líquida calculada alcanzó á la suma de ciento veinte y cinco pesos y el mínimun, á cuarenta y seis pesos.
    11? Resultando: que puesto de manifiesto á las partes el resultado de la anterior diligencia, transcurrió el término de tercero día sin alegarse cosa alguna respecto de su alcance é importancia.
    12? Resultando: que en la tramitación de este pleito se han observado las formas y trámites del procedimiento”.
    Aceptando los anteriores Resultandos:
    
    Y además:
    
      Resultando: que practicadas diligencias en el expediente gubernativo en virtud de las reclamaciones de Don Felipe Santos para la rectificación de la liquidación practicada é inclusión en 1a- misma de los productos de la estancia embar-gada, se requirió al Depositario Don .Ramón Sánchez Lopez' para la rendición de cuentas, habiendo presentado escrito de 30 de Enero de 1891, en el que expuso que había sido nom-brado Depositario de 1.a finca perteneciente á la Sucesión Santos, radicada- en el barrio de las “Cuebas”, jurisdicción de Trujillo Alto; que este depósito tuvo lugar hacía unos 21 años; que nunca había cultivado la finca, ni ésto se le había ordenado por la Administración; que el depósito fué hecho por mera fórmula, que la Sucesión Santos continuó usufruc-tuándola como ántes, que las contribuciones fueron pagadas por la misma y que de haber ocurrido de otro modo las cosas se le hubiera obligado á rendir cuenta periódicamente.
    
      Resultando: que seguida la misma averiguación, declaró en 2 de Marzo del 91 Don Facundo Morales, que había visto 5 á 6 años cultivaba la finca Hemenegildo Santos, hijo de Santiago del mismo apellido, y en 18 de Abril siguiente declararon Don Emilio y Don Vicente Betancourt, el pri-mero de ellos, colindante de la finca, expresando que sabían y les constaba que dicha finca había sido cultivada por sus dueños hacía unos 14 años, más ó menos.
    
      ■Resultando: que en 1? de Junio del mismo año declaró Don Felipe Santos que nadie había cultivado los terrenos, porque desde la muerte de su padre, que se llevó el Deposi-tario Sánchez López los sirvientes de la finca, se puso de veedor á Don Escolástico Castro para evitar el destrozo de la finca y luego, con el propio objeto, á Don Julián Ríos y Don Emeterio Zayas, siendo la muerte de su padre el 2 de No-viembre del año 68, y por tanto, como estaba el predio en situación de embargo, no se ha cultivado, habiendo pagado las contribuciones por no perder el derecho de propiedad, y nada absolutamente ha producido, y si alguna plantación menor se ha cultivado, habrá sido para el sostenimiento del veedor.
    
      Resultando: que después de estas diligencias y para mayor esclarecimiento á fin de que hubiera una base segura para la resolución que después se dictase, se propuso á la Intendencia y ésta aprobó en 12 de Diciembre de 1891, que se practicara la tasación por peritos, de que consta hecha referencia.
    
      Resultando: que la Sección 2a de la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia en 2 de Junio del corriente año revocando la resolución de la Intendencia y disponiendo se rectificase la liquidación y que se incluyeran en la misma los productos de la finca embargada, desde el 8 de Abril de 1868 al 19 de'Junio de 1892, al respecto de cien pesos mensuales, debiendo comprenderse el importe de la liquidación en los próximos presupuestos de gastos de la Isla, que forme la Secretaría’-de Hacienda, á la cual se condená' en las costas.
    
      Resultando: que contra esta sentencia interpuso apelación Don Felipe Santos, en escrito presentado en 9 de Junio, por lastimar sus derechos derivados de los méritos del procedi-miento, no solo en punto á la cantidad que se adeuda, sino también á los daños y perjuicios reclamados, cuyo recurso fué admitido, en ambos efectos, por auto de 15 de Julio siguiente, notificado debidamente á las partes.
    
      Resultando: que recibidos los autos en este Tribunal Supremo, se personó Don Felipe Santos y se siguió con él y con el Fiscal, en representación de la Administración, la tramita-ción correspondiente y como término de la misma se citaron las partes para sentencia, con señalamiento de día para la vista, el 25 de Octubre último, en el que tuvo lugar, habiendo informado el Letrado Don Rafael López Landrón en repre-sentación del apelante, y el Fiscal, por la Administración pública.
    Abogado del apelante: Sr. López Landrón.
    
    Abogado del apelado: Sr. Romeu,, Fiscal.
    
   El Juez Asociado (interino) Sr. Falo,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la siguiente opinión del Tribunal:

Considerando: respecto á la excepción de incompetencia propuesta por el Fiscal en su escrito de contestación á la demanda, que atendida la índole de las reclamaciones que en esta se establecen, en las que no se ventila ninguna cues-tión de propiedad, sino simplemente la manera de cumplir la sentencia ejecutoria dictada por el Consejo de Estado y las responsabilidades en que haya podido incurrir la Admi-nistración por el incumplimiento de la misma, según el demandante, es de la competencia de la jurisdicción con-tencioso administrativa la resolución de las expresadas cues-tiones, cuando, como en el presente caso, han sido objeto de una providencia de carácter administrativo que ha causado estado y contra la cual se ha interpuesto en tiempo el recurso que la ley establece.

Considerando: con respecto al fondo de la demanda, que la materia de este pleito contencioso administrativo consiste en el cumplimiento del decreto sentencia del Tribunal Con-tencioso de 8 de Mayo de 1890, debiendo, por tanto, estarse estricta y literalmente 'á los términos de su resolución.

Considerando: que por dicha sentencia se dispone, única-mente, la inclusión en la liquidación de las cantidades ingre-sadas en poder del depositario administrador Don Ramón Sánchez López, en concepto de productos ó rendimientos de la finca embargada, y consta, hasta por manifestación del propio demandante, que la estancia de Trujillo nada pro-dujo, por lo cual ningún rendimiento ha podido ingresar en poder del Depositario, ni debe ser incluido en la liquidación.

Considerando: que el acuerdo de la Intendencia dispo-niendo la tasación de los productos de dicha finca, ni pudo alterar la forma del expresado decreto sentencia, ni tampoco, por los motivos por los que se dispuso, creó ni declaró derecho alguno á favor de la sucesión Santos, habiendo solo sido dispuesta para el mayor esclarecimiento y que pudiera servir de base á la resolución que luego se dictara.

Considerando„• que si por parte de la administración no se ha faltado al cumplimiento de la ejecutoria, al no incluirse en la liquidación los productos supuestos de la estancia embargada, no ha podido incurrir en la responsabilidad de los daños y perjuicios que le reclama el demandante por el incumplimiento de aquélla, ni hay motivo para declarar nula la resolución de la Intendencia General de Hacienda, que es objeto del presente recurso.

Considerando: que por los términos en que la apelación fué establecida y admitida tiene el Tribunal Superior plená competencia para resolver sobre la materia del juicio, con arreglo á los términos de la demanda y de la contestación.

Vistos los artículos 1, 2 y 48 de la vigente Ley de lo Con-tencioso Administrativo y 1, 3 y 319 del Reglamento para la ejecución de la misma.

Fallamos: que debemos revocar y revocamos la sentencia apelada, y declarando sin lugar la excepción de incompeten-cia alegada por el Fiscal, y sin lugar también la demanda, absolvemos de ella á la Administración, dejando firme y subsistente la resolución de la Intendencia de 22 de Agosto de 1893, sin especial condenación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos Hernández, Morera, y Acuña (Francisco de P.)  