
    
      In re Wilfredo Zayas Nieves, querellado.
    
      Número: CP-2009-6
    
      Resuelto: 9 de marzo de 2011
    
      
      María A. Hernández Martín y Edna Evelyn Rodríguez Benitez, procuradoras generales auxiliares, Leticia Casalduc Rabell y Zaira Z. Girón Anadón, subprocuradoras generales, abogadas de la parte querellante; Juan Pizá Ramos, 
      abogado de la parte querellada; Wilfredo Zayas Nieves, pro se; Crisanta González Seda, comisionada especial.
   PER curiam:

El Ledo. Wilfredo Zayas Nieves fue admitido al ejercicio de la profesión legal el 28 de junio de 2000. Esta controver-sia se relaciona con su desempeño profesional durante el trámite apelativo en el caso Pueblo v. Eliezer Santana Báez, KLAN 200500054. Pasemos a repasar los hechos de este caso.

I

El licenciado Zayas Nieves compartía oficina junto con el Ledo. Arturo Dávila Toro y otros abogados para la fecha de los hechos que le sirven de trasfondo a este caso. El licenciado Dávila Toro fue abogado del querellante, Sr. Eliezer Santana Báez, en un proceso penal en el cual este último fue convicto y sentenciado el 13 de diciembre de 2004. El licenciado Zayas Nieves no participó en la defensa del señor Santana Báez.

Una vez recayó sentencia, la apelación se tramitó en la oficina del licenciado Dávila Toro. El quejoso pagó al licen-ciado Dávila la cantidad de $3,400 para que presentara la apelación. El licenciado Zayas Nieves no recibió honorarios por parte del señor Santana para tramitar el recurso de apelación ni mantuvo una relación abogado-cliente con este antes de presentar la apelación.

El licenciado Zayas Nieves ayudó en la preparación del escrito y lo firmó, según este indica, “a petición del Ledo. Dávila Toro, sin saber que se estaba presentando el escrito un día tarde”. Además, presentó el recurso ante el Tribunal de Apelaciones y él fue el único abogado que lo firmó.

El Tribunal de Apelaciones desestimó la apelación por falta de jurisdicción, al haberse presentado fuera del tér-mino provisto para ello. Posteriormente, nos negamos a revisar el dictamen del foro apelativo intermedio.

Luego de nuestro dictamen, el señor Santana Báez pre-sentó una moción ante el Tribunal de Apelaciones titulada Moción bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil. El foro intermedio acogió la moción presentada como una moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, y devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia para que considerara la moción presentada. El foro primario proveyó “no ha lugar” a la petición del señor Santana Báez. Este acudió nuevamente en alzada y el tribunal apelativo intermedio, con la anuencia de la Oficina del Procurador General, ordenó al tribunal de instancia que considerara si se le había privado al convicto de su oportunidad para apelar el fallo condenatorio, por haberse presentado su recurso fuera del término provisto para ello. El tribunal de instancia, en esta ocasión, le nombró nuevos abogados de oficio al señor Santana Báez y, luego de una vista, procedió a resentenciarlo por los mismos delitos que ya había sido encontrado culpable y sentenciado el 13 de diciembre de 2004. El Ministerio Fiscal no se opuso a que se resentenciara al señor Santana Báez.

En el ínterin, el señor Santana había presentado una queja ante este Tribunal contra el licenciado Zayas Nieves para alegar que perdió su derecho a apelar por la negligen-cia del abogado. Referimos la queja presentada a la Oficina del Procurador General y eventualmente le ordenamos que presentara una querella. La Procuradora General presentó la querella correspondiente en jimio de 2009 y le imputó al querellado violación a los Cánones 18 y 26 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

El querellado contestó la querella presentada. En su es-crito, luego de relatar su relación con el señor Santana Báez, nos indicó que trató de ser diligente en “los trámites de apelación, pero por un error en el cómputo de los días, fue desestimado, lo que en ese momento nos sorprendió y actualmente reconocemos y lamentamos”. Posteriormente nombramos a la Leda. Crisanta González Seda comisio-nada especial, para que recibiera la prueba correspon-diente y emitiera un informe con sus conclusiones y recomendaciones.

El caso quedó finalmente sometido ante la Comisionada Especial por su expediente. Esta nos rindió su informe el 8 de noviembre de 2010. La Comisionada concluyó que se configuraron las violaciones éticas imputadas. El quere-llado no replicó al Informe de la Comisionada Especial, por lo que estamos en posición de resolver.

II

A. El Canon 18, supra, recoge el deber de diligencia de todo abogado en la atención de los asuntos de sus clientes. In re Dávila Toro, 179 D.P.R. 833 (2010). Este deber impone al abogado la obligación de desempeñarse de forma capaz y diligente cuando se encuentra inmerso en un asunto que conlleva defender los intereses de su cliente. En esta tarea, debe desplegar siempre sus conocimientos y habilidades de aquella forma que la profesión jurídica, en general, estime adecuada y responsable. In re Castro Colón, 177 D.P.R. 333 (2010). En innumerables ocasiones hemos puntualizado que el abogado incumple con este deber cuando asume una representación legal consciente de que no puede rendir una labor idónea y competente, o que no puede prepararse adecuadamente para el caso sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia. Véanse, entre otros: In re Dávila Toro, ante; In re Meléndez Figueroa, 166 D.P.R. 199 (2005); In re Collazo I, 159 D.P.R. 141 (2003).

Es responsabilidad de los profesionales del Derecho actuar con diligencia en la representación de su cliente, por lo que aceptar un encargo de este presupone el compromiso de prestarle entera atención a sus asuntos. Y como dijimos en In re Dávila Toro, ante, esta “dedicación no puede estar subordinada al cobro de los honorarios o a cualquier otra circunstancia personal como, por ejemplo, una excesiva acumulación de trabajo”. In re Dávila Toro, ante, pág. 841, citando a A. Aparisis Millares, Ética y Deontología para Juristas, Pamplona, Eds. U. de Navarra, 2006, pág. 302.

En In re Hoffman Mouriño, 170 D.P.R. 968, 980-981 (2007), aseveramos categóricamente que todo abogado debe llevar a cabo “[s]u gestión profesional ... aplicando ... sus conocimientos y habilidades, y su desempeño profesional [de forma] adecuadla], responsable, capaz y [eficaz]”. Véanse, además: In re Collazo Maldonado, supra; In re Alonso Santiago, 165 D.P.R. 555 (2005); In re Grau Díaz, 154 D.P.R. 70 (2001). Allí nos reiteramos en que aquella actuación negligente que pueda conllevar, o en efecto conlleve, la desestimación o el archivo de un caso se configura, de suyo, en violación del citado Canon 18. In re Hoffman Mouriño, ante. Véanse, además: In re Dávila Toro, ante; In re Guadalupe, Colón, 155 D.P.R. 135, 154-155 (2001).

También hemos indicado lo siguiente: “Los abogados, como oficiales del tribunal, tienen una función revestida de gran interés público que genera obligaciones y responsabilidades duales para con sus clientes y con el tribunal en la administración de la justicia. ... Ello les impone el deber de asegurarse que sus actuaciones dentro de cualquier caso en que intervengan estén encaminadas a lograr que las controversias sean resueltas de una manera justa, rápida y económica.” In re Hoffman Mouriño, supra, pág. 891. Es por ello que el deber de diligencia profesional del abogado es del todo incompatible con la desidia, despreocupación y displicencia. In re Padilla Pérez, 135 D.P.R. 770, 776 (1994).

El deber de diligencia constituye una obligación básica y elemental del abogado hacia su cliente. In re Dávila Toro, ante, pág. 842. Es este un deber ético destinado a preservar no sólo la lealtad al interés defendido, sino también al “crédito social que demanda la alta función que desempeña y que, como bien jurídico supremo, sustenta en última instancia la suma deontológica de la profesión”. R. Del Rosal, Normas deontológicas de la abogacía española: una doctrina construida a partir del ejercicio de la competencia disciplinaria, Madrid, Ed. Civitas, 2002, pág. 183. Esta obligación ética que no sufre modificación “cuando la defensa se ejerce de oficio, ... pues resulta exigible exactamente la misma diligencia que si la defensa le hubiera sido encomendada por su cliente de forma particular”. (Enfasis nuestro.) Id.

B. El Canon 26 del Código de Ética Profesional, supra, establece que, de ordinario, ningún abogado tiene la obligación de representar a determinado cliente. Por lo tanto, todo abogado tiene el derecho a aceptar o rechazar una representación profesional, por lo que en su gestión debe obedecer siempre a los designios de su propia conciencia y no los de su representado. En In re León Malavé, 172 D.P.R. 1036 (2008), reseñamos que la profesión de abogado exige la mayor responsabilidad y, de incurrirse en actos u omisiones negligentes en el ejercicio de esta labor, no cabe un relevo de responsabilidad.

Conviene que reseñemos en algún detalle lo ocurrido en In re Siverio Orta, 117 D.P.R. 14, 17 (1986), por su relevancia a la controversia que hoy atendemos. En este caso, el Ledo. Carlos E. Siverio Orta compareció al tribunal en un pleito civil en varias ocasiones en sustitución del Ledo. Wilfredo Géigel, quien era el abogado de la parte demandante en ese pleito. Además, el licenciado Siverio firmó la de-manda instada así como varias mociones. El licenciado Géigel renunció a la representación legal del demandante, la cual el tribunal aceptó. El licenciado Siverio Orta nunca renunció a la representación legal en el caso. Eventual-mente, la demanda se desestimó por la incomparecencia del demandante por sí o por su abogado, a pesar de que se le había apercibido que de no comparecer se desestimaría el pleito.

El demandante presentó una queja contra ambos aboga-dos ante este Tribunal. El licenciado Siverio Orta adujo en su defensa que sus comparecencias al tribunal obedecían a que le unían al licenciado Géigel estrechos lazos de amis-tad y aprecio y deseaba ayudarle. En ese caso entre el de-mandante y el licenciado Siverio Orta no hubo contrato de representación legal, ni medió pago de honorarios. Véase In re Siverio Orta, ante, pág. 17.

Al evaluar la conducta del licenciado Siverio Orta concluimos que éste había faltado al Canon 26 del Código de Etica Profesional, supra. Al así resolver indicamos, basándonos en el Canon 26, que “ ‘una vez el abogado comparece ante un tribunal en representación de una parte, no puede dejar de descargar su responsabilidad con la debida diligencia, independientemente de la razón por la cual la asumió. Bajo estas circunstancias la parte se convierte en su cliente ante el tribunal y frente a los Cánones de Ética’ ”. íd., citado en In re Siverio Orta, supra, pág. 17. Aseveramos lo siguiente:

Los sentimientos de amistad, aunque laudables, no pueden interferir con el deber del abogado para con la justicia y el buen funcionamiento del sistema judicial. Una vez el abogado Siverio Orta firmó y presentó la demanda asumió ante el tribunal al responsabilidad indelegable de llevar a cabo es ges-tión profesional con el más alto grado de diligencia y compe-tencia posible. Su responsabilidad como abogado para con el tribunal no dependía ni podía depender de las circunstancias bajo las cuales asumió la representación profesional. (Enfasis nuestro.) In re Siverio Orta, ante, pág. 19.

En In re Siverio Orta, supra, pág. 19, limitamos nuestra sanción a una amonestación. Al así determinar, indicamos:

Tomando en consideración que las actuaciones del abogado Siverio Orta fueron motivadas por la equivocada creencia de que el señor Rivera Valencia no era su cliente, creencia que también compartía este señor, y que su proceder no se debió a incompetencia o desidia, lo amonestamos y advertimos que en el futuro este Tribunal no tolerará este tipo de conducta .... (Énfasis suprimido.) íd.

Con este trasfondo doctrinal pasemos a atender la con-troversia ante nuestra consideración.

III

Como reseñamos previamente, hemos resuelto que la presentación tardía de un recurso ante un foro apelativo que conlleve su desestimación se configura como una violación ética del abogado. La explicación del abogado de que el quejoso no era su cliente y que su intervención se limitó a ayudar en la preparación del recurso, no es del todo correcto, como tampoco lo exime de responsabilidad. Como se indicó, el licenciado Zayas Nieves firmó la apelación y la presentó ante el Tribunal de Apelaciones, siendo él el único abogado que firmó el escrito. Al presentar el recurso con su firma ante el foro apelativo intermedio, el abogado debió saber que con ese acto el señor Santana Báez se convertía en su cliente, por lo que no puede eludir las resultas de una gestión legal deficiente. Ese fue precisamente nuestro razonamiento en In re Siverio Orta, ante, y por lo cual amonestamos al abogado en ese caso.

Con lo cual, aim cuando el licenciado Zayas Báez no hubiese acordado explícitamente con el quejoso que le re-presentaría en la etapa apelativa de su caso, una vez firmó el escrito de apelación, en efecto, se convirtió en su cliente y desde ese momento debía descargar responsable y diligentemente su gestión profesional. Parafraseando nuestras expresiones en In re Siverio Orta, supra, una vez el licenciado Zayas Nieves firmó la apelación asumió ante el foro apelativo intermedio la responsabilidad indelegable de llevar a cabo su gestión profesional con diligencia y competencia. Claramente ello no ocurrió, pues la apelación se presentó tardíamente y el caso fue desestimado. Ello nos lleva a concluir, al igual que a la Comisionada Especial, que el querellado incurrió en las faltas éticas que se le imputan. Solo nos resta determinar la sanción que se ha de imponer.

Al determinar la sanción disciplinaria que pro-cede imponer cuando un abogado que ha incurrido en conducta reñida con los postulados éticos que guían el desempeño en la profesión legal, hemos tomado en cuenta los factores siguientes: (i) la buena reputación del abogado en la comunidad; (ii) su historial previo; (iii) si ésta constituye su primera falta y si alguna parte ha resultado perjudicada; (iv) la aceptación de la falta y su arrepentimiento sincero; (v) si se trata de una conducta aislada; (vi) el ánimo de lucro que medió en su actuación; (vii) el resarcimiento al cliente, y (vii) cualesquiera otras consideraciones, ya bien atenuantes o agravantes, que medien según los hechos. Véanse: In re Vélez Barlucea, 152 D.P.R. 298, 310-311 (2000); In re Padilla Rodríguez, 145 D.P.R. 536 (1998). Estos criterios nos sirven de guía al determinar la sanción que procede imponer.

El licenciado Zayas Nieves lleva diez años ejerciendo la profesión de abogado y de notario. No consta en su expe-diente ni quejas ni querellas por su gestión profesional. En su contestación a la querella, aceptó su responsabilidad y lamentó que su conducta hubiera provocado la desestima-ción de la apelación. Por otro lado, no hay evidencia de que éste hubiera recibido honorarios por su gestión en el caso del quejoso.

De otra parte, el quejoso logró ser resentenciado con la anuencia del Ministerio Público el pasado agosto, luego de que el foro de instancia determinara que no tuvo una re-presentación legal apropiada en el proceso apelativo que dio base a esta querella. Ello le brindó al señor Santana Báez una segunda oportunidad de plantear sus argumen-tos en apelación, lo que ya hizo el 15 de septiembre de 2010.

Al sopesar todo lo anterior, censuramos al Ledo. Wil-ffedo Zayas Nieves por su conducta. Le advertimos que en el futuro deberá ser más cuidadoso con el trabajo que desempeña.

Se dictará sentencia de conformidad. 
      
       La relación de hechos la tomamos del informe que nos rindiera la Comisio-nada Especial que designamos para recibir la prueba. Este recoge, entre otras cosas, las estipulaciones de hechos acordadas por las partes que se incluyeron en el informe sobre conferencia preliminar entre abogados sometido ante la Comisionada Especial.
     
      
       El licenciado Siverio Orta firmó, junto al Ledo. Wilfredo Géigel, abogado del demandante, la demanda instada, presentó una moción en la cual sometía el arancel y compareció en otras instancias en incidentes de menor importancia, usualmente señalamientos que se suspendían. La demanda en este caso se había presentado en el Municipio de Arecibo donde el licenciado Siverio Orta tenía su oficina, mientras que la del licenciado Géigel ubicaba en Santurce.
     