
    Gonzalo Fernós y Luz López, demandantes y apelados, v. Municipio de San Juan, representado por su alcalde, Hon. Roberto H. Todd, demandado y apelante.
    No. 5677.
    
    Sometido: Junio 22, 1931.
    
      Resuelto: Julio 7, 1931.
    
      E. Font Suárez, abogado del apelante; Molina, Bubón & Ochoteco, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Senos. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes se quejaron dp una zanja y de una tubería de concreto colocada en su propiedad sin sn consentimiento, y entablar on. pleito para qne se declarase la inexistencia de una servidumbre y por daños y perjuicios, contra el municipio de San Juan, representado por su alcalde Roberto BL Todd. El municipio compareció por su abogado y exeepcionó la demanda. La excepción fue desestimada. Posteriormente, los demandantes hicieron que el secretario tomara razón de la rebeldía del demandado. El caso fue puesto en calendario, y la corte lo vió, fallándolo a favor de los demandantes y resolviendo que no existía servidumbre alguna, que los demandantes no la habían consentido, y que el municipio debía remover la tubería, etc. Durante el juicio, el demandado sólo compareció para impugnar el derecho de los demandantes a demandar al municipio, bajo las circuns-tancias.

Esta defensa se basa en la sección 29 de la Ley Municipal, Leyes de 1928, página 357, que entre otras cosas dispone:

“En. ningún procedimiento o acción en que sea parte el muni-cipio representado por el Alcalde, podrá éste allanarse a la demanda, o dejar de contestarla ni someter dicha acción o procedimiento a arbitraje, sin el consentimiento de la Asamblea Municipal. .

Los demandantes nos piden que desestimemos la apela-ción por frívola.

La corte inferior resolvió que si el artículo citado pre-valeciera para impedir pleitos, un municipio demandado podría, a su arbitrio, demorar esos pleitos, y la ley sería inconstitucional en ese particular. Evidentemente, la corte tiene razón. Ese artículo debe interpretarse como una mera medida directiva que restringe al alcalde. No puede soste-nerse que sea un impedimento al derecho a demandar. Des-cartando ciertas excepciones que es innecesario considerar, los municipios deben responder de sus culpas y cumplir sus obligaciones al igual que otras personas. Algo de esto llegó a ser aparente recientemente por nuestra decisión en Serra, Garabís & Co. v. El Municipio de Río Piedras, pág. 468 de este tomo.

El apelante radicó un alegato sobre la proposición principal, en el que prometió estudiar más detenidamente la cuestión, pero no nos da motivo satisfactorio alguno para demorar a los demandantes, y la apelación debe ser desesti-mada por frívola.  