
    Molina v. Viuda de Martinez & Ca. Et Al.
    Casación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 28.
    Resuelto en Marzo 2, 1903.
    Tercería. — El Tribunal a quo, estimó que un contrato .de compra-venta de bienes inmuebles, otorgado entre el demandante y uno de los demandados en esta tercería, habla sido simulado, y celebrado en fraude de un crédito del otro demandado, y declaró nula la escritura en que tal contrato se con-signara. Se resolvió que para alegar con éxito error de hecho, en la apre-ciación de las pruebas de este caso, hay que demostrar evidentemente, por documento ó auto auténtico, que la deuda cuyo cobro gestiona el deman-dado defraudado, fué contraida con posterioridad á la fecha de la escritura de venta; que el precio de ésta fué recibido realmente por el vendedor; que éste se quedó con bienes bastantes para solventar tal deuda, y que el comprador no tenia conocimiento de ella.
    Pruebas. — No comete error de derecho el Tribunal que, aquilatando las de-claraciones de los testigos conforme á las reglas de la sana crítica, y apre-ciando, con arreglo á derecho, los demás elementos de-prueba traídos al juicio, niega valor alguno á lo consignado en un instrumento público.
    Nulidad de actos ó contratos. — La doctrina jurídica de que las accionas ó excepciones que se funden en la nulidad de un acto ó de una obligación ó documento público, no pueden ejercitarse debidamente, sin que se demande y obtenga préviamente la declaración de dicha nulidad, ha tenido aplica-ción en este caso, en que uno de los demandados solicitó se declarara sin lugar la tercería y nula la escritura de venta que le sirve de fundamento.
    Id. — La sentencia que declara nula una escritura de compra-venta, no por de-fectos de forma, sino por vicios que invalidan el contrato en ella consig-nado, declara implícitamente la nulidad del contrato á que dicha escritura se refiera.
    EXPOSICION DEL CASO.
    
      Resultando: que en juicio verbal civil seguido ante el Juzgado Municipal de Cíales, por la Sociedad Mercantil “Viuda de Martínez y Compañía” contra Don Julián Molina Olivero, en cobro de ciento cincuenta y cinco dollars, cincuenta y dos centavos, dictó sentencia el referido Juz-gado absolviendo al demandado, la que fué revocada en 12 de Julio de 1901, por la Corte de Distrito de Arecibo, con-denando al Molina Olivero al pago de la cantidad recla-mada y costas; y para la ejecución de ese fallo fueron em-bargadas, como de la propiedad del citado Molina Olivero, treinta cuerdas de terreno ubicadas en el barrio de "Pezas” del indicado pueblo, equivalentes á once hectáreas, setenta y nueve áreas y doce centiáreas, lindantes por el saliente con terrenos de Simplicia Nieves, Fernando Silva, Francisco Serrano, antes, y hoy "Viuda de Martinez y Compañía” y Sucesión de Ramón Rivera; por el Norte, con esa .misma Sucesión, y por el Sur y Poniente con Julián Molina; radi-cando en dichos terrenos una casa habitación, terrera, te-chada de tejamanil y construida con maderas del país, dé siete metros de frente por seis de fondo, un almacén de ma-deras del país, techado de paja de matojo y pencas de palma, y otra casa de maderas del país y techada de zinc, dedicada á tienda.
    
      Resultando: que por escritura.pública otorgada en el pueblo de Ciales á 17 de Marzo de 1901, ratificada por otra posterior, de 3 de Abril siguiente, Don Julián Molina Olivero vendió á su hijo Don Juan Molina Morales, por precio de cuatro mil quinientos pesos, de los que el vendedor confesó tener recibidos cuatro mil ciento veinte y cinco, quedando en poder del comprador los trescientos setenta y cinco res-tantes para satisfacer al Banco Español de Puerto Rico igual suma adeudada por el vendedor, siete porciones de te-rreno, entre las cuales figuraban una de seis cuerdas, equi-valentes á dos hectáreas, treinta y cinco áreas y ochenta y dos centiáreas, valoradas en doscientos pesos; otra de setenta y cinco céntimos'de cuerda, equivalentes á veinte y nueve áreas, cuarenta y ocho centiáreas, con casa de madera y almacén cobijado de paja, valorado todo en cuatrocientos pesos; otra de veinte y dos cuerdas, equivalentes á ocho hectáreas, sesenta y cuatro áreas y sesenta y dos centiáreas, con dos casas, una para tienda y otra para máquinas, valo-rado todo en mil pesos; y otra de diez cuerdas, equivalentes á tres hectáreas, noventa y tres áreas y tres centiáreas, valo-radas en cuatrocientos pesos; cuyas cuatro porciones de te-rreno radican en el barrio de “Peza” del término municipal de Ciales y forman un solo cuerpo compuesto de treinta y ocho cuerdas setenta y cinco centésimas.
    
      Resultando: que Don Julián Molina Morales dedujo de-manda de tercería de dominio ante la expresada Corte de Arecibo, con fecha 13 de Agosto de 1901, contra la Sociedad Mercantil “Viuda de Martinez y Compañía” y Don Julián Molina Olivero, alegando como hechos, además de los ante-riormente expuestos, que las treinta cuerdas de terreno em-bargadas eran de su legítima propiedad por haberlas adquiri-do de Don Julián Molina Olivero en unión de otros terrenos, mediante las escrituras públicas de que se deja hecho mé-rito, las que acompañó á dicha demanda, estando enclavado dicho terreno dentro del perímetro de treinta y ocho cuer-das setenta y cinco centésimas, que forman las cuatro por-ciones' ya descritas; invocó, como fundamentos de derecho, los artículos 348 y 349 del Código Civil, y los 459, caso 2, 1530 y 1533 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y concluyó con la súplica de que en su día se dictara sentencia, decla-rando que los bienes objeto de la tercería eran de su exclu-sivo dominio y se levantara, en su consecuencia, el embargo trabado sobre los mismos por “Viuda de Martínez y Compa-ñía” con las costas á cargo del demandado ó demandados que se opusieran á su reclamación.
    
      Resultando: que la Sociedad Mercantil, “Viuda de Martí-nez y Compañía”, se opuso á la demanda, exponiendo que Don Julián Molina Olivero al vender á su hijo Don Juan Molina Morales los terrenos á que se refieren las escrituras acompañadas á la demanda, se había quedado sin bienes libres con que pagar la deuda reclamada; que el segundo no había podido comprar al primero dichos terrenos por ca-recer de lo necesario para su subsistencia y por tanto de los elementos precisos para realizar operaciones de tal entidad, y que Molina Olivero había vendido con el fin tan solo de no pagar á Viuda de Martínez y Compañía lo que le estaba adeudando : citó como fundamentos de derecho los capítulos 2, 5 y 6 del Título 2 del Libro 4 del Código Civil, en apoyo de la rescisión y nulidad del contrato de compra-venta rea-lizado, por ser ilícita la causa de dicho contrato, y la Orden General de 6 de Marzo de 1899, según la cual el repetido contrato es simulado por constar que la negociación se hizo entre padre é hijo y sin que el Notario autorizante diera fé de la entrega del precio, ni el deudor retuviera en su poder bienes bastantes para responder del pago de lo que debía á “Viuda de Martinez y Compañía” : y suplicó se declarara sin lugar la tercería y nula la venta de bienes realizada por Don Julián Molina Olivero á favor de su hijo Molina Morales, mandando cancelar en el Registro de la Propiedad la inscripción del inmueble á favor del Molina Morales, en per-juicio de los derechos de la Sociedad Mercantil “Viuda de Martinez y Compañía”, con las costas á cargo de la parte actora.
    
      Resultando: que Don Julián Molina Olivero no compare-ció á contestar la demanda, por lo que fué declarado rebelde, continuándose el juicio en ausencia y rebeldía del mismo.
    
      Resultando: que Don Juan Molina Morales produjo como pruebas, la documental, consistente en los títulos de propie-dad que decoraban la demanda, y en la certificación del embargo trabado sobre los terrenos objeto de la tercería: la pericial, demostrativa de que las cuatro porciones de terreno, que según la demanda comprendían treinta y ocho cuerdas setenta y cinco centésimas, sólo tenían, según la mensura practicada, una extensión de treinta y dos cuerdas, siendo éstas las mismas embargadas en número de treinta, con las propias colindancias fijadas en la diligencia de embargo; y la de testigos, que lo fueron Don José Pilar Santiago, Don Rogelio Archilla, Don Narciso Saez y Don Salvador Muñiz, los cuales declararon que Molina Morales ha trabajado como Comerciante y Agricultor y ha negociado también con ga-nado, creyendo, por tanto, que tuviera capital.
    
      
      Resultando: que la Sociedad Mercantil “Viuda de Martí-nez y Compañía” produjo, entre otras pruebas, las siguien-tes: primero, una certificación librada en 16 de Noviembre de 1901 por el Alcalde y Secretario Municipal del pueblo de dales, de la que aparece que en los repartos' de contri-buciones desde el año económico de 1895 á 96, hasta el de 1900 á 1901, no figuró Don Juan Molina Morales pagando contribución directa por bienes inmuebles, ni por concepto alguno; segundo, otra certificación librada en 4 de Noviem-bre citado, por el encargado de la recaudación de contribu-ciones en el pueblo de Ciales, en la que consta que seguido contra Don Julián Molina Olivero, expediente de apremio para el cobro de las correspondientes á los años de 1898 á 99 y de 1900 á 1901, manifestó en 19 de Agosto del propio año que, careciendo de metálico y bienes muebles, suplicaba se le embargara parte de su cosecha de café, como así se ve-rificó haciéndole depositario del fruto: tercero, un extracto de la cuenta de refacción de Don Julián Molina con “Viuda de Martínez y Compañía”, que empieza en 26 de Marzo de 1900 y se cierra en 20 de Abril del año siguiente, con un saldo á favor de la referida Sociedad por valor de ciento cincuenta y cinco dollars cincuenta y dos centavos: cuarto, varias cartas dirigidas á Don Eduardo Barreras por Don Ju-lián Molina, y que autoriza su hijo Don Juan, pidiendo provisiones y dinero, las que concuerdan con la cuenta de refacción presentada: quinto, confesión de Don Juan Molina Morales y Don Julián Molina Olivero, quienes han re-conocido las cartas de que se deja hecho mérito, agregando el primero que no pagaba contribuciones por las profesiones que ejercía: y sexto, examen de los testigos Don Manuel Molina, Don llamón Morales y Don Eusebio Serrano, de los cuales el primero declara que Don Juan Molina vivía al calor y abrigo de su padre y le ha visto negociando en un ventorrillo durante los cuatro ó cinco meses de la cosecha; el segundo, que Don Julián Molina facilitaba á su hijo los alimentos, si bien ha visto al Don Juan negociando en ga-nado y en un ven tori lio, ignorando si lo hacía con dinero propio ó de su padre; y el tercero, que Don Julián Molina vivía en una casa de Don Juan, y que ha conocido á éste negociando en ganado y comprando café.
    
      Resultando: que el Tribunal de Distrito de Arecibo dictó sentencia en 19 de Febrero del año próximo pasado, por la que declaró sin lugar la tercería de dominio interpuesta por Don Juan Molina Morales y nula la escritura de compra-venta de bienes inmuebles otorgada en' Cíales, ante el Nota-rio Don Santiago R. Palmer, en 17 de Marzo de 1901 y rati-ficada en 31 del mismo mes, entre Don Julián Molina y Don Juan Molina Morales, por ser simulada, mandando quede subsistente el embargo trabado en bienes de Molina Olivero y que se cancele en el Registro "de la Propiedad la inscripción de la escritura mencionada, con las costas á cargo del tercerista.
    ' Resultaoido: que contra esa sentencia há interpuesto Don Juan Molina Morales recurso de casación por infracción de ley, autorizado por los números 1, 2, 4 y 7, del'artículo 1690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alegando como mo-tivos los siguientes:
    I.- — -Error de lieclio en la apreciación de las pruebas, pues en documento auténtico, obrante en autos, so afirma que al ser. requerido, en 19 de Agosto de 1901, Don Julián Molina, para el pago de sus contribuciones, contestó textualmente que careciendo de metálico y bienes muebles, suplicaba se le embargase parte de su cosecha de café, como así se hizo de lo cual se des-prende que en la expresada fecha conservaba fincas en su poder, que produ-cían. cosechas, y .eso, no obstante, se consigna en la sentencia recurrida, que al vender Don Julián Molina á su hijo Don Juan, en fecha anterior á las fin-cas rústicas litigiosas, hizo venta de todos sus bienes.
    II. — Otro error de hecho en la apreciación de las pruebas al expresarse en la sentencia que la venta hecha en 17 dé Marzo de 1901, tuvo lugar con posterioridad á la obligación contraída por el vendedor con “Viuda de Mar-tínez y Compañía”, cuando de la demanda solo se deduce que Molina Oli-vero fué condenado en segunda instancia, el 22 de Julio del año expresado, á pagar á “Viuda de Martínez y Compañía”, sin que ni en dicha demanda, ni en la certificación auténtica de embargo, se consigne la fecha en que se con-trajo la deuda y se dictó la sentencia de primera instancia, ni la cuenta co-rriente presentada como prueba y que cierra el 20 de Abril de 1901, ó sea con fecha posterior á la de la venta, haya sido reconocida por el deudor ó comprobada mediante el cotejo con los libros de la casa que la produjo, ni Molina Olivero haya confesado el crédito, pires las cartas que confesó haber dirigido á Don Eduardo Barreras, quien no consta sea gestor de “Viuda de Martinez y Compañía,” no implican el reconocimiento de la expresada cuenta. •
    III.- — Otro error de hecho en la apreciación- de las pruebas al afirmarse que en la certificación del Colector de Rentas de Cíales, librada en 4 de No-viembre de 1901, aparece que Don Julián Molina carecía de bienes para efectuar el pago de las contribuciones atrasadas, correspondientes á su finca, habiéndosele embargado por ello la cosecha de las enagenadas en el mes de Marzo anterior á Don Juan Molina Morales, cuando de esa certificación solo resulta que en 17 de Agosto del año expresado se concedieron al Sr. Molina Olivero veinte y cuatro horas para presentar los recibos de sus contribucio-nes, apercibido de embargo y venta de bienes muebles, y que requerido en 19 del mismo Agosto para la presentación de los indicados recibos, expuso que careciendo de metálico y bienes muebles que realizar, suplicaba se le em-bargase parte de su cosecha de cafó, como así se hizo, viniendo por tanto á demostrar esa certificación que lejos de no haber Molina Olivero conservado bienes en su poder para hacer frente á todos sus créditos, conservaba como propias fincas rústicas- que no se dice en dicha certificación, ni consta en el litigio, fueran las vendidas á Molina Morales.
    IV. — Otro error de hecho en la apreciación de las pruebas, pues habida cuenta de lo anteriormente expuesto, es tan claro como la luz solar que el Tribunal sentenciador no pudo afirmar, como afirma en el fallo recurrido, que Molina Olivero no conservó bienes bastantes después del contrato liti-gioso para hacer frente á sus obligaciones.
    V. — Error de derecho en la apreciación de las pruebas al no haberse aceptado sin suposiciones ni amplificaciones de conceptos, no comprobados en autos, lo que textualmente consta en la escritura pública de 17 de Marzo de 1901, ya que de los medios probatorios aportados al juicio, lejos de poderse deducir que Molina Olivero vendiera todos sus bienes á Molina Morales, se deduce todo lo contrario, según queda demostrado, habiéndose infringido de ese modo el artículo 1218 del Código Civil.
    VI.- — Otro error de derecho en la apreciación de las pruebas al no haber aceptado la Sala sentenciadora que ni de los hechos de la demanda, ni de la certificación de embargo, ni de la confesión prestada por Molina Olivero, se deduce la fecha en que fuó contraída la deuda no justificada de éste respecto de “Viuda de Martinez y Compañía”, infringiéndose, por tanto, los artículos 1218 y 1232 del Código Civil.
    
      VII. — Otro error de derecho en la apreciación de las pruebas-al no haber parado mientes el Tribunal sentenciador en las declaraciones de los testigos presentados por ambas partes, los que manifestaron que Molina Morales vivía de sus frecuentes' negociaciones, suponiéndole capital bastante para haber hecho la que es objeto del pleito, habiendo infringido en su consecuen-cia la doctrina establecida por varias sentencias del Tribunal Supremo de España, entre ellas las de 2 de Julio de 1883 y 16 de Enero 'de 1891, de que debe darse crédito al dicho unánime de testigos no tachados, cuando otras pruebas de más valor no lo contradigan, como también infringió los artículos 1248 del Código Civil v 658 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; sin que pueda alegarse'en contra, que según certificación obrante en autos, Molina Morales no pagaba contribuciones por bienes de clase alguna, pues aparte de que dicha certificación solo alcanza hasta el año económico de 1900 á 1901, y por tanto no podía Molina Morales haber dado de altas, como suyas, las fincas compradas hasta Junio de 1901, el no pagar contribuciones por ellas no demuestra que no fueron de su propiedad, ya que no se ha com-probado que otro las pagara, y además hay muchos que poseen bienes y por ocultación no satisfacen tributos.
    VIII. — Otro error de derecho en la apreciación de las pruebas al no ha-berse estimado en su conjunto el resultado de todas las practicadas, de las cuales, así estimadas, no se deduce en modo alguno lo que afirma la Sala sentenciadora como base del fallo, infringiendo así el principio legal de que los elementos probatorios deben ser juzgados en su conjunto, según doctrina establecida por el Tribunal Supremo de España en sentencias de 31 de Diciembre de 1883, 25 de Febrero, 18 de Abril, 31 de Marzo y 1 de Julio de 1884, 5 de Mayo y 28 de Octubre de 1885, 27 de Enero y 22 de Septiembre de 1888, 6 de Febrero y 17 de Abril de 1889, 9 de Junio de 1890, 28 de Diciembre de 1891, 18 de Enero de 1892 y 28 de Enero de 1893.
    IX. — Infracción del principio jurídico adore non probante rents est absol-vendus, aplicable á contrario sensu al demandado que como “Viuda de Martinez y Compañía” no prueba sus excepciones, según la doctrina establecida por el Tribunal Supremo de España en sentencias de 21 de Diciembre de 1882 y 18 de Abril de 1884, como también por la de esta Corte Suprema de 2 de Marzo de 1899.
    X. — Infracción de los artículos 1, 2 y 3 de la Orden Judicial de 6 de Marzo, aclarada por la de 20 del mismo mes de 1899, y de la doctrina acla-rando dichos artículos, sentada por este Tribunal Supremo, en su sentencia de 2 de Marzo de 1900, según la cual la simulación y el fraude no se presumen más que en los casos que determinan los artículos lili, 1292 y 1297 del Código Civil, demostrándolo así la predieha Orden Judicial, que prescribe la prueba de la simulación y el no retener el deudor bienes bastantes con que cubrir sus créditos en contra, extremos que no lia justificado la Sociedad “Viuda de Martínez y Compañía”.
    XI. — Infracción de los artículos 1261 y 1275 del Código Civil porque no-habiendo probado “Viuda de Martínez y Compañía” que no tiene causa ó que es ilícita la de la venta hecha por Molina Olivero á Molina Morales, se ha declarado nula la escritura en que dicho contrato consta, fundándose la Sala sentenciadora en aquellas disposiciones legales.
    XII. — Infracción de la doctrina jurídica de que las acciones ó excepciones que se fundan en la nulidad de un acto ó de una obligación ó de un docu-mento público y solemne no pueden ejercitarse útilmente, sin que primero se demande ó haya obtenido la declaración de dicha nulidad, doctrina esta-blecida por el Tribunal Supremo de España, entre otras sentencias, en la de ■28 de Octubre de 1867, é infringida por la Sala sentenciadora al dejar pros-perar la excepción de nulidad del contrato litigioso, propuesta por el deman-dado como base de su contestación á la demanda, sin que previamente obtu-viera tal declaración.
    XIII. — Incongruencia de las sentencias con las pretensiones deducidas por el demandado, pues en la súplica de la contestación de la demanda se pide que se desestime la tercería interpuesta, que se declare nula la venta de bie-nes realizada por Molina Olivero á favor de Molina Morales, y que se mande cancelar la inscripción del inmueble hecha á favor del segundo, mien-tras que en la sentencia se desestima la tercería, se declara nula la escritura de compra-venta de los referidos bienes y se manda cancelar su inscripción en el Registro de la Propiedad, siendo, por tanto, claro que el fallo difiere substancialmente de la petición del demandado, pues el contrato es una cosa y otra la escritura en que se hace constar, la nulidad del instrumento no apareja la del contrato, y la nulidad del contrato lleva consigo la del instru-mento, habiéndose infringido en su consecuencia la doctrina legal sentada por las sentencias del Tribunal Supremo de Madrid de 18 de Marzo de 1859, 13 de Enero y 22 de Diciembre de 1860, 16 de Enero de 1862, 13 de Fe-brero de 1865, 23 de Febrero de 1867, 13 de Junio de 1869, 7 de Julio de 1875, 16 de Marzo de 1876, 3 de Mayo de 1884, 21 de Abril de 1887 y 9 de Abril de 1890, que dicen deben ser las sentencias congruentes con las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito y resolver todos los pun-tos objeto del debate.
    XIV. — Infracción de la Jurisprudencia constante del Tribunal Supremo de Madrid, concretada en su fallo de 23 de Febrero de 1874, según la cual son nulas aquellas sentencias cuyas disposiciones son contrarias entre sí y dé imposible cumplimiento, precepto aplicable á la recurrida, ¡jorque sin tener-la precisión exigida por la Jurisprudencia consignada en el motivo anterior, la infringe abiertamente contradiciéndose al declarar sin lugar la demanda de tercería de dominio, sin declarar nulo el contrato por el que se adquirió tal dominio.
    Abogados del recurrente : Sres. Díaz y Lopez Landrón.
    
    Abogado de la Sociedad recurrida: Sr. Alvarez Nava.
    
    ■ La otra parte recurrida no compareció.
   El Juez Asociado Se. MacLeaky,

después de exponer los hechos anteriores emitió la siguiente opinión del Tribunal :

Considerando: que la Sala sentenciadora apreciando en conjunto y combinando entre sí los méritos de las pruebas documental, testifical y de confesión aportadas por las par-tes al juicio, ha estimado simulado y en fraude de la Socie-dad Mercantil “Viuda de Martinez y Compañía” el contrato de .compra-venta de bienes inmuebles celebrado en Ciales en 17 de Marzo de 1901, ante el Notario Don Santiago R. Palmer y ratificado posteriormente en esta Capital, el 3 de Abril siguiente, entre Don Juan Molina Morales y su padre Don Julián Molina Olivero, y en su consecuencia, declaró nula la escritura pública en que se consigna dicho contrato, y que sirve de fundamento á la presente tercería, desesti-mando ésta y mandando cancelar la inscripción de esa es-critura en el Registro de la Propiedad.

Considerando: qué para que la referida Sala hubiera in-currido en los errores de hecho que se le atribuyen al apre-ciar las pruebas de que se deja hecho mérito, sería necesario demostrar por documentos ó autos auténticos, demostrativos de la equivocación evidente del juzgador, que la deuda cuyo cobro persigue, la Sociedad “Viuda de Martinez y Compañía”, fué contraida con posterioridad á la escritura de venta otorgada por Don Julián Molina Olivero á favor de Don Juan Molina Morales; que el precio de la venta fué entregado realmente por el comprador al vendedor; que éste retuvo en su poder bienes bastantes para realizar el sol-vento de dicha deuda, y que el Molina Morales no tuvo co-nocimiento de ella; extremos que nose han justificado en autos por los medios auténticos que exige el número 7 del artículo 1690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando el recurso de casación se funda en error de hecho en la apre-ciación de las pruebas, pues, por el contrario, del juicio re-sulta que el crédito de “Viuda de Martínez y Compañía’’ fué anterior, en casi- todas las partidas que lo constituyen, á la mencionada escritura de venta; que el recibo del precio de ésta fué confesado por el vendedor, sin que el Notario diera fé de la entrega del dinero, y que dicho vendedor no retuvo bienes en su poder para solventar la deuda contraida á favor de “Viuda de Martínez y'Conrpañía”, de cuya deuda tenía conocimiento el tercerista por haber firmado á nom-bre de su padre las órdenes que como comprobantes de ella han venido al juicio^ y que han sido reconocidas en forma debida; por todo lo cual son inadmisibles los errores de hecho -alegados por el recurrente.

Considerando: que tampoco en la apreciación de las prue-bas se han cometido errores de derecho.con infracción de los artículos 1218 y 1232 del Código Civil antiguo y de la Jurisprudencia- que se invoca del Tribunal Supremo de Es-paña, pues el Tribunal de Arecibo ha dado á los documen-tos traídos al pleito el alcance y significación que la Ley les señala, como también á la prueba de confesión 1a- eficacia que merece, aquilatando además la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos, conforme á las reglas de-la sana crítica, según preceptúa el artículo 658 de la Ley de Enjui-ciamiento Civil; y si ha negado A^alor legal á la escritura que sirve de título á la tercería, ha sido por exigirlo así los diversos elementos probatorios, que convencen de la simula-ción del contrato que esa escritura entraña.

Considerando: que las infracciones de ley que se suponen cometidas como consecuencia de los errores de hecho y de derecho que se atribuyen al Tribunal sentenciador, en la apreciación de las pruebas, son de desestimarse por falta del supuesto que les sirve de fundamento; y que por lo que atañe á la doctrina jurídica, que también se dice infringida, relativa á que las acciones ó excepciones que se funden en la nulidad de un acto ó de una obligación ó de un docu-mento público, no pueden ejercitarse debidamente sin que previamente se demande y obtenga la declaración de dicha nulidad, tal doctrina ha tenido aplicación en el caso de autos, pues la Sociedad “Viuda de Martínez y Compañía, al solicitar que se declarara sin lugar la tercería, interesó ade-más que se declarara nula la venta de los bienes, que se ale-gaba como fundamento de la misma.

Considerando: que la sentencia recurrida guarda con-gruencia con las pretensiones deducidas por el demandado, pues al declarar nula la escritura de compra-venta, no por defecto de formalidades externas, sino por vicio que invalida el contrato en ella consignado, claro es que implícitamente fué declarado nulo el contrato, según había solicitado la So-ciedad “Viuda de Martínez y Compañía”, y que tampoco dicha sentencia contiene disposiciones contradictorias, como lo revela la simple lectura de su parte dispositiva.

Considerando: en mérito de todo lo expuesto, que el recurso es improcedente por todos y cada uno de los motivos que le sirven de base.

Fallamos: que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por Don Juan Molina Morales, al que condenamos en las costas. Y con de-volución de los autos comuniqúese esta resolución al Tribunal de Distrito de Arecibo, á los fines procedentes.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones, y Aso-ciados, Hernández, Figueras, y Sulzbacher.  