
    Criado v. Battistini.
    Casación procedente de la Audiencia Territorial de Puerto Rico.
    No. 24.
    Resuelto en Febrero 18, 1903.
    Casación. — El recuso de casación por Infracción de ley, además de los casos establecidos por la de Enjuiciamiento Civil, procede también por error en la apreciación de toda clase de pruebas, siendo extensivo á la que se haga de la testifical y pericial, pero el error que se suponga cometido, si fuere de hecho, ha de resultar de algún documento ó auto auténtico que de-muestre la equivocación evidente del juzgador, mas si fuere de derecho, deberá citarse la ley ó doctrina legal que se considere infringida y el con-cepto en que lo haya sido.
    Acción reivindicatoría. — En las acciones reivindicatorías las cuestiones re-lativas á la identidad de las cosas que se trata de reivindicar, y á la pose- . sión y su buena ó mala fé, son de puro hecho.
    In. — La doctrina jurídica de que no puede entablarse con éxito la aceién reivin-dicatoría contra el poseedor de una cosa que la tiene con algún título, sin que preceda el ejercicio de otra adecuada para destruirlo, tiene aplicación á los casos en que de la nulidad del titulo del demandado" sui-ja el derecho que ejercita el actor, pero no á aquéllos en que ambas partes derivan sus respectivos derechos de documentos y hechos distintos, sin relación ni de-pendencia entre los aducidos por el actor y los presentados por el deman-dado, quedando en estos casos reducido el litigio á la discusión sobre el valor, eficacia y preferencia de los documentos ó datos que respectiva-mente sirven de fundamento á las partes.
    Id. — El éxito de una acción reivindicatoría, de una ó varias fincas, no lleva consigo ineludiblemente, en todo caso, el abono de los frutos por ellas producidos y la indemnización por los menoscabos causados, estando su-bordinada esta obligación del poseedor que fuese vencido en juicio á las circunstancias que concurran en la posesión.
    Asientos del registro de la propiedad. — Los asientos del Registro de la Propiedad tienen por objeto dar publicidad á los derechos civiles que en ellos constan, de donde se infiere que, extinguidos éstos por una senten-cia judicial, aquéllos deben forzosamente caducar, toda vez que toman su fuerza y raíz de los mencionados derechos.
    Sentencias. — -cancelación.—La sentencia tiene fuerza de ley para el caso particular emque se dicta, y privada una parte de su titulo de dueño de un inmueble mediante un fallo judicial, al ser éste ejecutorio, es por si solo bastante para la cancelación de su dominio en el Registro de la Propiedad, sin que sea obstáculo alguno el precepto contenido en el párrafo tercero del artículo 83 de la Ley Hipotecaria, pues esta disposición parte del su-puesto de que sea necesario el consentimiento de los interesados para la cancelación, y en el caso de referencia tal consentimiento es innecesario.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    
      Resultando : que Don Miguel Criado y Blas presentó escrito en 7 de Junio de 1897 al extinguido Juzgado de Primera Instancia de Ponce alegando: que desde principios del año 1895, Don Pedro 'Simón Battistini se apropió de una finca de catorce cuerdas y media y de nueve cuerdas, que forman parte de otra finca, ambas radicadas en el barrio de “Yacas”, término municipal de Juana Díaz, lanzando de dichos terre-nos á Don Vicente López y á Doña Daniela Colón, que las ocupaban mediante convenio con el demandante, y como esas fincas son de su propiedad, establecía la correspondiente demanda para reivindicarlas, fundándose en los hechos y consideraciones de derecho siguientes: que por escritura otorgada en 7 de Septiembre de 1892 compró la primera finca á Don Juan Pablo Ortiz y Colón que la hubo de Don Agustín Bonilla con la cabida ya expresada y que colinda por el Norte con tierras de Don Pedro Vázquez, por el Sur con las de Don Juan María Rivera, por el Este con las de Don Pablo Ortiz y por el Oeste con las de Don Ramón Torres, cuya inscripción se llevó á cabo á favor de Criado, en el Registro de la Propiedad de Ponce, en 17 de Octubre de 1895; que la segunda porción de nueve cuerdas es parte de otra finca de catorce, que también compró en 6 de Junio de 1892, á Doña Daniela Colón, que la hubo á su vez de la Sociedad Alvarado Hermanos, cuya parcela de nueve cuer-das colinda por el Norte con terrenos de Don Miguel Criado, antes de Doña Daniela Colón, por el Sur, con terrenos del mismo Sr. Criado, antes de Don Juan Pablo Ortiz, terrenos que también se reclaman en este pleito, por el Este, con los de Don Pedro Vázquez Avilés (hoy según se cree de Don Pedro Simón Battistini), y por el Oeste, con los de Don Raimundo Valdecilla, antes de Doña Daniela Colón y antes de Don Juan Pío'Cruz; que estas nueve cuerdas, que tam-bién tratan de reivindicarse, forman parte, como antes se ha dicho, de una finca de catorce cuerdas que inscribió Criado á su nombre, en el ya referido Registro de la Propiedad de Ponce, en 25 de Agosto de 1896, y que se le deben los frutos producidos de las dos porciones de terrenos y los daños y perjuicios ocasionados con la detentación, y alegando como fundamentos de derecho que siendo él propietario tenía acción contra el tenedor y poseedor para reivindicarlas; que nadie puede ser privado de su propiedad sino por autoridad competente y por causa justificada de utilidad pública, previa, siempre, la correspondiente indemnización; que son principios jurídicos el que nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sin ser antes oido y vencido en juicio y el de que cada cosa, donde quiera que esté, clama por su dueño, el concepto jurídico de la acción reivindicatoria que entraña en el dueño de una cosa el derecho contra el poseedor de la misma para que se la restituya con sus frutos, accesorios y abono de menoscabos y el artículo 1902 del Código Civil, que condena al que por acción ú omisión causa daño á otro, á reparar el daño causado, y terminó suplicando que se tuviesen por presentadas las dos escrituras de compra-venta, y en su día, por lo alegado y probado, condenar á Don Pedro Simón Battistini á que deje á la libre y desembarazada dis-posición de Don Miguel Criado y Blás las dos fincas descri-tas y al pago de tres mil quinientos cincuenta pesos, moneda corriente, como frutos producidos por. ambas porciones, desde que las posee, y por indemnización de daños y perjui-cios, con imposición además de todas las costas.
    
      Resultando: que Don Pedro Simón Battistini impugnó la demanda, alegando: que desde principios del año 1895 fué judicialmente puesto en posesión de una finca que adquirió en el barrio de “Vacas”, término municipal de Juana Diaz, de la Sucesión de Don Pedro A. Vázquez y Avilés, según las escrituras de 20 de Agosto de 1892 y 15 de Septiembre del mismo año; que el expediente de posesión judicial obra archivado en la Escribanía de Don José C. Schroder; que posesionado de su finca, y no de ninguna del demandante, logró que tanto Don Vicente López como Doña Daniela Colón, que sin título alguno la poseían y utilizaban sus frutos, se sujetasen á la legalidad; que los frutos producidos por esa finca no ascienden, ni con mucho, á la suma que se reclama, y alegando, como fundamentos legales, que la pro-piedad de los bienes da derecho y se extiende por accesión á todos los que ellos producen, se les une ó incorpora natural ó artificialmente, perteneciendo, en su consecuencia, al pro-pietario los frutos naturales, los industriales y los civiles, pidiendo por todo ello que se le absolviese de la demanda, con imposición de todas las costas al demandante.
    
      Resultando: que en el trámite de réplica, negó el actor que el demandado adquiriera por compra á la Sucesión de Don Pedro Vázquez Avilés las dos porciones de terreno que se le reclaman en este pleito, y que aunque así fuese, los títulos en que se apoya la reclamación, son preferentes, porque con mucha anterioridad pertenecían y estaban inscritos á nombre de los causantes del demandante; que la reclamación por frutos la limita á tres mil cincuenta pesos, que niega todos los hechos de la contestación y como fundamentos legales, que nadie puede dar á otro lo que no tiene, la prioridad de la inscripción, según el espíritu de la Ley Hipotecaria y del Código Civil y lo que dispone el artículo VII de la primera Ley, y que se declare, que las dos porciones de terreno á que se refiere esta demanda, pertenecen en completo dominio, á Don Miguel Criado, que se cancele en el Registro, en la parte que á dichas fincas se refiere, la inscripción hecha á favor del demandado y sus causahabi entes, limitando á tres mil cincuenta pesos la reclamación por frutos producidos y debidos producir é indemnización de daños y perjuicios.
    
      Resultando: que en dúplica, el demandado no alteró sus-tancialmente los hechos de su contestación y concluyó inte-resando la absolución de la demanda, según lo solicitó en su contestación.
    
      Resultando: que suministrada prueba por las partes, se acredita en lo pertinente, por la documental, que las fincas de •catorce y media cuerdas y la de catorce, que comprenden las nueve y que pertenecen á Criado, tienen por primera inscrip-ción en el Registro dé la Propiedad, respectivamente, las fechas de 29 de Julio de 1886 y 18 de Noviembre de 1887, que Battistini obtuvo de la Sucesión de Don Pedro Vázquez y Avilés, en 20 de Agosto 'de 1892, los derechos y acciones que ésta tuviera sobre una finca, cuya cabida no se expresó por ignorarse, que por escritura de 15 de Septiembre de dicho año de 1892, Battistini describió por sí una finca de cuarenta y seis cuerdas, cuya inscripción se le denegó, que en escritura de 14 de Julio de 1894 comparecen Battistini y los que com-ponen la Sucesión Vázquez Avilés y, bajo el supuesto de que el primero había sufrido un error, se describió una finca y se le señaló como cabida de diez y seis cuerdas ochenta y siete céntimos de otra, de la cual obtuvo la posesión judicial, en Febrero de 1895, y se inscribió á su favor en 21 de Diciembre de dicho año; que tres testigos están sustancial-mente conformes en manifestar que conocen las catorce y media cuerdas que compró Criado á Don Juan Pablo Ortiz y las nueve que hubo de Doña Daniela Colón y dos que han oido decir que la primera está comprendida en las diez y seis y céntimos que posee desde hace años Battistini, que el perito nombrado por ambas partes, en resumen, dice: “que los pre-dios de Criado tienen más cabida que la que marcan sus escrituras, que el predio de Battistini tiene mucha más extensión que la que señala su título, que la colindancia actual de la de éste, en el primer predio, cruza la finca de Criado limitando su superficie, que el segundo predio de Criado, está comprendido, casi por completo, en los terrenos del Señor Battistini, que todo el predio señalado con tinta verde (de Battistini) envuelve los de Criado y están ocupados por aquél, en la actualidad, según manifestaciones de los colindantes y del propio apoderado de Battistini, Don Francisco Giuliani.
    
      Resultando: que sustanciado el pleito en dos instancias, la Audiencia dictó en 5 de Marzo de 1900, sentencia confirma-toria sin especial condenación de costas, declarando con lugar la demanda establecida por Don Miguel Criado contra Don Pedro Simón Battistini, se condena á este último á que deje á la libre disposición del primero los dos lotes de terreno; el uno, de catorce y media cuerdas, y el otro, de nueve, los mismos que fueron objeto de la demanda y cuya descripción y linderos constan en el escrito de demanda, y en su conse-cuencia, que se cancele en el Registro, en la parte que á estas dos fincas corresponde, la inscripción hecha á favor del demandado y sus causahabientes, no estando éste obligado á pagar daños y perjuicios, ni á entregar los frutos recolectados durante el tiempo que ha estado en posesión de las referidas fincas.
    
      Resultando: que Don Pedro Simón Battistini ha interpuesto recurso de casación por infracción de ley, fundado en los números 1?, 3? y 7? del artículo 1,690 de la Ley de Enjuicia-miento Civil, en relación este último caso 7? con el párrafo 79 de la Orden General No. 118, por los siguientes motivos.
    I. — Criado no ha probado ni que estuvo siquiera alguna vez en posesión del terreno que dice ser suyo y que pretende reivindicar de Battistini, ni que éste se apoderara de ese terreno, lanzando de él á Criado ; y esta afirmación se acredita con el Considerando décimo do la sentencia cuando dice “que no se ha probado que Battistini desalojase de las fincas á los que Criado llama sus arrendatarios”.
    II. — Los títulos de Criado y Battistini tienen el mismo origen, porque son escrituras registradas sobre adquisiciones de terrenos contiguos y que hubie-ron de antiguos dueños ó poseedores colindantes entre sí. Debió por consi-guiente Criado ejercitar la acción previa de nulidad del título de Battistini, para hacer valer el suyo como exclusivo.
    III. — Si se aceptase que dichos títulos son de distinto origen, porque pro-vienen de antiguos distintos dueños ó poseedores, ha de verse entonces si existe prioridad ó preferencia de los títulos de Criado, sobre los de Battis-tini, pero es imposible aceptar la preferencia de los dos títulos de Criado, sobre el de Battistini, para la eficacia reivindicatoría, por la antigüedad del de éste que arranca de una concesión por el Estado, á Don Pedro Vázquez Avilés de 12 de Agosto de 1874, porque el terreno de Battistini aparece des-lindado y Mensurado, porque tiene la posesión judicial de él y lo ha inscrito en el Registro de la Propiedad.
    IV. — Criado no prueba, ni justifica, la identidad de las fincas de que apa-rece ser dueño, según las escrituras presentadas, ni prueba que el terreno que posee Battistini no sea suyo propio, sino el de Criado ; porque tiene mayor extensión de terreno que la que reconoce sus títulos, están equivocados los nombres de los colindantes y el perito nombrado por ambas partes dice que los trabajos los realizó siguiendo las noticias de los colindantes y vecinos.
    Y. — La sentencia que declara procedente la reivindicación de Criado contra Battistini, condenando á éste á entregar á aquél parte del terreno de que . Battistini es' legítimo propietario, no se atreve, sin embargo, á condenarle á devolver los frutos y á indemnizar los menoscabos causados, rompiendo de este modo la doctrina fundamental del derecho reivindicatorío. En esos cinco puntos se demuestra que la sentencia recurrida ha interpretado erró-neamente, y ha aplicado indebidamente, las Sentencias del Tribunal Supremo de España de 22 de Septiembre del 66; 30 de Enero y 9 de Diciembre del 64, 1 de Mayo del 57, 27 de Junio del 67, 4 de Octubre y 26 de Diciembre del 76, 25 de Junio y 26 de Diciembre del 78, 30 de Diciembre del 81 y 14 de Junio del 89.
    VI. — Se ha infringido el artículo 348 del Código Civil y la sentencia del Tribunal Supremo de España de 3 de Diciembre del 57 y 16 de Marzo del 88, porque si Criado ha podido ejercer su acción reivindicatoría con el mis-mo derecho puede Battistini ejercitar su acción para conservar las tierras que le pertenecen mediante justo título. Equivocó Criado su acción, pues la que le incumbía era la de deslinde para fijar bien su propiedad y pedirla á quien las poseyere indebidamente, venciendo en juicio á los opositores sin razón ni derechos.
    VII. — Se ha infringido el párrafo 3 del artículo 79 de la Ley Hipoteca-ria, la Resolución de la Dirección General de 4 de Marzo del 76 y senten-cias de 17 de Diciembre del 73 y 26 de Abril del 61, porque la nulidad de los títulos es preciso obtenerla en juicio ordinario seguido con las personas á quienes dicha nulidad puede perjudicar; pero esto no se ha hecho y no se pueden cancelar en parte inscripciones de títulos que previamente no han sido declarados nulos. La sentencia nada dice sobre nulidad porque tam-poco se pidió en la demanda; pero se manda cancelar en parte la inscripción hecha en el Registro á favor de Battistini y ésto no puede hacerse sin la previa nulidad del título ó parte de él.
    VIII. — Se otorga en la sentencia más de lo pedido, se dice, y por eso también se funda el recurso en el número 3 del artículo 1690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; pero del razonamiento solo se viene en conocimiento de que Battistini lo que expresa es que no puede entregar más cuerdas de terreno de las que contiene su escritura.
    IX. — Todo eso procede de error de hecho al apreciar las pruebas para definir el derecho discutido, cuyo caso 7? del artículo 1690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se alega también como fundamento del recurso, rela-cionado con el párrafo 79 de la Orden General No. 118 que permite fundar la casación por error en la apreciación de toda clase de pruebas, para dese-char la antigua y restrictiva doctrina de la jurisprudencia española de que “la apreciación de la prueba es de la exclusiva incumbencia del Tribunal sentenciador” el cual puede equivocarse al apreciar las pruebas, y el Tribunal Supremo de Puerto Rico puede enmendar esa equivocada apreciación, según nuestro vigente novísimo derecho, y esa equivocación la ha cometido el Tribunal á quo porque dá como cierto lo que expresan las escrituras de Criado, olvida lo que resulta de la mensura, pasa por encima de las equivo-caciones sobre colindancias, no aprecia la falta de identidad, acepta como cierta la posesión precisa de Criado para reivindicar luego lo que Battistini supuestamente le detentó, y pasa por alto la antigüedad y preferencia nacidas del tiempo, del perfecto deslinde y posesión judicial de los títulos de Battistini, para mandar cancelar su inscripción en el Registro, sin haberlos declarado previamente nulos.
    Abogado del recurrente: Sr. Rossy {Manuel F.)
    
    Abogado del recurrido: Sr. Cu&villas.
    
   En J’unz Asociado Sr. Figueras,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la siguiente opinión del Tribunal:

Considerando: que según la regla 79?" de la Orden General No. 118, serie de 1899, el recurso de casación por infrac-ción de ley, además de los casos establecidos por la ley de Enjuiciamiento Civil, procede también por error en la apre-ciación de toda clase de pruebas, cuyo concepto por su ge-neralidad tiene que ser extensivo á la testifical y pericial, sin que por ello puedan estimarse derogados los artículos 1690 en su número 7?, y 1718 de la ley citada, de los cuales se desprende, que aquel error, en el caso de ser de hecho, ha de resultar de documentos ó autos auténticos, que de-muestren la equivocación evidente del juzgador, y en el caso de ser de derecho, ha de citarse, con precisión y clari-dad, la ley ó doctrina legal que se crea infringida y el con-cepto en que lo haya sido.

Considerando: que siendo esta la doctrina que en diferen-tes casos ha consignado este Tribunal, al interpretar en este punto la Orden General No. 118, el recurso es inadmisible por los fnotivos primero, cuarto y noveno, porque las cues-tiones de identidad de las cosas que se trata de reivindicar, de posesión, y su buena ó mala fé, son de puro hecho, y como tales están subordinadas á la apreciación del Tribunal sen-tenciador, á la cual debe ajustarse la casación mientras no se demuestre error de hecho ó de derecho que la invaliden; y al impugnar el recurrente las pruebas, en el apartado 9 de su escrito, fundado en el número 7 del artículo 1690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no se citan concretamente los documentos 6 autos auténticos que revelen la equivocación evidente del Tribunal á quo, sino que se citan confundidas las pruebas que supone favorables á su propósito, sin expresar tampoco si ha habido error de derecho en la apreciación de las mismas.

Considerando: que si bien es cierto que el Tribunal Supremo de España ha declarado en más de una sentencia que no puede entablarse con éxito la acción reivindicatoria contra el poseedor de una cosa que la tiene con algún título, sin que preceda el ejercicio de otra adecuada para destruirlo; ésto es, para el caso en que de la nulidad del título del demandado surja el derecho que ejercita el actor, pero no, como consignan las sentencias de 4 de Julio y 18 de Diciem-bre de 1891, cuando ambas partes derivan sus respectivos derechos de documentos y hechos distintos, sin relación ni dependencia entre los traídos por el actor y los aducidos por la .parte demandada, y queda, en este concepto, reducido el litigio á la discusión sobre el valor, eficacia y preferencia de los documentos ó datos que respectivamente sirvieron de fundamento á las partes; por cuya razón la sentencia recu-rrida no infringe la doctrina que invoca el recurso en el segundo y tercer motivo, prescindiendo de que en este último se dá al título del demando un origen que no se alegó ni en' el escrito de contestación de - la demanda, ni en el de dúplica, cual es la procedencia que boy se atribuye á una concesión de terreno del Estado, de 12 de Agosto de 1874, cuestión que no ha sido debatida en el período opor-tuno' y que no puede plantearse por primera vez en casación.

Considerando: que también se ha declarado, entre otras sentencias, en la de 9 de Julio de 1891, que el éxito de una acción reivindicatoria de una ó varias fincas no lleva consigo ineludiblemente, en todo caso, el abono de los frutos por ella producidos y la indemnización por los menoscabos causados, sino que esta obligación del poseedor que fuese vencido en juicio está subordinada á las circunstancias que en la pose-sión concurren, y, por tanto, ha podido estimar la sentencia recurrida, como lo ha hecho, que había lugar á la reivindi-cación de las porciones de terreno litigiosas, y declarar, no obstante, sin lugar la devolución de los frutos, y la indemni-zación de perjuicios, porque la declaratoria afirmativa supon-dría mala fé en la posesión del demandado, que no se ha declarado, y así las cosas, no se ha infringido la doctrina in-vocada en el quinto motivo del recurso.

Considerando: en cuanto al motivo sexto, que el Tribunal sentenciador ha interpretado y aplicado rectamente el artículo 348 del Código Civil y la doctrina de las sentencias que en el mismo se citan, porque el Tribunal no ha ido en su resolución contra la definición de la propiedad, que no otra cosa hace el artículo citado, sino que ha entendido por la prueba, que no ha sido impugnada en forma, que el de-recho está de parte del actor y esto precisamente después de haber ejercitado el demandado su acción dentro del juicio para conservar los terrenos que le discutía el demandante, quien, por ostentar sus títulos inscritos tenía dentro de esa inscripción deslindada y bien determinada las fincas á que el litigio se refiere.

Considerando : que en los motivos séptimo y octavo se in-siste en que antes de ejercitarse la acción reivindicatoría ha debido pedirse la nulidad del título del demandado, afirma-ción que ya se ha considerado en el sentido de que en el presente caso tal solicitud previa carecía de razón legal y que no son de aplicación por tanto, las disposiciones que se suponen infringidas; pero también se cita el párrafo 3 del artículo 79 de la Ley Hipotecaria, y no debe perderse de vista, según la Resolución de la Dirección General de 21 de Noviembre de 1881, que los asientos del Registro tienen por ■objeto dar publicidad á los derechos civiles que en ellos constan, de donde se infiere que extinguidos éstos por una sentencia judicial, aquéllos! deben forzosamente caducar, como que toman su fuerza y raíz de los. indicados derechos y que una sentencia tiene fuerza de ley para el caso particular en que se dicta, sin que sea obstáculo el precepto conte-nido en el- párrafo 3? del artículo 83 de la Ley Hipotecaria, al cual parece que trata de referirse el recurrente, sin ci-. tarlo, porque ésta parte del supuesto de que sea necesario el consentimiento de los interesados, y en el caso de que se trata, tal consentimiento es innecesario, porque el que os-tentó el título de dueño, fué privado de su derecho, me-diante un fallo que, al ser ejecutorio, es por sí solo bastante para la cancelación, según el artículo 82 de la misma ley. y si después de este pleito de reivindicación, ya ejecutoriado, hubiera de seguirse un nuevo juicio contra el demandado, para obtener la cancelación del asiento de dominio, hecho á su favor, se originarían gastos y dilaciones innecesarios, dado que en este segundo litigio no versaría, en último re-sultado la cuestión, más que sobre el mismo derecho de pro-piedad, que definitivamente quedó resuelto en la primera sentencia judicial.

Considerando: en cuanto al recurso fundado en el nú-mero 3? del artículo 1690, que también está contenido en el apartado octavo del escrito de interposición, que hay que tener en cuenta, no obstante de no citarse disposición alguna infringida, que la sentencia recurrida ha resuelto exclusiva-mente sobre lo pedido en el escrito de demanda-y en el de réplica, en el cual, como en el de dúplica, pueden las partes, según el artículo 547 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ampliar, adicionar ó modificar las pretensiones y excepcio-nes que hayan formulado en la demanda y contestación; y como el tribunal sentenciador, teniendo esto en cuenta, se ha ajustado á lo dispuesto en el artículo 358 de la ley pro-cesal citada, no puede afirmarse que el fallo haya otorgado más de lo pedido.

Fallamos: que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por Don Pedro Si-món Battistini, á quien condenamos en las costas del re-curso, y líbrese al Tribunal de Distrito de San Juan la cer-tificación correspondiente, con devolución de los autos que ba remitido.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente, Quiñones, y Aso-ciado Hernández y MacLeary.

El Juez Asociado Sr. Sulzbacher no formó Tribunal en la vista de este caso.  