
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Clemente Díaz acusado y apelante.
    No. 3173.
    
    Visto: Noviembre 17, 1927.
    
      Resuelto: Noviembre 30, 1927.
    1. Armas — Portas Armas Prohibidas — Del Delito en General. — La portación ilegal y no el uso ilegal de un arma es lo que está prohibido por la ley.
    2. Asmas — Piortar Armas Prohibidas — Del Delito en General — Proceso y Castigo — Us-o del Arma — Portación Permitida por Ley. — El que un cela-dor de una finca haga uso ilegal de un arma — machete—dentro de dicha finca y en camino de la misma no lo hace culpable del delito de portar ar-mas en ausencia de prueba al efeeto de que dicho camino era de uso público.
    
      3, Abmas — Portae Ab-jas Prohibidas — Proceso y Castigo — Evidencia—So Str ficibncia — Portación en Caminos Públicos. — La manifestación do un tes-tigo de que un earuino dentro de una finca — en el quo se usó ilegalmento «n arma — es un camino público porque los trabajadores pasaban por él no 03 en sí suliciento para sostener tal conclusión, especialmente en ausencia de prueba de que los dueños de la finca se hubieran desprendido de su dominio sobra dicho camino.
    SENTENCIA de Gabriel Castejón, J. (Humacao), condenando al acu-sado por delito de portar armas.
    
      Revocada y absuelto el acusado.
    
      Vicente Orliz León y R. Arroyo Ríos,' abogados del apelante; José E. Fignems, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolp,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue acusado y convicto de acuerdo con la Ley No. 14 de junio 25, 1924, “prohibiendo portar armas.” Entre otras excepciones la sección 5* de dicha ley dispone que:

“Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables:
“5. A la portación de armas dentro de la propia casa o finca.” El acusado sostiene que él cae dentro de las disposicio-nes de esta excepción.

La prueba indisputable presentada tanto por el Pueblo como por la defensa demostraba que el supuesto delito tuvo lugar dentro de la finca “Australia,” propiedad de los Su-cesores de José María Ortiz, y que el acusado vivía en dicha finca; igualmente que el mayordomo de la citada finca ha-bía nombrado al acusado celador de la misma durante parte del día en que el supuesto delito fue cometido.

Sin embargo, el fiscal alega que, si bien el delito fué co-metido dentro de dicha finca, lo fué en un camino público dentro de la misma. El acusado portaba un machete y la prueba .tendió a demostrar que él le pegó a un hombre con el mismo y que el supuesto delito fué cometido a las 8 de la noche.

De la prueba aducida por las partes no quedaba lugar a dudas de que el acusado estaba empleado como celador de la finca. Si él estaba empleado como celador tenía dere-cho a portar armas de acuerdo con otras excepciones de la ley. No haría diferencia algnna el hecho de qne él usara el arma ilegalmente. El Pueblo v. Segarra, 36 D.P.R. 116. No obstante, no es necesario que basemos nuestra decisión en. esta defensa.

La prueba era clara de que el supuesto uso ilegal ocu-rrió dentro de la finca “Australia.” Por tanto, era el de-ber del fiscal probar claramente qué parte de esa finca o al-gún camino dentro de la misma eran de uso público. Uno de los testigos dijo que era un camino público porque los trabajadores pasaban por él. Esta era una conclusión de derecho o una mera opinión del testigo. No tendía a de-mostrar que Sucesores de José María Ortiz se hubiesen des-prendido de parte de su dominio sobre la finca “Australia.” En lo que a un dueño privado se refiere, el público o cualquiera persona deben probar un uso adverso.

Non constant que sucesores de José María Ortiz pudie-ran. cerrar el camino en cualquier momento.

Gomo esta finca pertenecía a dichos Sucesores, cualquiera de sus agentes o empleados también estaba dentro de su propia finca, según indica el apelante en el memorándum de autoridades.

Bebe revocarse la sentencia apelada y absolverse al acu-sado.  