
    Cayol v. Balseiro y Georgetti.
    Casación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 60.
    Resuelto en Febrero 13, 1903.
    Ejecución de hipotecas. — En la ejecución de toda hipoteca deben cumplirse rigurosamente las disposiciones del artículo 169 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria.
    Apelación. — pktjeb as. — En las apelaciones solo pueden tomarse en conside-ración aquellos documentos que hayan sido considerados por el Tribunal inferior.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    
      Restoltando: que por escritura pública otorgada en el pueblo de Manatí, ante el Notario Don Francisco Irene Náter, en 7 de Junio de 1894, Doña Josefa Cayol y Juliá, por su propio derecho, y Don Jaime Annexy y Cayol, como apode-rado de Doña Catalina Juliá y Fábregas, vendieron á la Sociedad Agrícola, Balseiro y Georgetti, la hacienda titulada “Plazuela”, sita en el barrio del “Pueblo”, del término municipal de Barceloneta, compuesta de ciento ochenta y nueve cuerdas setenta y cinco céntimos de terreno, divididas en dos cuerpos, con otras dos porciones más de tierra, situadas en el mismo barrio, y una casa de la propiedad particular de Doña Catalina Juliá, radicada también en el mismo pueblo de Barceloneta, todo en precio y cantidad de treinta y cuatro mil seiscientos pesos, moneda corriente, según se consigna en la cláusula segunda de la precitada escritura y de los cuales confesó recibidos la vendedora Doña Catalina Juliá, catorce mil seiscientos pesos, y el resto, ascendente á veinte mil pesos, moneda corriente, á su vencimiento, lo pagaría la Sociedad compradora en oro ó plata y con exclusión de todo papel moneda, á las señoras vendedoras,. mancomunada ó solidariamente á sus sucesores, en el término de 15 años, á contar desde la fecha de este otorgamiento, ó sea, el día 7 de Junio de 1909, satisfaciendo los deudores durante todo ese plazo el interés del ocho por ciento anual, pagadero en la expresada moneda., por mensualidades vencidas y en el domicilio de las acreedoras; siendo el pago de esta renta mensual, condición tan esencial del aplazamiento antes consignado, que si los compradores ó sus causahabientes dejasen en cualquier tiempo de satisfacer seis mensualidades del expresado interés, por esa omisión, solamente se enten-derá vencido, desde luego, el plazo estipulado para el pago de los veinte mil pesos y con acción las señoras vendedoras, ó sus causahabientes, para reclamar ejecutivamente la suma total y sus intereses, que lo mismo en este caso, que en el del vencimiento normal del término convenido, seguirían deven-gándose hasta que se realizara el completo pago de la suma adeudada; é hipotecando los compradores, Balseiro y Geor-getti, á la seguridad de dicho precio aplazado, y de sus inte-reses, las ciento ochenta y nueve cuerdas setenta y cinco céntimos que componían originariamente la Hacienda “Pla-zuela”, y la casa de Barceloneta, y por mil pesos más para costas, en el caso de procederse ejecutivamente al cobro de la deuda.
    
      Resultando: que en 10 de Enero de 1901, el Abogado Don Rafael López Landrón, á voz y nombre de Doña Josefa Cayol y Juliá y de Doña Catalina Juliá y Fábregas, entabló demanda en juicio declarativo de mayor cuantía ante el Tribunal de Distrito de Arecibo, para que se condenara á la Sociedad Balseiro y Georgetti, á que les pagara los intereses convenidos en la escritura de compra-venta de 7 de Junio de 1894, sin descuento alguno, por razón del canje de la moneda provincial, á partir desde el 1" de Agosto de 1900, con los intereses legales por la mora y las costas, y que se declarasen nulas y de ningún valor las diligencias de ofrecimiento de pago y consignación, intentadas por la Sociedad demandada en el Juzgado Municipal de Manatí, de los intereses vencidos hasta Noviembre del mismo año; y que seguido el pleito por todos sus trámites, dictó sentencia el Tribunal del Distrito de Arecibo, en 30 de Agosto de 1901, por la que declaró sin lugar la demanda, absolviendo de ella á la sociedad deman-dada, si bien con la obligación de seguir pagando los intere-ses convenidos de los veinte mil pesos del precio aplazado, en moneda provincial, ó en moneda de los Estados Unidos, al tipo del cambio, ó sea sesenta centavos, moneda acuñada de los Estados Unidos, por peso de cuño puertorriqueño; decla-rando, además, ineficaces las consignaciones hechas por Bal-seiro y Georgetti á los efectos del expresado litigio, sin especial condenación de costas; contra cuya sentencia se interpuso por Doña Josefa Gayol recurso de casación, por infracción de ley, que fué declarado sin lugar por este Tribunal Supremo, en sentencia de 22 de Abril de 1902.
    
      Resultando: que con copia certificada de dicha sentencia y de la escritura hipotecaria de 7 de Junio de 1894, y una certificación expedida por el Registrador de la Propiedad de Arecibo con fecha 11 de Julio de 1902, de no aparecer can-celado dicho crédito hipotecario, ni hallarse pendiente de cancelación, según los asientos del Libro Diario, y expresiva de los demás gravámenes que pesaban sobre las fincas hipo-tecadas, y que éstas no habían sido trasmitidas á ningún tercer poseedor, presentó escrito el Abogado Don Rafael López Landrón á nombre de Doña Josefa Cayol, ante el mismo Tribunal del Distrito de Arecibo, en 31 del mismo mes de Julio, iniciando el presente procedimiento sumario, y en cuyo escrito, haciendo mérito de los antecedentes queque-dan relacionados, y especialmente de lo convenido en la cláu-sula segunda de la escritura hipotecaria de referencia, sobre que la falta de pagó de seis mensualidades de los intereses con-venidos, sería motivo suficiente para que se entendiera ven-cido el plazo para el pago de los veinte mil pesos restantes del precio y con acción las vendedoras para reclamar ejecu-tivamente dicha suma total y sus intereses, en razón á que desde el 30 de Julio de 1900, en que se había verificado el canje de la moneda provincial, por la del cuño'de los Estados Unidos, hasta el 30 de Junio de 1902, la Sociedad Balseiro y Georgetti había dejado de satisfacerle los intereses convenidos en la escritura de compra-venta, y que si bien había inten-tado acogerse al beneficio del ofrecimiento y consignación en pago, en el Juzgado Municipal de Manatí, se había declarado ineficaz y nula dicha consignación, por el mismo Tribunal de Arecibo, en la sentencia dictada en el pleito anterior seguido por la promovente contra la citada Sociedad Balseiro y Georgetti, por la que debían estimarse vencidos los veinte mil pesos del precio aplazado de la compra-venta, según lo convenido en la citada cláusula segunda de la escritura hipotecaria, y en aptitud la promovente para cobrarlos ejecu-tivamente con los intereses estipulados, por cuyos funda-mentos, concluyó solicitando se tuvieran por cumplidos los requisitos legales de-iniciación del procedimiento de apremio, previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Ley Hipo-tecaria y que en su consecuencia se requiriera á la Sociedad Balseiro y Georgetti, para que en el término de veinte días verificara el pago de los veinte mil pesos del precio aplazado; montantes con los descuentos correspondientes, á la suma de doce mil dollars, con más los intereses caidos hasta el 30 de Junio anterior, ascendentes en junto, á mil setecientos cin-cuenta y nueve dollars setenta y ocho centavos, más los que se devengaran en lo sucesivo, al tipo del ocho por ciento anual, hasta el día del efectivo pago y las costas; á lo que se declaró no haber lugar por auto de 2 de Agosto siguiente, por no estimarse vencido el crédito y porque en los docu-mentos que se acompañaban á la demanda, no se habían observado los requisitos exigidos por el artículo 169 del Re-glamento de la Ley Hipotecaria, y que pedida reposición de este provisto, se declaró también sin lugar, por auto de 9 del mismo mes, por los mismos fundamentos del anterior, pero aclarándose que el defecto de los documentos presentados consistía en ser la certificación del Registrador de la Pro-piedad, que se había acompañado, de fecha anterior á la presentación de la demanda en 20 días, cuando según el artículo 169 del Reglamento no podía exceder de quince.
    
      Resultando: que contra este provisto se interpuso por la representación de Doña Josefa Cayol, recurso de casación por infracción de ley, acompañando con el escrito de interposi-ción del recurso, una nueva certificación del Registrador de la Propiedad de Arecibo, de fecha posterior á la presentación de la demanda, con el objeto de subsanar el defecto que contenía la anterior, y admitido el recurso y elevados los autos á esta Superioridad con citación y emplazamiento de la parte recurrente, personada ésta, se le entregaron los autos para fornaalizar el recurso, como así lo verificó, fun-dándolo en los números 1 y 7 del artículo 1,690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y . alegando como motivos del recurso, los siguientes:
    I. — Infracción de' la cláusula segunda, del contrato hipotecario de 7 de Junio de 1894; porque si fué pacto expreso en esa cláusula segunda el del vencimiento de toda la deuda para los efectos del apremio judicial, con la sola circunstancia de haberse dejado transcurrir seis mensualidades consecu-tivas de intereses, sin abonarlos, era claro como la luz, que no habiendo satis-fecho los deudores Balseiro y'Georgetti, nada menos que 22 meses sucesivos de intereses, desde el 30 de Julio de 1900 al 30 de Junio de 1902, de cuyas mensualidades no habían presentado recibos ni cartas de pago en el Begistro, ha debido necesariamente, en observancia de esa cláusula segunda, admitirse la demanda ejecutiva, despachándose el requerimiento de apremio, puesto que siendo semejante pacto perfectamente lícito, era obligatorio, con todas sus consecuencias, con arreglo á los artículos 1,255, 1,256, 1,258 y 1,278 del Código Civil; que habían sido infringidos.
    II. — Infracción del artículo 122 de la Ley Hipotecaria. Porque si es ' notorio que la hipoteca ha de subsistir íntegra mientras no se cancele, como lo previene aquella regla del derecho, se contraviene á ésta, cuando se de-niega el cobro de intereses no cancelados, que se estiman satisfechos, cual si estuvieren extinguidos ó no subsistentes.
    III. — Infracción de los artículos 168, 169 y 170 del Reglamento Hipote-cario, toda vez que, atendido el espíritu y la recta inteligencia de dichos artículos, no puede negarse la ejecución y el requerimiento de pago por capital é intereses, sino en cuanto resulten extinguidos de la certificación reciente expedida por el Registro de la Propiedad. En consonancia con el propósito establecido en el artículo 122 de la Ley especial que rige las hipotecas, viven y subsisten éstas con todos sus efectos legales, mientras no se extingan por la cancelación. De aquí una inteligencia poco acertada del pensamiento fundamental contenido en aquellos preceptos reglamentarios.
    IV. — Infracción del artículo 1157 del Código Civil, en sus enlaces con el 1176 y siguientes. Establece el primero de dichos artículos una presunción legal “juris et de jure”, sin prueba en contrario, por virtud de la cual, mientras no se hayan entregado completamente las cantidades adeudadas, no se entiende satisfecha la deuda. La Sala- sentenciadora, contraviniendo esta Ley, supone satisfechos intereses, á pretexto de haberse intentado consignar una parte de ellos y por ende incúrrese en el error de derecho de apreciar como valedera, á los efectos de extinguir el crédito hipotecario, una consig-nación declarada ineficaz, y ello envuelve necesariamente la manifiesta oposi-ción é inobservancia del artículo 1180 del Código Civil, especialmente en su párrafo último, porque según.él, mientras no recae la resolución judicial de que está bien hecha la consignación, subsiste la deuda íntegramente, y, en su consecuencia, subsistente la total deuda de intereses,-quedó, como ya se ha dicho, vencido enteramente el capital hipotecario.
    V y último. — Por error de hecho en la apreciación de la parte dispositiva de la sentencia ejecutoria. El fallo de la Corte de Arecibo qué lleva fecha 30 de Agosto de 1901 y que figura certificado en los autos principales por referencia del Supremo en casación, termina diciendo en su parte dispositiva de esta manera: “se declaran ineficaces las consignaciones de intereses, he-chas por Balseiro y Georgetti, á los efectos del litigio ordinario; pero no se declara, como se supone, tácitamente, que las tales consignaciones son efica-ces para los efectos del procedimiento de apremio.
    Abogado del recurrente : Sr. López LaruLrón.
    
   El Juez Presidente Sr. Quiñones,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la siguiente opinión del Tribunal :

Considerando: que con arreglo al artículo 169 del Regla-mento dictado para la ejecución de la Ley Hipotecaria en esta Isla, con el escrito inicial del procedimiento sumario es-tablecido por el artículo 128 de la citada ley para la ejecu-sión de los créditos hipotecarios, debe presentarse, además de los comprobantes de la personalidad del actor, ó de su representante, y el título ó títulos del crédito, con la nota de su inscripción, y demás formalidades que la ley de Enjuicia-miento Civil exige para autorizar los mandamientos de eje-cución, una certificación del Registrador de la Propiedad, de fecha posterior á la del vencimiento de la obligación, que declare no constar cancelado el gravámen hipotecario, ni hallarse pendiente de cancelación según el Diario, con los demás particulares que en el número 3 de dicho artículo 169 se determinan, y cuyo certificado, según terminante prescripción del mismo artículo, no podrá ser de fecha anterior, en más de quince días, á la presentación de la deman-da; y según el artículo siguiente, que el Juez examinará el escrito y los documentos que lo instruyan, y si considera .cumplidos los requisitos legales, sin más trámites, dictará auto mandando hacer el requerimiento de pago á los que, según la certificación del Registro, estuvieren en posesión de los bienes hipotecados; pero que si no considera cumpli-dos dichos requisitos, denegará también, por medio de auto, el requerimiento solicitado.

Considerando: que no habiendo cumplido la representa-ción de Doña Josefa Cayol con todos los requisitos preveni-dos por el artículo citado del Reglamento, puesto que la certificación del Registrador que presentó con su demanda, era anterior, en veinte días, á la fecha de la presentación de aquélla, cuando según dicho artículo no podía exceder de quince días, no procedía despacharse el requerimiento de pago solicitado por la promovente, por lo que, al declararlo así la Sala sentenciadora, léjos de haber infringido, ha apli-cado rectamente los artículos 168, 169 y 170 del Reglamento de la Ley Hipotecaria.

Considerando: que si bien para subsanar aquel defecto presentó la representación de Doña Josefa Cayol, con el escrito de interposición del presente recurso, una certifica-ción del Registrador, de fecha posterior á la demanda, ese documento no puede ser tomado en consideración por este Tribunal Supremo, que para resolver en casación, sólo puede apreciar los documentos que haya tenido presentes la Sala sentenciadora, al dictar la resolución recurrida, lo que no ha tenido lugar en la certificación de que se trata, que ha sido presentada fuera de tiempo y que no ha sido calificada por el Tribunal sentenciador, de tal manera, que ni siquiera consta que dispusiera su agregación á los autos.

Considerando: que debiendo estimarse la omisión de cual-quiera de los requisitos del artículo 169 del Reglamento Hipotecario, como un defecto suficiente para denegar el requerimiento de pago del deudor, según lo prescribe el artículo siguiente del citado Reglamento, es ocioso entrar á discutir los demás motivos en que se funda el recurso.

Se declara no haber lugar al recurso de casación por infrac-ción de ley interpuesto por Doña Josefa Cayol y Julia, á quien condenamos en las costas.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, Sulzba-cher y MacLeary.  