
    Ex Parte Bird.
    Solicitud para que se expida mandamiento de Habeas Corpus.
    
    No. 29.
    Resuelto en marzo 15, 1904.
    Libertad de la Prensa. — La primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de la prensa, pero no una licencia ilimitada para publicar lo que se quiera con respecto a las personas, funcionarios pú-blicos, o jueces de tribunales, en su capacidad pública o privada.
    Injurias a la Autoridad — Instituciones Americanas. — Las disposiciones con-tenidas en el artículo 265 del Código Penal español que preveen y eastigan(*) el delito de injurias a la autoridad, no son incompatibles con el espíritu dq las instituciones de carácter americano.
    Id. — Delito de Carácter Infamante. — El delito de injurias a la autoridad, no es de carácter infamante, pues no se castiga con pena corporal, sino con pena correccional, y como ésta se cumple en la cárcel, tal delito es un misdemeanor, y solamente los delitos calificados de felony pueden tener tal carácter.
    Gran Jurado — Tribunales Insulares. — Las disposiciones del artículo 5 de las enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos no tienen aplicación a; los tribunales insulares, en los que no es necesaria la acusación de un gran jurado para que en ellos pueda declararse culpable a un aeusado.
    Juicio por Jurado. — Si un acusado no solicitare a su debido tiempo el juicio por jurado, se entenderá que renuncia a él, y tal juicio sólo puede concederse en casos de felony.
    
    Habeas Corpus — Nombramiento de Jueces — Juez de' Eacto. — Se presume qué el nombramiento de un juez que esté actuando regularmente en un tribunal ha sido heeho con las formalidades legales, pero en todo caso, la legalidad o ilegalidad de tal nombramiento no puede ser investigada en un procedimiento de habeas corpus, y aun en el caso de que no hubiera sido legalmente nom-brado, tendría el carácter de juez de facto, y como tal sus resoluciones serían válidas y no podrían ser atacadas colateralmente por habeas corpus.
    
    Código de Enjuiciamiento Criminal — Código Penal — Delitos Cometidos con Anterioridad a Julio 1, 1902. — Los nuevos Códigos Penal y de Enjuiciamiento Criminal, que empezaron a regir en julio 1, 1902, no tienen aplicación a actos o delitos cometidos con anterioridad a esa fecha.
    Leyes in Pari Materia. — Las leyes in pari materia deben ser interpretadas con-juntamente, armonizándolas, si es posible, y en forma tal que no resulte incompatible con los principios generales de dereeho.
    Constitución de los Estados Unidos — Territorios.—Para que la Constitución de los Estados Unidos se entienda vigente en un territorio, es necesaria una Ley del Congreso que así lo disponga, o que sus beneficios se hagan exten-sivos a tal territorio por otros departamentos del Gobierno y que el Congreso tácitamente consienta en ello, lo que no ha tenido lugar con respecto a Puerto Rico.
    Habeas Corpus — Jurisdicción Sobre la Persona del Acusado y Sobre el De-lito. — En los casos en que apareciere que el tribunal tuvo jurisdicción sobre la persona del acusado y sobre el delito de que fué acusado, la solicitud de excarcelación por habeas corpus deberá desestimarse.
    Id. — Objeto del Auto de Habeas Corpus. — El objeto del auto de habeas corpus es librar al peticionario de prisión ilegal, pero tal procedimiento no puede utilizarse a los efectos de una apelación o de un recurso por causa de error.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del peticionario: 8res. Dexter y Hernández Tisera.
    
    Abogado del Pueblo: Sr. del Toro, Fiscal.(*)
    
   El Juez Asociado Se. MaoLeaey,

emitió la siguiente opi-nión del tribunal:

El día cuatro del corriente, mes Hobart S. Bird presentó una solicitud al Hon. José S. Quiñones, Juez Presidente de la Suprema Corte, para un auto de habeas corpus, alegando que había sido arrestado en dicha fecha, por un oficial de la Corte de Distrito de San Juan, y detenido en custodia, de acuerdo con cierto mandamiento expedido por dicho tribunal de dis-trito, bajo una sentencia dictada por la Corte Suprema de Puerto Eico, en 27 del mes de febrero próximo pasado, en la pausa de El Pueblo de Puerto Rico v. Hobart S. Bird, y acompañando a la citada solicitud, copia de dicha sentencia. El Juez Presidente expidió el auto solicitado, y mandó qne se viera la cansa ante el tribunal en pleno, en 6 del presente mes, y de acuerdo con la súplica del demandado, se señaló el día 12 del mismo mes, para la vista, siendo el acusado puesto en libertad bajo fianza durante este intervalo. En la vista habida se discutió el caso para resolverlo hoy.

El peticionario alegó que estaba ilegalmente detenido y privado de su libertad por José Berrios, Alcaide de la prisión “La Cárcel,” que corresponde a la cárcel del condado, en Puerta de Tierra, un barrio de San Juan, con violación de la Constitución de los Estados Unidos, y las leyes de los mismos, consignando los siguientes fundamentos:

“1. El Sr. Bird ha sido enjuiciado por infringir el artículo 265 del Código Penal, vigente en Puerto Rico al tiempo de la ocupación americana y que el Congreso de los Estados Unidos, en su Ley Or-gánica de 12 de abril de 1900, sección 8, declaró vigente y con fuerza legal en Puerto Rico.
“Dicho artículo 265 al tiempo de la comisión de este delito por el Sr. Bird, era absolutamente nulo y sin fuerza legal, por ser incompatible con las instituciones americanas y, porque el mismo no era aplicable al caso que servía de base a este proceso.
“2. El artículo 265 ameritado, hacía la ofensa prescrita en él ‘un crimen infame’ (infamous orime) y lo castigaba con arresto mayor. (*)
“Por esta razón, el denunciado no debía haber sido procesado sino previa la presentación de acusación por el gran jurado.
“3. Al denunciado Sr. Bird se le negó el derecho de ser juzgado por un Pequeño Jurado, como está garantizado por la Constitución de los Estados Unidos.
“4. Los procedimientos de la corte de distrito no fueron proce-dimientos legales, tales como los define y prescribe la Constitución de los Estados Unidos.
“5. En el acto del juicio oral, la corte de distrito estaba ilegal-mente constituida, pues según los preceptos de la sección 33 de la Ley del Congreso de abril 12 de 1900, llamada la Ley Orgánica, los jueces de las cortes de distrito deben ser nombrados por el Goberna-dor, con la anuencia y consentimiento del Consejo Ejecutivo. Según consta en los autos, cuando el Sr. Bird fué juzgado y sentenciado en la corte de distrito, uno de sus jueces, el Sr. Morera, se inhibió del conocimiento de la causa, y fué sustituido por el Sr. Don Angel Gar-da Veve, nombrado por el Gobernador juez especial de la corte de dis-trito, pero no consta que su nombramiento haya sido aprobado por el Consejo Ejecutivo, ni que el puesto del Sr. Morera esté vacante por su muerte, renuncia, o por haber expirado el tiempo de su nombra-miento. Por esta razón, todos los procedimientos de la corte de dis-trito, y con posterioridad, los del Tribunal Supremo, fueron ejecuta-dos sin tener competencia para ello.
“6. Los procedimientos por los cuales el denunciado fué senten-ciado en la corte de distrito, no fueron legales, porque en los autos consta que el Sr. Bird fué acusado de la comisión de este delito el 13 de febrero de 1902, y el segundo juicio, en el cual fué sentenciado, fué celebrado en octubre de 1903.
“El Io. de julio de 1902, la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal empezó a regir, y según consta de los autos, los procedimientos no estaban regulados por esta ley, excepto lo que se refiere a la con-testación del denunciado en el acto del arraignment de no ser culpable y señalamiento del día para la celebración del juicio oral. No-consta en los autos que la acusación fuera presentada por el Fiscal en audiencia pública y a nombre de El Pueblo de Puerto Rico, ni que estuviera formulada bajo juramento de que estaba basada en la de-claración de testigos juramentados ante él. Tampoco expresa clara-mente los hechos constitutivos del delito como lo exige la ley, y por lo tanto, la sentencia de la corte de distrito es completamente nula.
“7. El Sr. Bird tenía derecho a ser juzado por jurado, según lo (*) preceptúa el capítulo 10 del Código Penal, que empezó a regir en Io. de julio de 1902.
“8. Al ser determinada esta causa por la Corte Suprema de Puerto Rico, ésta rehusó considerar los preceptos legales infringidos, que no hubieran sido presentados por el Sr. Bird, a pesar de que con anterioridad a esta sentencia del Tribunal Supremo, ya éste había sido transformado por Ley de la Asamblea Legislativa de Puerto-Rico, de 12 de marzo de 1902, en tribunal de apelación con el deber de que en sus resoluciones, tanto en causas civiles como criminales, no se limitaría a considerar las infracciones de leyes o quebranta-mientos de forma protestados por las partes, o expuestos en sus ale: gatos y que constaran en los autos, sino que además podría, para impartir mejor justicia, conocer de todos los hechos y procedimientos en la cansa, como constaran de los antos, y al mismo tiempo entrar en el fondo de la cuestión, para así administrar mejor justicia.
“9. La sentencia del Tribunal Supremo es nula por las razones ya expuestas.
“Por lo cual, el Tribunal Supremo, al dictar sentencia contra mi defendido, erró, causando así un perjuicio muy grande al denun-ciado y perjudicándolo en sus derechos.”

El peticionario alega, además, que dicho arresto y deten-ción fueron ilegales, a causa del mencionado procedimiento ilegal y nulo, y por no tener competencia la corte de distrito, ni el Tribunal Supremo, para conocer de la causa, por cuyas razones suplicó que se expidiera el auto de habeas corpus a su favor y que se excarcelara. Estos fundamentos se con-siderarán seriatim.

1. El primero, que alega que el artículo 265 del antiguo Código Penal, bajo el cual el demandado fué convicto, fué ab-solutamente nulo, por ser incompatible con las instituciones americanas y porque no era aplicable a los hechos, se con-siderará primeramente. Esta sección había sido la Ley de Puerto Pico por muchos años antes de la ocupación americana, y durante el gobierno militar, y cuando se estableció el go-bierno civil por la Ley del Congreso, aprobada en 12 de (*) abril de 1900, continuó en vigor, por la sección 8 de la Ley citada, la que, pasando en silencio los Disponiéndose, que no son aplicables al presente caso, dice lo que sigue:

‘ ‘ Que las leyes y ordenanzas de Puerto Rico actualmente en vigor, continuarán vigentes, excepto en los ca,sos en que sean alteradas, en-mendadas o modificadas por la presente; o hayan sido alteradas o modificadas por órdenes militares y decretos vigentes cuando esta ley entre a regir, y en todo aquello en que la mismas no resulten incompatibles o en conflicto con las leyes estatutarias de los Estados Uni-dos no inaplicables localmente, o con las presentes disposiciones, hasta que sean alteradas, enmendadas o revocadas por la autoridad legislativa creada por la presente para Puerto Rico, o por una ley del Congreso de los Estados Unidos.”

No se pretende qne esta ley hubiere sido alterada, enmen-dada o modificada por órdenes o decretos vigentes en 1 de mayo de 1900, cnando empezó a regir ¿a Ley Orgánica, ni se alega qne este estatuto esté en conflicto o sea inconsistente con los estatutos de los Estados Unidos, no inaplicables local-mente, o qne esté en conflicto con las disposiciones de la Ley Orgánica, ni qne ésta hubiese sido alterada, enmendada o re-vocada por la autoridad legislativa de Puerto Rico. Se alega simplemente qne semejante ley es incompatible con las insti-tuciones del Gobierno americano. Atendido el argumento ■oral del abogado defensor del solicitante, es de presumirse que él considera esta ley en conflicto con la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza la libertad de la prensa. Pero tal no es el parecer de este tribunal. Dicho artículo de la Constitución dice lo que sigue:

“El Congreso no promulgará ninguna ley con respecto al estable-cimiento de una religión, o prohibiendo el libre ejercicio de la misma; ■o coartando la libertad de la palabra, o de la prensa; o el derecho del pueblo de reunirse pacíficamente y de dirigir peticiones al Go-bierno, pidiendo' la reforma de abusos. ’ ’

Nosotros creemos, sin duda alguna, que nadie, bajo estas (*) disposiciones de la Constitución, aun si se sostuviera que está vigente en esta Isla, podría reclamar que por las mismas ten-dría derecho de publicar, a su capricho, cuanto le plugiera en cuanto a personas o funcionarios, o jueces de los tribunales, ■es sus relaciones públicas o particulares. En otras palabras, es la libertad de la prensa y no la licencia desenfrenada lo que se intenta proteger por esta disposición de la Constitución.

Este tribunal consideró esta materia muy cuidadosamente ■en la causa de Julio Medina, que fué fallada en noviembre 25 ■de 1903. En dicha causa se falló que en vista de que la Ley Penal, bajo la cual fué'procesado el demandado, había sido revocada en virtud de una ley subsiguiente de la Legislatura, que se consideró como un indulto legislativo, tendría que ponerse en libertad, al acusado y anularse la sentencia dic-tada. Pero Medina no fné acusado de liaber publicado un artículo injurioso, o d.e haber abusado de la libertad de im-prenta. Los hechos de esa causa demuestran que el delito atribuido fue la publicación de un periódico sin haber obtenido' previamente una licencia de las autoridades municipales. Tal licencia era necesaria, según la antigua ley española, la cual, si bien no estaba en pugna con la Ley Orgánica de la Isla, fue revocada por una ley de la Asamblea Legislativa, decretada el 27 de febrero de 1902, titulada “Ley definiendo derechos del pueblo, ” y en su tercera sección preceptúa que no se coar-tará a nadie la libertad de la palabra y de la imprenta, y que toda persona en Puerto Pico tendrá la libertad de hablar, escribir o publicar lo que le plazca sobre cualquier asunto, siendo responsable, sin embargo, de todo abuso en que incurra de esa libertad, y cuya ley entró en vigor inmediatamente después de su aprobación.

Ni del examen de la ley, ni de la consideración de los argu-mentos aducidos por el letrado en el juicio, se advierte que este artículo 265 del Código Penal español sea, bajo ningún concepto, incompatible con las instituciones americanas, y (*) dicho artículo ciertamente es aplicable a las circunstancias del caso, que sirvieron de base a los procedimientos contra el pro-cesado. Para hacer manifiesto o patente esto, basta sola-mente leer la ley en relación con el artículo publicado y por el cual fué convicto, y el que se expresa en el fallo de esta corte, confirmando la sentencia del tribunal inferior.

2. La segunda pretensión del peticionario de que la ofensa descrita en el artículo 265 del Código Penal, es un delito in-fame, y que por lo tanto, no debería estimarse al procesado por responsable del mismo, a no ser en virtud de una acusa-ción hecha por un gran jurado, no puede considerarse como bien fundada. En primer término, el delito descrito y perse-guido en el artículo 265 del Código español, penado con arresto mayor, no es un delito-infame, pues no es de aquellos por los que en caso de convicción podría aplicársele al acusado castigo corporal, sino simplemente una pena correccional.

Y este delito tampoco podría estimarse como infame, bajo las disposiciones del nuevo Código Penal, si éste fuera apli-cable al mismo, porque la distinción entre felonies y misdemeanors se demuestra claramente en la sección 14 de clicba ley, la que a la letra dice:

“Felony es un crimen castigado con la pena de muerte o de pre-sidio. Misdemeanor comprende todos los demás delitos.”

Juzgado por esta ley, el delito del cual fué convicto el peti-cionario, es claramente un misdemeanor, puesto que el castigo del mismo no puede exceder de seis meses de cárcel. Ningún delito que sea menos grave que un felony puede estimarse como delito infame, de acuerdo con las disposiciones de la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

No bay dificultad ninguna, boy en día, para determinar cuáles delitos son declarados infames, bajo la quinta enmienda de la Constitución de las Estados Unidos. Esa cuestión, que ba sido discutida por mucb tiempo, fué resuelta definitiva-mente (*) por el Sr. Juez Gray, en la causa de Wilson ex parte, referida en 114 U. S., pp. 425, 426. En aquella opinión clara el Tribunal .Supremo dice:

“Pero por las razones arriba citadas, que se refieren al objeto y los términos de la primera disposición de la quinta enmienda, así como a la historia .de su adopción, y a su primitiva inteligencia y práctica bajo la misma, este tribunal es de opinión que la capacidad del demandado, en el caso de que sea convicto, para servir como tes-tigo en otra causa, no es una prueba verdadera; y que no puede hacerse responsable a ninguna persona, sin información o acusación por un gran jurado, por ningún delito que se pueda castigar por la corte con una pena infamatoria.
“La cuestión es, si el delito es uno de aquellos por el cual la corte queda autorizada por los estatutos a castigar con una pena infama-toria, y no, si la pena qué últimamente se imponga, lo es. Cuando el acusado se encuentra en el peligro de ser sometido a una pena in-famatoria; si se le declarase culpable, él tiene el derecho de insistir ■que no se celebre el juicio, excepto bajo la acusación de un gran jurado.
“Ni podemos acceder a la proposición, que algunas Taces se ha mantenido, que ningún delito es infame en el sentido de la Quinta Enmienda, que no haya sido declarado por el Congreso. Véase United States v. Wynn, 3 MacCrary, 266 y 11 Fed. Rep., 57; United States v. Petit, 11 Fed. Rep., 58; United States v. Cross, 1 McArthur, 149. El propósito de la enmienda fué limitar eLpoder de la Legislatura, .así como el de los Fiscales de los Estados Unidos. * * *”

Se ha seguido uniformemente esta causa desde 1884, y entre otros, en los casos de United States v. Petit, 114 U. S., 429, y Mackin v. United States, 117 U. S., 348. Véase tam-bién Miller on Constitution, p. 504, y 1 Rawle’s Bouvier’s Dictionary, p. 1026.

El delito del cual se declaró culpable al solicitante bajo el artículo 265 del Código Penal español, era punible con la pena de arresto mayor. Esta pena fué calificada como pena co-rreccional, bajo el artículo. 24 del Código Penal español. Solamente las penas corporales corresponden, bajo dicho código, (*) al castigo de felonies bajo la Ley Penal americana. Esto aparece claramente al leer el artículo citado, que es como sigue:

“Artículo 24. Las penas que pueden imponerse con arreglo a este Código y sus diferentes clases, son las que comprende la si-guiente escala general:
“Penas aflictivas. — Muerte, cadena perpetua, reclusión perpetua, relegación perpetua, entrañamiento perpetuo, cadena temporal, re-clusión temporal, relegación temporal, entrañamiento temporal, pre-sidio mayor, prisión mayor, confinamiento, inhabilitación perpetua, inhabilitación absoluta temporal, inhabilitación especial perpetua, inhabilitación especial temporal.
“Penas correccionales. — Presidio correccional, prisión correccio-nal, destierro, reprensión pública, suspensión de cargo, suspensión de cargo público, derecho de sufragio activo y pasivo, profesión u oficio y arresto mayor.
“Penas leves. — Arresto menor, reprensión privada.
“Penas comimes a las tres clases anteriores. — Multa, caución.
“Penas Accesorias. — Degradación, interdicción civil, sujeción a la vigilancia de la autoridad, pérdida o comiso de los instrumentos y efectos del delito, pago de costas.”

Las penas corporales, según se han designado anterior-mente, corresponden con las penas capitales e ignominiosas a que se refiere la quinta enmienda de la Constitución; y las penas correccionales, leves y accesorias, son de grado inferior. La pena de que se queja el peticionario, es correccional solamente, y no se castiga el delito por prisión en el presidio o la penitenciaría, sino solamente en la cárcel. De aquí que pudiera ser perseguido por información, y no necesitaría una acusación por un gran jurado, ni aun en los tribunales fede-rales. Pero aparte de este aspecto de la causa, el artículo 5o. de las enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos, no tiene aplicación a los' tribunales insulares, y las acusaciones por un gran jurado para la declaración de culpabilidad del acusado, (*) en dichos tribunales, no son más necesarias de lo que lo serían en los tribunales de Estado, o de los territorios en los Estados Unidos. Este es un punto bien establecido por numerosos casos, según queda demostrado en los dis-cursos del Juez Miller sobre la Constitución de los Estados Unidos, discurso 10, p. 493, donde dicho distinguido jurista, al hablar de la enmienda séptima, dice:

“Este artículo de las enmiendas de la Constitución, así como todos los demás, desde uno a ocho inclusive, se refiere al ejercicio del gobierno de los Estados Unidos y no al de los Estados. Esto ha sido decidido repetidas veces.” Citando Livingston v. Moore, 7 Pet., 469; The Justices v. Murray, 9 Wall., 274; Edward v. Elliott, 21 Wall., 532.

Ni podrá aplicarse esta disposición en manera alguna a los tribunales insulares en Puerto Rico, hasta que sean con-vertidos en Cortes Federales por una ley del Congreso. Reynolds, v. United States, 98 U. S., 145; Eilenbecker v. District Court, 134 U. S., 31; United States v. Cruikshank, 92 U. S., 542; Walker v. Sauvinet, 92 U. S., 90; Fox v. Ohio, 46 U. S., 410; Holmes v. Jennison, 39 U. S., 549; Presser v. Illinois, 116 U. S., 252; In re Ross, 140 U. S., 453; Cook v. United States, 138 U. S., 157; Hurtado v. California, 110 U. S., 516;, MacAllister v. United States, 141 U. S., 174; Permoli v. N. O., 44 U. S., 589.

No Remos podido encontrar ninguna resolución de la Corte Suprema que de nn modo directo prescriba la condición de las cortes territoriales con arreglo a la enmienda 7a. de la Consti-tución de los Estados Unidos; pero en el caso de Walker v. S. P. R. R. Coresuelto en 1896, el abogado presentó esta cuestión y el Juez Sr. Brewer, al redactar la opinión del tribunal, dijo:

“Juzgamos innecesario considerar la alegación que hace el de-mandado de que las cortes territoriales no son cortes de los Estados Unidos, y que la enmienda 7a. no es de aplicarse a los territorios, porque el Congreso, por una ley de abril 7 de 1874, c. 80, 18 Stat., 27, (*) al legislar para todos los territorios, declaró que a ninguna parte ‘se le privará del derecho de tener un juicio por jurado en los casos que hayan de resolverse con arreglo a la ley común; ’ y aunque esto no haga extensivas a los territorios, de modo terminante, todas las prescripciones de la enmienda 7a. asegura todos los derechos de un juicio por jurado, tal y como ellos existían en la ley común. ’ ’ Walker v. Southern Pacific R. R. Co., 165 U. S., 595, 596.
Se hizo referencia a esta causa, aprobándola en la causa posterior de American Publishing Co. v. Fisher, 166 U. S., 467.

Si la enmienda 7a. tuviera aplicación a dichas cortes, es. bastante probable que la resolución se Rubiera basado en la Constitución más bien que en el estatuto; y podemos deducir lógicamente que la Corte Suprema no considera que las cortes, territoriales sean cortes federales dentro de los límites de la enmienda 7a.

Pero las Cortes Insulares de Puerto Eico, de jurisdicción original, tienen más analogía con las Cortes de los Estados-que con las de los territorios. No fueron creadas por una ley del Congreso, sino que existían antes de la aprobación de la Ley Foraker que las reconoció y las dejó en vigor. Véase la sección 33 de la Ley Orgánica. Puerto Eico no es un terri-torio, ni es Estado de la Unión americana, pero sus Cortes de Primera Instancia tienen muchas, si no todas, de las atri-buciones de dichas cortes, y al firmarse el Tratado de París, y durante todo el período del Gobierno Militar, había en la Isla un completo sistema judicial que hasta la fecha presente se ha modificado solamente, sin que se haya cambiado del todo durante el Gobierno Civil.

Por estas razones, si la Constitución de los Estados Unidos estuviera vigente en Puerto Eico, no podría considerarse que la enmienda 7a. tuviera aplicación a sus cortes, pues ellas estarían comprendidas en las decisiones mencionadas ante-riormente, las que sostienen que esta enmienda no tiene apli-cación a las cortes de los Estados.

Una institución como el gran jurado no ha sido nunca vista (*) en las cortes Insulares de Puerto Eico. Existen a la sazón unos mil prisioneros en la penitenciaría de Puerto Eico, a los cuales habría que soltar si se diese esta interpreta-ción al Código Penal; sin embargo, si fuera necesario para hacer justicia en el presente caso, este tribunal no vacilaría en abrir las puertas de todas las cárceles de la Isla. Pero esa interpretación no está autorizada por autoridad alguna, de las que se han presentado ante esta corte, o pudieran encontrarse después de una diligente busca.

3. Se alega que al acusado le fué denegado el derecho a un juicio por jurado, cuyo derecho se lo garantiza la Consti-tución de los Estados Unidos. En relación a esta garantía constitucional, son aplicables las mismas observaciones con-tenidas en el párrafo anterior referentes a acusaciones por los grandes jurados. La enmienda sexta, en vez de la quinta, es la que está envuelta en este caso, y hé ahí la única dife-rencia. Pero el acusado, como está demostrado en los autos, renunció a todo derecho a un juicio por jurado, de acuerdo con las leyes de Puerto Eico y la Constitución de los Estados Unidos, si las mismas fueren aplicables, por no haber hecho nna solicitud con aqnel objeto, a su debido tiempo. La ley de jurados de Puerto Eico preceptúa que un acusado tiene derecho a un juicio por jurado' en todos los casos de delito grave, siempre que así lo solicite cuando se haga la primera lectura de la lista o relación de las causas, y se ponga la de él en la correspondiente a jurados. Yéase el artículo 178 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Ninguna solicitud referente a un jurado fué jamás presentada a favor del pro-cesado antes o durante la acusación (arraignment), ni du-rante más de una semana después, cuando su abogado defen-sor se presentó ante el tribunal, tratando de excusar su negli-gencia, y pidió un jurado, que le fué negado, porque el delito de que se le había acusado era solamente un delito menos grave y no felony, y además, porque no había pedido o soli-tado el jurado dentro del término (*) prescrito por la ley, y por lo tanto, había renunciado a su derecho, si es que tenía alguno. Los autos en este proceso sostienen ampliamente esta proposición, y una ligera ojeada dada a los mismos es suficiente para demostrar que una petición o solicitud de esa naturaleza carece d'e base en que fundarse.

4. El cuarto motivo alegado por el peticionario de que los procedimientos en la corte de distrito no constituían un procedimiento legal en debida forma, como lo preceptúa la Constitución de los Estados Unidos, parece simplemente una repetición de las aserciones del segundo y tercero, con probable alusión al quinto y sexto motivo de esta solicitud; al menos no se ha invocado en la solicitud, ni citado en el in-forme oral del letrado defensor, al presentar la causa a este tribunal, ninguna otra disposición constitucional, ni legal. Sin embargo, puede ser que por el uso del término “procedi-miento legal en debida forma” se haya hecho referencia a la enmienda catorce de la Constitución de los Estados Unidos, que dice:

‘ ‘ Ni tampoco privará ningún Estado a persona alguna, de su vida, libertad, ni bienes, sin un procedimiento legal en debida forma; ni denegará a ninguna persona, dentro de su jurisdicción, la uniforme protección de la leyes.”

Esto es claramente nna limitación de los poderes de las Legislaturas de los Estados y no puede tener referencia a Puerto Eico. En el discurso trece de Miller sobre la Consti-tución, se discute esta enmienda, 3^ el distinguido autor se expresa en la forma siguiente:

“Aquella enmienda fué ordenada para asegurar iguales derechos a todas las personas. Para llevar a cabo el objeto de la misma, el Congreso está investido del poder de hacer cumplir sus disposiciones mediante una legislación adecuada. Por otra parte, no fué ideada para poner obstáculos al poder del Estado para proteger la vida, libertad y los bienes de sus ciudadanos, ni al ejercicio de ese poder en las adjudicaciones (*) de los Tribunales del Estado, al instruir los procedimientos dispuestos por sus leyes. Por lo tanto, cuando una persona acusada de un delito dentro de un Estado es sometida, al igual de todas las demás personas, en dicho Estado, a la ley, en el curso .ordinario de su administración en los tribunales de justicia, el fallo que resulte en esta forma, no puede considerarse como un ejer-cicio de poder arbitrario y sin restricción, y por eso nulo y sin nin-gún valor.” Virginia, Ex parte, 100 U. S., 339. In re Converse, 137 U. S., 624. Miller on the Constitution, 658, 659.

La eminente autoridad continúa diciendo:

“La ley, en su curso ordinario de administración por los tribu-nales de justicia, constituye un procedimiento legal en debida forma, y cuando está asegurada por las leyes del Estado, se han llenado los requisitos de la enmienda catorce. El procedimiento legal en debida forma, según el sentido de dicha enmienda, está asegurado si las leyes se aplican a todos de igual modo, y si, por ellas, no se somete al indi-viduo a un ejercicio arbitrario de los poderes del Gobierno.” Leeper v. Texas, 139 U. S., 462; Miller on tbe Constitution, p. 664. Yéase también Miller sobre la Constitución, p. 675, como un caso análago.

Según las autoridades citadas, y después de resumir todo lo que se refiere al punto que trata de sostener el letrado defensor, en su solicitud, nos yernos obligados a declarar que el solicitante en el presente caso, no puede quejarse de que los trámites del tribunal de distrito no fueran practicados de acuerdo con un procedimiento legal en debida forma, y que todo derecho que tuviera, y que persona alguna pudiera recla-mar bajo la enmienda catorce de la Constitución, o bajo cual-quiera otra sección de aquel documento, le ha sido concedido y cuidadosamente guardado en el juicio de esta causa.

5. El quinto motivo alegado por el peticionario, para que se le ponga en libertad bajo el auto de habeas corpus, se re-fiere a la competencia del juez especial de la corte de distrito, que fué nombrado para reemplazar al juez en propiedad de dicho tribunal que estaba inhabilitado, porque era uno de los jueces a quien el acusado había atacado en el artículo (*) por cuya publicación fué procesado. Se alega que el juez especial de dicho tribunal, aunque fué nombrado por el Gober-nador, no fué nunca confirmado por el Consejo Ejecutivo, lo cual, según se pretende, era necesario con arreglo a la Ley Orgánica. Si es que la Ley Eoraker exige que un juez especial de un tribunal de distrito, sea no solamente nom-brado por el Gobernador, sino también confirmado por el Consejo Ejecutivo, no hay nada en los autos que demuestre que este juez no fué confirmado por el Consejo Ejecutivo. El fué nombrado en debida forma por el Gobernador, y si fué confirmado o no por el Consejo Ejecutivo, no consta afirmativamente, ni tampoco los autos contienen nada en sen-tido contrario, y por lo tanto, hay que presumir concluyen-temente que fué confirmado, si es que la ley lo exigió. En otras palabras, el hecho de que un juez estaba funcionando en debida forma en el tribunal de distrito, en unión con otros dos, cuyo nombramiento no se pone en duda, y quienes toma-ron parte en el juicio bajo la dirección del Fiscal General, con arreglo a lo dispuésto por la ley, a lo menos autoriza la presunción de que fue nombrado y confirmado legalmente y en debida forma. De todos modos, este fallo era el de un tribunal de facto,, y no bay ley que justificaría a este tribunal en un procedimiento de habeas corpus, de investigar la lega-lidad de su nombramiento.

La .Suprema Corte -de los Estados Unidos establece esta doctrina en los términos siguientes:

“No se puede decir que se baya denegado a una persona la uni-forme protección de las leyes, ni que baya sido privado de su liber-tad, sin un procedimiento legal en debida forma, en violación de la enmienda décimacuarta, por haber sido juzgada y sentenciada a pri-sión por un juez que, aunque baya sido nombrado por el Goberna-dor, sin autoridad para ello, es un juez de facto de un tribunal de jure, por la ley del Estado, según se ba declarado por el tribunal más alto del mismo.” In re Manning, 139 U. S., 504; Miller’s Lectures, p. 673.(*)

Tan recientemente como en el año 1898, esta doctrina ha sido reafirmada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en la causa de Henry Ward, ex-parte, en la cual el Juez Presidente Fuller, al pronunciar el fallo del tribunal, dice:

“No necesitamos, sin embargo, considerar el amplio alegato del abogado defensor con respecto a este punto, puesto que nosotros con-sideramos aplicable al presente caso la regla bien establecida de que en los casos en que el tribunal tenga jurisdicción sobre un delito y sobre el acusado, si los procedimientos por otra parte se ajustan a la ley, una declaración de culpabilidad es legal, aunque el juez que pre-sida el tribunal sea solamente un juez de facto; y que la validez del derecho de tal juez al cargo como tal, o su derecho de ejercer las fun-ciones judiciales, no pueden ser determinados al presentarse un auto ,de habeas corpus Henry Ward, ex parte, 173 U. S., 454.

' Es verdad que con arreglo a la antigna ley española, en nn recnrso de apelación interpuesto contra nna sentencia dic-tada, tal como el anterior recnrso interpuesto contra la pri-mera declaración de culpabilidad en esta cansa, se investi-gaba la competencia de nn juez especial de nn tribunal de distrito; pero ese no era nn caso de habeas corpus, y tal investigación se bizo únicamente, con arreglo a las expresas disposiciones del Código español, qne no son aplicables a procedimientos de habeas corpus, sino solamente a recursos de apelación. Resulta, pues, qne todas las presunciones deben ser a favor de la legalidad del nombramiento del -Juez Especial García, y de la validez de la sentencia que él dictó en unión con los otros jueces, y esa sentencia no puede atacarse eolateralmente en un procedimiento de habeas corpus.

6. El sexto motivo alegado por el peticionario, para que se le ponga en libertad,'es que no fué declarado culpable a consecuencia de un procedimiento legal en debida forma; porque él alega que el segundo juicio, en que fué declarado' culpable por segunda vez, tuvo lugar en octubre de 1903, y que en primero de jnlio de 1902 había empezado a regir una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que debía habér-sele juzgado (*) con arreglo a dicha ley. Este tribunal ha declarado repetidas veces que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fué adoptada en primero de marzo de 1902 y empezó a regir el primero de julio del mismo año, no podía aplicarse a hechos o delitos perpetrados y cometidos con ante-rioridad al primer día de julio de 1902. El delito de que se declaró culpable al peticionario, fué cometido en trece de febrero de 1902, antes de que se adoptara la ley a que él se refiere, y mucho antes de que empezara a regir, y según nume-rosas decisiones de este tribunal, y especialmente la pronun-ciada en la causa de Mauleón, ex parte, que en la actualidad está pendiente ante el tribunal de los Estados Unidos, el nuevo Código de Enjuiciamiento Criminal no podía aplicarse a delitos cometidos con anterioridad a la fecha en que em-pezó a regir.

Se ha decidido repetidas veces por este tribunal, que el Código de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal, que fueron adoptados el primer día de marzo de 1902, para empe-zar a regir al medio día del primero de julio siguiente, nó regía en cuanto a la persecución y castigo de delitos come-tidos con anterioridad a esta fecha. Las razones para esta decisión se hallan consignadas en el amplio dictamen con-currente emitido por el Juez MacLeary, en la causa de Mauleón, ex parte, que fué decidida por este tribunal en 9 de octu-bre de 1903, y contra cuya decisión se interpuso por el peti-cionario recurso de apelación para ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos; será conveniente, sin embargo, resu-mirlas aquí sucintamente. La interpretación que se ha dado a estos códigos, está de acuerdo con la manifiesta intención de la Legislatura, según se deriva de los mismos códigos, de la historia contemporánea y de las circunstancias que prevalecían en esa época. Church of H. T., v. United States, 143 U. S., 457; Siemens’s v. Sellers, 123 U. S., 276; United States v. U. P. R. R. C., 91 U. S., 72; Aldridge v. Williams, 3 How., 8; de la anterior condición de los estatutos o leyes que existían en la Isla. Ross, ex parte, 140 U. S., 453; Platt v. U. P. R. R. Co.,(*) 99 U. S., 48, de la interpretación contem-poránea por funcionarios ejecutivos encargados de su eje-cución. United States v. Healy, 160 U. S., 136; People v. Dayton, 55 N. Y., 377; Wetmore v. State, 55 Ala., 198; United States v. A. G. S. R. R. Co., 142 U. S., 615; United States v. Johnston, 124 U. S., 236, y de una aversión a cambiar una larga serie de decisiones, envolviendo graves consecuen-cias para la Administración de Justicia. Sutherland on Statutory Construction, sección 314, 323; In re Warfield, 22 Cal., 51; Broker v. Lorrilard, 4. N. Y., 261; Rogers v. Goodwin, 2 Mass., 477. En el dictamen citado, se hace también referencia a Soon Hing v. Crowley, 113 U. S., 703; King v. Gallum, 109 U. S., 99; Wisconsin Central R. R. Co., v. Forsythe, 159 U. S., 46; United States v. Clarke, 8 Pet., 436; Territory v. Commissioners, 8 Mon., 409, 411; Foster v. Blount, 18 Ala., 687; Phillips et al. v. Detroit, 111 U. S., 604; United States v. Perot, 98 U. S., 428; Conger v. Weaver, 6 Cal., 548; Sparrow v. Strong, 3 Wall., 97; Tavner v. Patton, 49 Ala., 406; Stockton School District v. Wright, 134 Cal., 68; People v. Craycroft, 111 Cal., 544; Carpy v. Dowdell, 129 Cal., 245; Merced Bank v. Cassacia, 103 Cal., 645; People v. Curry, 130 Cal., 94; Black on Interpretation of Laws, 112; Bishop’s Criminal Law, 19; United States v. Webster, Davies, 38; Fosdick v. Perrysburg, 14 Ohio St., 473; y otras autoridades. Puesto que los códigos han sido copiados del Código Penal de California, que en su original •es una sola ley, y puesto que tiene el mismo objeto a saber: el de establecer en la Isla de Puerto Rico un sistema de leyes criminales americanas, derogando el anterior sistema espa-ñol, y siendo por tanto in pari materia, deben ser interpre-tados juntamente, y si es posible, debe hacerse que funcio-nen en armonía, debiéndoselos interpretar de tal manera que no estén en contradicción con los principios generales de la ley, que no son de presumirse que la Legislatura los haya querido cambiar. Puesto que los dos códigos constituyen un sólo sistema, y siendo imposible separarlos el uno del otro,(*) debe presumirse que empiezan a regir a un mismo tiempo, con respecto a cualquiera causa o clase de causas, que se presente y esté comprendida en los mismos; y puesto que el Código Penal dispone especialmente que no afectará a los delitos cometidos con anterioridad al primero de julio de 1902, debe interpretarse el Código de Enjuiciamiento Criminal en el sentido de que contenga la misma disposición. Manuel v. Manuel, 13 Ohio St., 458, 465; Smith v. People, 47 N. Y., 330; Whitcomb v. Rood, 20 Vt., 49; McDougal v. Dougherty, 14 Ga., 674; Hays v. Richardson, 1 Gill and J., 366; Noble v. State, 1 Green, 325; Lane v. Missoula County, 6 Mont., 482; Carruthers v. Madison County, 6 Mont., 483; Thorpe v. Schooling, 7 Nev., 17. En lo que respecta a este fundamento de ia solicitud, este caso es exactamente igual al de Manleón, y las disensiones contenidas en los dictámenes emitidos en aquel caso, son aplicables al presente y no es necesario repetirlas aquí.

7. El séptimo motivo que alega el peticionario para que se le ponga en libertad, es una repetición de su alegación con respecto al derecho que pretende tener a un juicio por jurado, excepto que él .reclama dicho derecho “bajo las disposicio-nes del capítulo 10 del Código Penal de Puerto Pico,” que se dice haber empezado a regir el primer día de julio de 1902. Dicha ley dispone expresamente que no tiene refe-rencia alguna a delitos cometidos con anterioridad a esa fecha, y tanto por esta razón, cuanto por otras expresadas anterior-mente en la presente, especialmente bajo el tercer motivo de la solicitud del acusado, éste no tenía derecho a un juicio por jurado, y no se ha cometido ningún error al denegar su solicitud, en que lo pidió. .Sin embargo, examinaremos la cuestión bajo el punto de vista del peticionario, para darle el pleno beneficio de todas sus reclamaciones.

Los abogados defensores del acusado, se refieren en su alegato al capítulo 10 del Código Penal de Puerto Eico, sin expresar el título, ni la sección del código. En dicho có-digo (*) hay tres capítulos marcados con el número diez, uno en el título 12, con respecto a libelo; otro en el título 13, refe-rente a dueños de casas de préstamos; y otro en el título 17, con respecto a pesos y medidas falsos. El primero de los tres capítulos mencionados, es probablemente al que dichos abogados tenían la intención de referirse, y hay que pre-sumir que la sección 246 es la que tenían presente y que dice lo siguiente:

“En todos los procesos promovidos por libelo, se podrá testificar la verdad ante el tribunal o jurado, y si éste estimare ser cierto lo denunciado como infamatorio, y haberse publicado con sana inten-ción, y para fines justificables, deberá absolverse libremente al acu-sado, incumbiendo al jurado determinar las cuestiones de hecho y de derecho.”

Por cuanto la ley del jurado que lia sido incorporada en el Código de Enjuiciamiento Criminal, dispone que ninguna persona tiene derecho a un juicio por jurado cuando esté acusada solamente de misdemeanor (y libelo es solamente un misdemeanor con arreglo al código), la sección anterior-mente citada no puede, por implicación, dar al acusado el derecho de pedir un jurado en una causa promovida por libelo. El simple hecho' de que se haga esa cita, no contradice a la ley del jurado, puesto que hay que interpretarla en el sentido de que, siempre que en adelante se disponga que las causas promovidas por libelo sean juzgadas por un jurado,, dicho jurado tendrá el derecho de determinar la ley y los hechos. En el caso de que el derecho a un juicio por jurado, fuere hecho extensivo a los acusados en causas por misdemeanor, o si el delito de libelo fuese declarado felony, enton-ces podría aplicarse esta sección, pero mientras no se hagan estos cambios en las leyes, dicha cita no puede tener la fuerza o efecto que se trata de darle por el peticionario en este caso. Ciertamente, bajo ningún punto de vista de la causa pudiera haberse concedido un jurado al acusado en el juicio en que fué declarado culpable. Esto, sin embargo, no (*) es muy importante para la discusión, puesto que hay que recordar que el acusado no lo fué por libelo, y que no fué juzgado ni declarado culpable por dicho delito, sino por otro comple-tamente distinto.

8. El octavo motivo que alega el acusado en apoyo de su solicitud, no tiene ningún fundamento de hecho y es positi-vamente falso. Un examen del dictamen del tribunal demos-trará, y es un hecho, que de acuerdo con la ley de 12 de marzo de 1903, este tribunal examinó cuidadosamente todos los autos para determinar si había algún, punto legal o de lieclio a favor del acusado, sobre el cual podría basarse una revocation de la sentencia. Los autos no demostraron ningún inci-dente en que se hubieran violado los derechos del acusado, no existiendo procedimiento alguno del que pudiera quejarse con razón. No obstante el hecho de que los abogados del acusado en la vista de esta causa en apelación, solamente presentaron dos proposiciones al tribunal, en el informe oral, •el tribunal examinó minuciosamente los autos de un extremo a otro, y discutió todos los puntos, que surgían de los mis-mos, en un ■ extenso dictamen que forma parte del expe-diente en esta causa, y que ampliamente refuta el ataque hecho en esta parte de la solicitud.' Celo en el interés de su cliente, por parte de un abogado defensor, debe siempre reco-mendarse, pero cualquier desvío de los hechos contenidos en los autos, es imperdonable.

9. El noveno motivo de que el fallo y sentencia del Tribunal Supremo sea irregular y nulo, por las diferentes ra-zones enumeradas anteriormente, es simplemente un resumen ■de lo que se ha dicho ya, y no necesita ulterior consideración, a excepción de decir que nunca ha sido decidido por el Tribunal Supremo de los Estados Enidos, que “la Constitución sigue a la bandera.” En toda extensión de territorio que hasta ahora ha sido adquirida por los Estados Unidos, antes ■de que la Constitución, con todos sus poderes y restricciones pudiera considerarse aplicable al Giobierno, tribunales y (*) •pueblo de tal territorio, se ha considerado necesario que el Congreso adopte alguna medida en el asunto, ya sea estable-ciendo una ley directa, por la cual los beneficios de la Cons-titución. se hacían extensivos a dicho territorio, o ya asin-tiendo tácitamente a medidas tomadas en este sentido, por ■otros ramos del Gobierno. El Congreso no ha adoptado .semejante ley con respecto a Puerto Eico, y no existe tal .asentimiento. Se podrá decir, y nosotros creemos que es ■el caso, que ciertos derechos personales del ciudadano indi-vidualmente, por el mero lieclio ele la posesión americana, se hacen extensivos a cada persona qne resida dentro de la juris-dicción de los Estados Unidos. Esos derechos son tales como el de dar culto según los dictados de su propia conciencia, el derecho de estar seguro en cuanto a su casa, persona, docu-mentos y efectos, contra registros y secuestros irrazonables, y la uniforme protección de las leyes; pero otras disposi-ciones de la Constitución, que se refieren a la condición polí-tica, derechos civiles, ciudadanía o sufragio y otras cosas por el estilo, no tienen ninguna referencia a un pueblo que habita una isla o una extensión de territorio que ha sido ad-quirido por conquista, por descubrimiento, por un tratado, o de otra manera. Y si fuese necesario invocar aquel docu-mento, se podrá fácilmente ver y comprender por el Tra-tado de París mismo, que la condición del pueblo de Puerto Pico, en cuanto a sus derechos civiles y condición política, depende enteramente de la voluntad del Congreso, según se expresa en la ley. Véase el Tratado de París, artículo 9; y hasta que el Congreso tenga por conveniente hacer las dis-posiciones de la Constitución de los Estados Unidos y las leyes adoptadas a consecuencia de las mismas, extensivas a los habitantes de esta Isla, éstos deben limitarse a gozar de la libertad que les ha sido concedida por la Ley Orgánica, por la cual se les han dado los privilegios de una autono-mía limitada y de un gobierno civil.

El mero hecho de que los Estados Unidos son una repú-blica en vez de monarquía, no priva a su gobierno del po-der (*) de declarar y hacer guerra, de extender sus confines, de hacer conquistas, de hacer tratados y de adquirir terri-torio en tal forma como les parezca más prudente y conve-niente, a los poderes ejecutivo y legislativo. Es, por su-puesto, de presumirse que un gobierno libre, como lo es el de los Estados Unidos, al adquirir territorio, concederá a la pobla-ción del mismo, mayor suma de libertades de las que anterior-mente gozaba bajo un régimen monárquico; pero el sostener que los habitantes de tal territorio tengan en seguida, inme-diatamente después de la ocupación por los ejércitos del Gobierno americano, todos los derechos de ciudadanía que los ciudadanos primitivos de la república adquirieron por heren-cia de sus antepasados, no está autorizado por nada, en la Constitución, ni en las leyes de los Estados Unidos, ni en las instituciones, que en el progreso de trece décadas, han nacido bajo la protección de aquella Constitución y de aquellas leyes.

Hasta que el Congreso establezca una ley, haciendo la Constitución de los Estados Unidos extensiva a Puerto Rico, o hasta que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declare que dicha constitución está en plena fuerza y vigor aquí, este tribunal debe conformarse con administrar las leyes de esta Isla, tales como se encuentran en los códigos y esta-tutos y no tratar de usurpar funciones legislativas o ejecu-tivas, al ir en pos del fantasma de derechos imaginarios.

Nosotros deducimos de los dictámenes sobre casos insu-lares contenidos en 182 U. .S. Reports, las proposiciones siguientes:

(a) Considerando los diferentes y numerosos tratados, por los cuales el Gobierno americano ha adquirido territorio extranjero, a la luz de las circunstancias que prevalecían en la época en que fueron celebrados, vemos que el poder que celebraba el tratado, carecía siempre de autoridad para in-corporar el territorio en los Estados Unidos, sin el consenti-miento expreso o implícito del Congreso nacional.

(b) Cuando un tratado no contiene estipulaciones res-pecto (*) a la incorporación, y sobre todo, cuando no sola-mente no tiene tales estipulaciones, sino que expresamente dis-pone lo contrario, entonces la incorporación no procede sino hasta que, en la opinión del Congreso, el territorio adquirido haya llegado a tal estado, que sea conveniente que entre en la familia americana, formando parte de ella.

(c) Las disposiciones de la Ley Foraker, consideradas en su totalidad, claramente manifiestan la intención del Con-greso de que, por lo menos en la actualidad, Puerto Rico no lia de ser incorporado a los Estados Unidos.

En el reciente caso de la González, en que se interpuso re-curso de apelación para ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, contra el fallo dictado por el Tribunal de Circuito de los Estados Unidos, en Nueva York, el tribunal primeramente citado, declaró que-la persona que quería in-migrar en los Estados Unidos, o sea la González, no era una extranjera en el sentido dado a esta palabra en las leyes de inmigración, pero, al mismo tiempo, no declaró que ella era ciudadana de los Estados Unidos, dejando así la condL ción de los puertorriqueños, en cnanto a la ciudadanía, en el mismo ser y estado en que había sido colocada por la Ley Foraker, y las decisiones en los Casos Insulares. Cuales-quiera que sean las aspiraciones que nuestro pueblo tenga con respecto a ciudadanía, gobierno de la Isla por sí misma, gobierno territorial, y a que se declare la Isla Estado de la Unión, esas aspiraciones deben dirigirse al Congreso nacional, o al menos, a alguna otra autoridad que no sean los tribunales insulares, los cuales están obligados a juzgar las cuestiones sometidas a ellos, de acuerdo con las leyes vigentes.

Aunque se sostuvo por el abogado defensor del acusado, en su informe oral, que esta petición había de concederse o ne-garse, con arreglo a las disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos, y la sección trigésimaquinta de la Ley Orgá-nica, que confiere a este tribunal la facultad de expedir (*) autos de habeas corpus; y que la Legislatura de Puerto Rico no podía ni aumentar ni restringir los poderes conferidos por dicha Constitución y Ley Orgánica, sin embargo, no creemos que esa afirmación esté bien fundada. Por cuanto la Legis- 1 latura de Puerto Rico tiene la facultad de legislar en cuanto a la jurisdicción y procedimiento de los tribunales, y ha adoptado una ley referente a habeas corpus que establece todos los bien conocidos principios de la ley americana, apli-cables a este gran auto y cuanto a la solicitud de dicho auto y la concesión del mismo, nosotros creemos que es el deber de este tribunal cumplir con- esa ley, y nosotros la examinaremos para ver si bay algo contenido en la misma que autorice al peticionario para pedir que se le ponga en libertad.

Las leyes con respecto a habeas corpus, aplicables a este caso, son especialmente las secciones 482 y 483 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que dicen lo siguiente:

“Artículo 482. Si no ha expirado el tiempo durante el cual puede estar detenida legalmente una persona, el juez o tribunal ordenará que continúe detenida dicha persona, si resulta que está detenida o en custodia:
“1. En virtud de mandamiento expedido por el juez del tribunal de distrito de los Estados Unidos, en los casos que dicho tribunal o juez tenga competencia exclusiva, o
“2. En virtud de orden de arresto o sentencia firme o decreto de cualquier tribunal competente en la jurisdicción criminal, o de cual-quier mandamiento expedido en virtud de dicha orden de arresto, sentencia o decreto.
“Artículo 483. Si resulta del auto diligenciado que el preso está en custodia en virtud de mandamiento de cualquier tribunal o juez de Puerto Rico, o funcionario del mismo, el preso puede ser excar-celado en cualquiera de los casos siguientes, con sujeción a las pres-cripciones del artículo anterior:
“1. Cuando se ha traslimitado la jurisdicción de tal tribunal o funcionario.
“2. Cuando siendo legal en su origen el arresto, ha tenido lu-gar (*) después alguna acción, omisión o suceso por el cual la persona arrestada se haya hecho acreedora a su excarcelación.
“3. Cuando el mandamiento es defectuoso en algún requisito fundamental de los que la ley exige, produciendo por este hecho la nulidad.
“4. Cuando el mandamiento, no obstante ser correcto en su for-ma, se ha expedido fuera de los casos permitidos por la ley.
“5. Cuando la persona que tenga en custodia al preso, no es la persona autorizada por la ley para detenerlo.
“6. Cuando el mandamiento no está autorizado por ninguna pres-cripción de la ley, sentencia o decreto de algún tribunal.
“1. Cuando se ha encarcelado una persoüa bajo una acusación criminal sin causa razonable o probable para olio.”; .

Del examen de estas secciones resulta claramente que l,a única sección aplicable a este caso, es el.pripaer párrafo de la sección 483, por la que se declara que ‘ ‘ cuando se baya- exce-dido la jurisdicción de tal tribunal o funcionario” se podrá poner en libertad al acusado. No puede haber duda después de una revista minuciosa de todos los autos, y de las razones alegadas por el peticionario, para que se le ponga en libertad, que en este caso el tribunal de distrito tenía jurisdicción sobre el delito denunciado, sobre la persona del acusado y sobre el asunto de que se trataba en esta caiisa,. ..que no se había excedido la jurisdicción en lo más mínimo, y.que el Tribunal Supremo tenía jurisdicción de apelación para decidir dicho asunto al interponerse el recurso de apelación.

No se ha demostrado nada en la solicitud, ni en el alegato, que pueda atacar con éxito esta jurisdicción o la forma ón que se ha ejercido, y tanto por esta razón,- cuanto por otras expresadas en la presente, la solicitud no puede prevalecer.

La mayoría de los puntos alegados en esta solicitud, ata-can más bien el método de procedimiento, que no la jurisdic-ción de los tribunales que dictaron la sentencia, por la cual el acusado fué declarado culpable, y de esta manera tratan de apartar el objeto del auto de habeas corpus de su primitivo propósito de libertar al peticionario de ..una .sujeción o en-carcelación (*) ilegal, de modo que haga las veces de un re-curso de error o de apelación. Es un principio elemental, que esto no es posible, y en apoyo de esto,, no¡creo que.sea néce-sario citar autoridades; sin embargo, .podrá- hacerse refe-rencia a algunas: Storti v. Massachusetts, 183 U. S., 141; Minnesota v. Brundage, 180 U. S., 499; Markuson v. Boucher, 175 U. S., 184; Tinsley v. Anderson, 171 U. S., 101; Baker v. Grice, 169 U. S., 284.

El Juez Taft, en la causa de In re McKnight, en 52 Federal Eeporter, página 801, dijo muy bien, que * * * “Antes de que un tribunal pueda intervenir mediante habeas corpus, en la sentencia dictada por otro tribunal, deberá poder decir que dicha sentencia es nula y sin ningún valor. ’ ’ También se ha dicho por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que cuando la objección que se haga contra una sentencia, sola-mente se refiere a la regularidad de los procedimientos que dieron por resultado el juicio, y no a la jurisdicción del tribunal de hacer ejecutar la sentencia, tal irregularidad no hace . nula la sentencia. Harding ex parte, 120 U. S., 782. No hay nada en estos autos, que invalide la sentencia y apoye la solicitud.

Habiendo ■ examinado minuciosamente todas las reclama-ciones hechas por el peticionario, para que se le ponga en libertad, e investigado las cuestiones presentadas en su causa, aun más detenida y extensamente de lo que ha indicado el abogado defensor en su alegato, y habiendo buscado en vano algún motivo por el cual se pudiera poner en libertad al acu-bado sin encontrar alguno, la petición de habeas corpus debe ¡ser denegada.

Denegada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente 'Quiñones y Aso-ciados Hernández y Figueras.

Juez disidente: Sr. .Sulzbacher.

•OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ^ ASOCIADO SR. SULZBACHER.

Es ésta una solicitud de habeas corpus formulada por (*) Hobart S. Bird, quien el día 21 de octubre de 1903, a con-secuencia de un segundo juicio celebrado en esta causa, fué declarado culpable en la Corte de Distrito de San Juan del delito de injurias a la autoridad, de acuerdo con el artículo 265 del antiguo Gódigo Penal. Interpuso apelación para ante . este tribunal, confirmándose la sentencia dictada por la corte de distrito en 27 de- febrero de 1904. No formé parte del tribunal cuando la cansa vino ante el mismo en apelación, ni tomé parte alguna en su resolución. La causa fué devuelta a la corte de distrito y el acusado Bird fué arrestado y conducido a la cárcel para cumplir la sentencia que le fuera impuesta.

Obtuvo un auto de habeas corpus de esta corte, y después de argumentarse el caso, la mayoría del tribunal denegó la solicitud. Soy de opinión que ha debido declararse con lugar la solicitud y ponerse al prisionero en libertad. A los fines de mi opinión disidente, considero necesario bacer una rela-ción de los hechos esenciales del caso desde su origen.

La acusación fué presentada ante la Corte de Distrito de San Juan en el mes de marzo de 1902, y el acusado fué decla-rado culpable por dicha corte, en 19 de septiembre. Contra esta sentencia interpuso apelación para ante este tribunal, el que,, por resolución de noviembre 25, 1903, revocó la sen-tencia dictada por la corte de distrito y ordenó la celebración de un nuevo juicio. Estuve conforme en la revocación de la sentencia y en una opinión que separadamente emití, expresé las razones que tuve para ello. • Según la ley, la corte de dis-trito está compuesta de tres jueces, pero en el juicio uno de los jueces sirvió en calidad de juez especial o suplementario-El Juez Presidente Sr. Quiñones y los Sres. José C. Hernán-dez y José Ma. Pigueras, resolvieron que, de acuerdo con cierto Peal Decreto de España, y que aun está vigente en Puerto Eico, el acusado tenía que ser notificado por lo menos 24 horas antes de la celebración del juicio, de que un juez substituto habría también de formar tribunal (*) en el juicio de su causa, y que no habiéndose hecho esta notificación tenía que ordenarse la celebración de un nuevo juicio. Yo sostuve que no podía formar parte del tribunal en ningún caso, nin-gún juez substituto o especial y que la sentencia tenía que ser revocada.

Durante el tiempo transcurrido entre la época en que se cometió el supuesto delito y el día del-juicio, la Legislatura Insular aprobó un nuevo Código Penal, y otro de Procedi-mientos los que, según sus disposiciones, empezaron a regir el día primero de julio de 1902, conteniendo en substancia, la disposición de que todos los delitos cometidos con anteriori-dad a aquella fecha deherían perseguirse de la misma manera que si la nueva ley no hubiera sido aprobada. Este tribunal, en el caso de Ex parte Mouleón, resolvió con fecha 29 de octu-bre de 1903, que con respecto a los delitos cometidos con ante-rioridad al primero de julio de 1902, el antiguo Código de Enjuiciamiento Criminal era el único aplicable, expresando que:

“No existe, pt|.es, duda alguna de que el nuevo Código Penal y la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal constituyen partes integran-tes de un mismo sistema y están íntimamente relacionados. Está generalmente admitido que el primero define el crimen y establece el. castigo, mientras que la segunda prescribe la forma, el método y los procedimientos que deben seguirse para el cumplimiento de la misma. A este tribunal no le cabe duda de que fué la intención de la legisla-tura el que el artículo 558 se considerarse como una ‘cláusula de re-serva,’ toda vez que en ella se expersa en términos positivos e ine-quívocos, que todo acto u omisión cometido con anterioridad a la aprobación del código, podrá ‘investigarse, perseguirse y castigarse como si no se hubiera aprobado este código’. Por consiguiente, los preceptos del nuevo Código Penal y de Enjuiciamiento Criminal no podían aplicarse a todos los delitos o faltas cometidos antes del día Io. de julio de 1902, y dichas leyes habían de considerarse como si no hubieran existido absolutamente.”

El nuevo sistema criminal fué copiado de los estatutos de Montana y California, pero la ley insular prescribe que en (*) casos de “misdemeanors” no procederá apelación de la corte de distrito para emte él Tribunal Supremo. Por esta razón, únicamente son apelables los delitos felony y cuando en ellos se interponga apelación, este tribunal, siguiendo la práctica generalmente seguida en los Estados Unidos, bajo códigos modernos semejantes, puede considerar solamente aquellos errores que se hubieran señalado o reservado por. medio de un pliego de excepciones, a no ser que de otro modo aparezcan manifiestos en autos, después de haberse presentado mociones en solicitud de un nuevo juicio o para casar la sentencia, res-pectivamente. Pero toda vez que un delito misdemeanor no es apelable para ante el Tribunal Supremo, sería inútil que un acusado hiciera objeciones a las decisiones del tribunal sentenciador, y él tendría que aceptar sin remedio alguno todos sus errores.

El antiguo procedimiento criminal, o sea la ley española, según se modificara por las órdenes militares, y que estuvo vigente hasta el día 1 de julio de 1902, y era aplicable a todos los crímenes y delitos cometidos con anterioridad a esa fecha, es enteramente distinto de aquel contenido en la nueva ley. Toda causa criminal que tuviera su origen ante la corte de distrito era apelable para ante el Tribunal Supremo, y de-clarado culpable un acusado, tenía 10 días durante los cuales podía presentar su moción interponiendo apelación y la sen-tencia no adquiría el carácter de firme hasta después de haber transcurrido estos días. La distinción que hace la jurispru-dencia moderna entre felonies y misdemeanors no era cono-cida al derecho español, ni existía tal distinción durante la vigencia del mismo. Los dos sistemas criminales eran tan completamente distintos y diferentes, que sería incorrecto y sin fundamento legal alguno, que una persona familiarizada con ambos procedimientos aplicara el término misdemeanor a cualquier delito comprendido en el antiguo Código Penal, y cualquiera alusión o comparación que quisiera hacerse ori-ginaría confusión.

'De acuerdo con el antiguo procedimientd, el tribunal sen-tenciador (*) tenía que redactar una sentencia en estricta con-formidad con la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En esa sentencia tenía que hacerse una relación correcta de todos los hechos probados, según surgieran de la prueba practicada durante el juicio. El tribunal tenía que expresar también sus conclusiones legales y terminar expresando el castigo que impusiera. Estos tres elementos componentes se exigían de modo imperioso. Esta relación de hechos, según aparecía en las sentencias cómo hechos probados, era todo lo que el tribunal de apelación podía tomar en consideración al revisar la causa, de acuerdo con el procedimiento criminal vigente con anterioridad al primero de julio de 1902. Por consiguiente, es muy marcada y notable la diferencia que existe entre la antigua y la nueva ley. Con arreglo al nuevo procedimiento, en casos de felony aparece toda la prueba o aquella parte de la misma que el apelante considere necesario. expresar por medio de un pliego de excepciones. Con arreglo*'al otro pro-cedimiento, o sea la ley española, aparece una relación de los hechos tomada de la prueba practicada durante el juicio y expresada en la sentencia de la corte de distrito, y aunque este tribunal había resuelto que todos los delitos cometidos con infracción del antiguo Código Penal español y con ante-rioridad al primero de julio de 1902, tenían que ser juzgados y castigados con arreglo al antiguo procedimiento, no obs-tante, la corte de distrito, según aparece claramente de sus propios autos, resolvió, en el segundo juicio de esta causa, que el nuevo Código de Enjuiciamiento Criminal era de apli-carse, considerando el delito basta como un misdemeanor, cuando esta nomenclatura legal era absolutamente descono-cida en el procedimiento español, adoptando así un procedi-miento que no estaba justificado por autoridad o fundamento alguno. Este hecho parece concluyente, según se deduce de la providencia que obra en autos distada por la corte de dis-trito en primero de octubre de 1903:

“Resultando: que el Tribunal Supremo, anuló la sentencia decre-tada (*) en esta causa y todo lo actuado desde la acusación fiscal y ordenó que se celebrara nuevo juicio con arreglo a ley.
“Resultando: que hoy está vigente, desde el Io. de julio de 1902, y después de la instrucción de esta causa, una nueva ley procesal.
“Cítese al acusado Hobart S. Bird para que comparezca ante el tribunal el día 12 del corriente a las 9 de la mañana y oiga la acusa-ción fiscal (antes conclusiones provisionales) y conteste dicba acusa-ción con arreglo al Código de Enjuiciamiento Criminal vigente y para señalar día para el juicio.”

De acuerdo con esta resolución de la corte de distrito, el acusado, después de dictada la sentencia condenatoria, fné prontamente conducido a la cárcel, no siéndole concedidos, los diez días de gracia y privilegio para interponer la apelación de acuerdo con el antiguo procedimiento.

Tarde en la noche de su prisión, se presentó al Jnez Sr. Hernández, uno de los magistrados de esta corte, nna soli-citud de habeas corpus, y dicho magistrado dictó una provi-dencia transfiriendo la solicitud al conocimiento del tribunal en pleno en la mañana siguiente. . Al resolver la solicitud de habeas corpus, este tribunal, entre otros, expresó el siguiente:

“Considerando: que debiendo haberse continuado sustanciándose esta causa con arreglo al procedimiento antiguo, por tratarse de la averiguación y castigo de un delito cometido con anterioridad a lá fecha en que comenzó a regir en esta Isla el nuevo Código Penal, según está ya declarado por esta Corte Suprema en otros casos análo-gos, no ha podido ser reducido a prisión el peticionario para cumplir una sentencia que no era firme, puesto que aun no habían transcu-rrido los 10 días que le concedía el artículo 81 de la Orden General, número 118, para alzarse contra la sentencia, requisito indispensable para que ésta hubiera adquirido la calidad de firme, y hubiera podido-procederse a su ejecución con arreglo al artículo 988, en relación con el 141 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Criminal. ’ ’

Lo que no puede significar otra cosa que, toda vez que el proceso fué comenzado bajo el antiguo Código Penal, y siendo (*) por un delito cometido con anterioridad al primero-de julio de 1902, tenía que ser continuado y terminado de la misma manera. Esto no lo hizo el tribunal sentenciador, negándole por ello hasta el derecho de apelación, considerando el delito como si fuera un misdemeanor. Convencido el Tribunal Supremo del- error cometido por-la'corte de distrito al resolver el caso en esa forma, concedió el anto y pnso en libertad al prisioneíó.

Posteriormente el acusado siguió su apelación contra la sentencia de la ,cor.t,e de distrito para ante este tribunal, y el veinte y siete de febrero de 1904, fué confirmada la sentencia dictada por la corte de distrito.

La causa fué devuelta a la corte de distrito y el acusado Bird fué arrestado nuevamente y conducido a la cárcel, obte-niendo entonces el presente auto de habeas corpus. No puedo estar conforme’ con mis compañeros al denegar la petición, porque opino que todos los procedimientos seguidos con mo-tivo de esta acusación criminal desde el principio, son abso-lutamente nulos, y que muchos otros errores se cometieron que afectaron el derecho civil a la libertad personal, y los cuales pueden revisarse propiamente en un procedimiento de habeas corpus.

En el segundo juicio celebrado en este caso, volvió a for-mar parte del tribunal un juez especial, juntamente con los jueces nombrados regularmente. En la apelación interpuesta con motivo del primer juicio, expresé mi opinión sobre este punto, en la siguiente forma:

“La corte de distrito trae su origen del artículo 10 de la Orden General, número 118, que dice así:
“ ‘Cada tribunal de distrito se compondrá de tres jueces, entre los cuales uno será presidente, y los cuales reunidos todos, constituirán su sala de justicia, para lo civil y criminal * *
La facultad de nombrar jueces suplentes se deriva del artí-culo 94 de la misma orden, que dice así:
“ ‘Los tribunales nombrarán uno o más jueces suplentes para que (*) sustituyan a.los propietarios en los casos de vacantes o ausen-cias o enfermedades. . Cada Fiscal nombrará también su suplente p.ara iguales casos.
“ ‘El nombramiento habrá de racear en letrados inscritos en el Colegio de esta Isla, con residencia fija y estudio abierto en la capi-talidad donde el tribunal ejerciere sus funciones. Los jueces suplen-tes devengarán en concepto de dietas, 6 pesos, oro americano, por cada día en el que ejercieren funciones de justicia en cortes de dis-trito y 10 pesos, oro americano, si las ejerciesen en el Tribunal Supremo. ’

Por virtud de la Sección 33 de la Ley del Congreso titulada: “Ley para proveer temporalmente, de rentas de un gobierno civil a la Isla de Puerto Eico, y para otros fines,” aprobada en abril 12, 1900, se dejaron subsistentes las cortes de distrito. Dicha sección está expresada en los siguientes términos:

í£ ‘Que el poder judicial residirá en las cortes y tribunales de Puerto Rico establecidos ya y en ejercicio * * *. Por la presente se declaran subsistentes dichas cortes y tribunales '* # . Dispo-niéndose, sin embargo, * * * los jueces de las cortes de distrito serán nombrados por'el Gobernador, con el concurso y consentimiento del Consejo Ejecutivo * *

Aparece, pues, que dicha Ley del Congreso especialmente dispuso que para ser nombrado juez de una corte de distrito de Puerto Rico, dos condiciones absolutas y positivas deben exis-tir, a saber, que tales jueces deben ser nombrados por el Go-bernador y con el concurso y consentimiento del Consejo Eje-cutivo, lo que tácitamente implica, pero expresa de modo efec-tivo, que solamente aquellos que posean estas condiciones, y no otros, han de ser los jueces de las cortes de distrito de Puerto Rico investidos con la jurisdicción que corresponda a dichos tribunales.

Mas si fuere de otro modo, y si dicha Ley del Congreso no impidiera el nombramiento de jueces suplentes, aun en ese caso sostengo que dicho artículo 94 de la Orden General es nulo, porque dice: “Los tribunales nombrarán uno o más jue-ces suplentes,” etc. Esto indicaría que un tribunal podría nombrar tantos como tres, constituyendo de ese modo un tribunal completamente nuevo.

Pero aun admitiendo que los jueces suplentes pudieran ser nombrados, se observará que dicho artículo dice: “ El tribunal nombrará jueces suplentes. ” De donde se deduce que si existe alguna facultad de nombrar jueces suplentes, tales nombra-mientos deben hacerse por el'tribunal, constituido por tres, jueces. (*)

La Sección 33 de la Ley Orgánica dice así:

“Sección 33. Que el poder judicial residirá en las cortes y tribunales de Puerto Rico establecidos ya y en ejercicio, incluyendo los. juzgados municipales, creados en virtud de Ordenes Generales, nú-mero 118, promulgadas por el Brigadier General Davis, Voluntarios, de los Estados Unidos, en agosto 16 de 1899, incluyendo también los tribunales de policía establecidos por Ordenes Generales, número 195, promulgadas en noviembre 29 de 1899 por el Brigadier General Davis, Voluntarios de los Estados Unidos, y las leyes y ordenanzas de Puerto Rico y sus municipios que se hallan vigentes, en todo lo que no se oponga a esta ley, y por la presente se declaran subsistentes dichas cortes y tribunales. La jurisdicción de estas cortes y trámi-tes seguidos en ellas, así como los distintos funcionarios y empleados de las mismas, respectivamente, serán los que se definen y prescriben en dichas leyes y ordenanzas y dichas Ordenes Generales, número 118 y 195, mientras no se legisle otra cosa. Disponiéndose, sin embargoT que el Presidente y jueces Asociados del Tribunal Supremo y el már-shal (Alguacil Mayor) del mismo, serán nombrados por el Presidente, con el concurso y consentimiento del Senado; y los jueces de las cor-tes de distrito serán nombrados por el Gobernador con el concurso y consentimiento del Consejo Ejecutivo, y todos los demás empleados y agregados de las demás cortes serán escogidos o elegidos según dis-ponga la Asamblea Legislativa, la que tendrá autoridad para legislar de tiempo en tiempo, conforme tenga por conveniente, con referencia a dichas cortes, y cualesquiera otras que estime oportuno establecer: su organización, el número de jueces y empleados y agregados para cada una, su jurisdicción, sus procedimientos y demás asuntos que las afecten. ’ ’

Aunque la Ley del Congreso expresa “que el poder judicial residirá en las cortes y tribunales establecidos ya y en ejercicio * * * por la presente se declaran subsistentes dichas cortes y tribunales,” no obstante, tales cortes y tribu-nales han sido creados por el Congreso de la misma manera que si la ley estuviera redactada así: “Habrá uu Tribunal Supremo, una corte de distrito,” etc. La intención del Con-greso debe haber sido la de crear tribunales para ("*) Puerto Rico, lo que puede deducirse fácilmente del mismo título de la’ley “Ley para proveer temporalmente, de rentas y un Gobierno Civil.” El requisito más importante de un Go-bierno Civil son los tribunales de justicia. Si el Congreso estimó que los tribunales establecidos ya por el Gobierno Mili-tar eran tribunales adecuados, no podía emplear ninguna expresión más propia que el mismo término “subsistente.” Parece, por consiguiente, que estas cortes, el Tribunal Supremo y las cortes.de distrito, no pueden ser afectadas en su constitución por ninguna Ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Son tribunales constitucionales en tanto en cuanto la ley de abril 12 de 1900 (Ley Foraker) sea la consti-tución de Puerto Rico; y si ban de hacerse algunos cambios, bien por el nombramiento de jueces suplentes o especiales, el Congreso, el creador de estas organizaciones, es el único que puede legislar sobre esta materia y disponer la manera de su nombramiento. El Gobernador, con el concurso y consenti-miento del Consejo Ejecutivo, puede nombrar un nuevo juez para cubrir una vacante, pero no puede nombrar a un juez suplente o especial.

Se observará también que dicha sección 33 prescribe que la Legislatura “tendrá facultad para legislar de tiempo en tiempo con referencia a dichas cortes, y cualesqiíiera otras que estime oportuno establecer, su organización, el número de dichos jueces, su jurisdicción,” etc.

Las primeras palabras “tendrá autoridad para legislar con referencia a dichas cortes” solamente pueden referirse a las' cortes establecidas, o que se dejaran subsistentes por dicha Ley del Congreso. Esto lo ha cumplido la Legislatura de tiempo en tiempo al aprobar, por ejemplo, una ley de mandamus, y otras, cambiando el procedimiento, y otras seme-jantes, pero la última parte de la ley que se refiere al número de jueces y su jurisdicción, solamente puede tener aplicación a los nuevos tribunales que hayan de establecerse por la Legis-latura, por virtud de esta facultad que le ha sido (*) conferida por el Congreso. La jurisdicción del Tribunal Supremo y cortes de distrito ha sido definida al principio de dicha sec-ción, cuando dice “que serán los que se definen y prescriben en dichas leyes y ordenanzas y órdenes militares. ’ ’ La Legis-latura puede aumentar y extender la jurisdicción de dichos tribunales constitucionales, con tal que tales innovaciones y extensiones estén dentro de la esfera de la organización que se ha intentado darles.

El juez suplente o especial que formó tribunal en esta causa no fué nombrado por el tribunal, sino por orden del Attorney General, indudablemente de acuerdo con las líneas siguientes que se encuentran en el presupuesto anual, o ley de presupuesto de la Legislatura Insular, aprobada en 12 de marzo de 1903:

“Para un juez asociado suplente, con residencia fija en San Juan, quien en el desempeño de su cargo se sujetará a las órdenes del Attorney General, para cubrir temporalmente las vacantes que ocu-rran en las cortes de distrito de la Isla, $1,500.”

Esta parte solamente no podría tener el efecto de derogar la Orden General referente a jueces suplentes, en caso de que la misma estuviera aun ¿n vigor. La corte de distrito, du-dosa, quizás, con respecto a.si era correcto que un juez su-plente pudiera o nó ser nombrado para formar tribunal en esta causa, pidió al Attorney General su opinión sobre el asunto, lo que puede deducirse de la siguiente carta que se encuentra en autos:

“Oficina del Attorney General de Puerto Rico, San Juan, julio 27, 1903. Hon. Frank H. Richmond, juez presidente accidental, Corte de Distrito de San Juan. Señor: En contestación a su atenta del 3 del corriente, me permito manifestar que he sido informado de que el Hon. Angel García Yeve tiene un nombramiento de juez suplente, expedido por el Gobernador, siendo el deber de aquél servir en casos de esta naturaleza y que por tal servicio se le paga un sueldo anual. Si be sido correctamente informado, me parece, pues, que es él (*) la persona que debe actuar en el asunto. Si esto es un error, sírvase informarme en qué consiste tal error. Muy sinceramente suyo, Willis Sweet, Attorney General.”

Se observará, pues, que el Hon. Angel G-arcía Yeve había sido nombrado solamente por el Gobernador y no fué confir-mado por el Consejo Ejecutivo. Si hubiera sido de otro modo, el Eton Attorney General, que es miembro del Consejo’ Ejecutivo, lo hubiera dejado ver en su comunicación al tribunal, y que él debe haber tenido alguna duda con respecto a la legalidad de un juez que no ha sido debidamente nombrado con arreglo a ley, puede deducirse de su misma comunicación.

La comunicación de la corte de distrito al Attorney General no se encuentra en autos, y por esta razón no aparece de modo afirmativo que existiera alguna vacante en dicha corte, pero hay una correspondencia entre el Attorney General y la corte de distrito, en relación con el primer juicio, de la que aparece que dos jueces de la corte de distrito se consideraron incompetentes para actuar en la causa. Puede, por lo tanto, deducirse racionalmente que las mismas condiciones existían en el segundo juicio con respecto a uno de los jueces, que no> había vacante alguna, y en ese caso las líneas de carácter legis-lativo, contenidas en la ley de presupuesto, no tenían aplica-ción alguna.

La doctrina ameiicana que hace referencia a jueces de-facto no puede aplicarse propiamente a un tribunal español,, que entienda en materia criminal, cual lo fué el que juzgó y condenó al acusado, y debe tenerse presente que estas leyes, continuaron subsistentes por virtud de la sección 8 de la Ley Foraker. Dice así:

“Sección 8. Que las ley es. y ordenanzas de Puerto Eieo actual-mente en vigor, continuarán vigentes, excepto en los casos en que sean alteradas, enmendadas o modificadas por la presente; o hayan sido alteradas o modificadas por órdenes militares y decretos vigentes cuando esta ley entre a regir, y en todo aquello en que las mismas (*) no resulten incompatibles o en conflicto con las leyes estatutarias de los Estados Unidos, no inaplicables localmente, o con las presentes disposiciones, hasta que sean alteradas, enmendadas o revocadas por la autoridad legislativa creada por la presente para Puerto Rico, o por una Ley del Congreso de los Estados Unidos.”

Bajo el Gobierno español, los jueces suplentes eran nom-brados por el Capitán General de la Isla, mas esta práctica fue cambiada por la Orden General, y ellos tenían que ser nombrados por el tribunal (supra).

La corte de distrito en tales casos criminales constituye tribunal como si fuera un jurado, y por esta razón debe existir una ley válida y expresa que autorice el nombramiento de jueces suplentes o especiales, porque si no fuera así casi apa-recería que tales funcionarios se convertirían en jurados de facto.

El Tribunal Supremo de los Estados Enidos, en el caso de Ex parte Henry Ward, vol. 173, página 452, dice:

“No necesitamos, sin embargo, tomar en consideración la brillante y completa argumentación del abogado con respecto a este punto, toda vez que estimamos que es aplicable a este caso la regla bien esta-blecida de que cuando un tribunal tiene jurisdicción sobre el delito 'y sobre el acusado, y los procedimientos son correctos en otros sen-tidos, una declaración de culpabilidad es legal, aun cuando el juez que constituya tribunal sea solamente un funcionario de facto; y que la validez del título de tal juez para desempeñar el cargo, o su derecho para ejercer funciones judiciales no pueden -resolverse en un proce-dimiento de habeas corpus.”

El tribunal establece sus conclusiones fijando como requi-sito que los procedimientos sean correctos en otro sentido, pero se observará que los procedimientos seguidos en el caso sometido a nuestra consideración fueron de lo más irregular que puede darse y aun desde su mismo principio la ley de abril 12 de 1900, conocida como Ley Foraker, en su sección 16, exige que todas las diligencias judiciales se liarán a nombre (*) de los “Estados Unidos de América, ss: El Presidente de los Estados Unidos de América.” La orden, el mandamiento, es de lo más esencial en un procedimiento criminal. En este caso no se lia expedido tal mandamiento.

La doctrina referente a jueces de facto ha sido frecuente-mente resuelta en los Estados Unidos en favor de tales fun-cionarios, pero debe tenerse presente que en este caso se trata de aplicar una jurisprudencia completamente americana a un procedimiento y sistema de leyes enteramente extraño para la primera, y en que la designación de un juez de facto es absolutamente desconocida. La aplicación resulta por con-siguiente forzada y violenta. Debemos administrar la ley en la forma en que la encontremos.

El Decreto Eeal que exige que un acusado sea notificado por lo menos veinte y cuatro boras del Lecho de que un juez suplente habrá de constituir tribunal en el juicio de su causa, no había tampoco sido derogado, y el antiguo procedimiento, con respecto a delitos cometidos con anterioridad al primero de julio de 1902, estaba también vigente en la época en que se celebró el segundo juicio, como lo estaba asimismo al cele-brarse el primero, según resolvió este tribunal en los. proce-dimientos sobre habeas corpus. De los autos no aparece que tal notificación se hiciera alguna vez. Esta omisión debe haberse escapado a los jueces del Tribunal Supremo en la vista de la apelación a que dió lugar el segundo juicio.

Es, por lo tanto, evidente que la corte de distrito incurrió en error y que el caso debió haberse revocado por las mismas razones que motivaron la revocación del primer juicio.

Podría argumentarse que no se hizo objeción alguna por parte del acusado, pero dichos tres jueces, en esta decisión de 15 de junio de 1903, al revocar la primera sentencia y ordenar la celebración de un nuevo juicio, resolvieron que, toda vez que la Asamblea Legislativa de Puerto Eico, en 12 de marzo de 1903, cambió la naturaleza del Tribunal Supremo, de casa-ción, a un tribunal de apelación, “este tribunal, (*) para rea-lizar los más altos fines de la justicia, está en el deber de fijar su atención en el procedimiento y decidir sobre los errores substanciales que en él se hayan cometido, aunque sobre ellos nada se haya alegado por las partes.” Estos mismos fines de la justicia debieron también haberse aplicado en la segunda apelación. En la primera apelación, el tribunal, de oficio, suplió la omisión en que incurriera el acusado.

Es evidente que el acusado fué juzgado de acuerdo con el nuevo Código de Enjuiciamiento Criminal, y surge la cuestión de si el tribunal, al juzgar y declarar culpable al acusado Bird, bajo ese procedimiento, en lugar de haberse ajustado al antiguo Código español, incurrió en errores que resultaron en perjuicio de aquél.

Las leyes que regulan los juicios y las sentencias de las cortes de distrito, bajo el antiguo sistema, son de carácter mandatorio e imperativo, y se exigía su más estricto cumpli-miento. El artículo 142 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dice así:

“Las sentencias se redactarán con sujeción a las reglas si-guientes :
“1. Se principiará expresando: El lugar y la fecha en que se dictaren, los hechos que hubieren dado lugar a la formación de la causa, los nombres y apellidos de los actores particulares si los hu-biere, y de los procesados, los sobrenombres y apodos con que sean conocidos, su edad, estado, naturaleza, domicilio,' oficio o profesión, y en su defecto, todas las demás circunstancias con que hubieren figurado en la causa, y, además, el nombre y apellido del magistrado ponente.
“2. Se consignarán en resultandos numerados los hechos que estu-vieren enlazados con las cuestiones que hayan de resolverse en el fallo, haciendo declaración expresa y terminante de los que se esti-men probados.
“3. Se consignarán las conclusiones definitivas de la acusación y de la defensa y la que en su caso hubiese propuesto el tribunal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 733.
•“4. Se consignarán también en párrafos numerados, que empe-zarán con la palabra considerando: (*)
“Primero. Los fundamentos doctrinales y legales de la calificación; de los hechos que se hubiesen estimado probados.
“Segundo. Los fundamentos doctrinales y legales determinantes de la participación que en los referidos hechos hubiese tenido cada uno de los procesados.
“Tercero. Los fundamentos doctrinales y legales de la calificación de las circunstancias atenuantes, agravantes o éximentes de respon-sabilidad criminal, en caso de haber concurrido.
“Cuarto. Los fundamentos doctrinales y legales de la calificación de los hechos que se hubiesen estimado probados, con relación a la responsabilidad civil en que hubiesen incurrido los preeesados, o las personas sujetas a ella a quienes se hubiere oído en la causa, y los correspondientes a las resoluciones que hubieren de dictarse sobre costas, y en su caso, a la declaración de querella calumniosa.”

Los resultandos (conclusiones de hecho) deben contener “los hechos que se relacionen con la cuestión.” No acepto como correcta la traducción del segundo párrafo. Estas tra-ducciones se hicieron en el Departamento de la G-uerra de Washington, y nunca se han considerado en Puerto Rico como traducciones oficiales, sino simplemente como una cuestión de conveniencia. La palabra “■related'’’ se encuentra en el original español como “enlazado,” que en este caso significa, entrelazados o conectados. La prueba principal y esencial de este caso fué el artículo publicado. Este, de acuerdo con el antiguo procedimiento, no podía consignarse aliunde en otras partes del récord; tenía que expresarse en toda su extensión en los resultandos (conclusiones de hecho), como hechos pro-bados, como este tribunal ha resuelto ya invariablemente,'-y esto lo hizo la corte de distrito en el primer juicio. Sin embargo, este tribunal ha resuelto también que de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España, cuando las conclusiones de hecho no eran completas y no expresaban suficientemente el delito, y podía éste deducirse de las:con-clusiones legales, cuando en ella se expresaban los hechos de: ficientes, el tribunal podía considerar las últimas en relación con las primeras, pero que todos los hechos tenían que apa-recer de la sentencia.(*)

En este caso la corte de distrito no redactó sentencia al-guna, según lo exige de modo imperativo el procedimiento español, de acnerdo con el cnal fné Bird acusado, juzgado y condenado. No ha habido ni resultandos (conclusiones de hechos) ni considerandos (conclusiones legales), sino que en lugar de esto, se dictó la sentencia de 21 de octubre de 1903, que es todo lo que este tribunal podía considerar al resolver la apelación.

En un caso, ante este tribunal, seguido contra Mariano Abril Ostaló, director de un periódico titulado La Democracia, la relación de hechos contenida en la sentencia de la corte de distinto decía solamente lo siguiente:

“Resultando: que el periódico La Democracia del día 7 del mes, en su segunda hoja contiene un artículo titulado ‘Tribunal de Poli-cía’ en el que se insertan frases y expresiones injuriosas al alcalde municipal de esta ciudad en sus funciones de juez de policía.”

El Tribunal Supremo no estimó suficiente esta relación de los hechos y en una sentencia o resolución, revocando el caso, dice:

“Considerando: que el artículo 142 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prescribe que los hechos que se consideren probados y que estén enlazados con la cuestión y hayan de tomarse en relación con la culpabilidad deben expresarse en resultandos numerados.
“Considerando: que en los resultandos de la sentencia apelada, y qne se han insertado anteriormente, no se ha insertado ninguna pala-bra, frase, o porción del artículo publicado en el periódico La Demo-cracia, con el título ‘Tribunal de Policía,’ que constituya el delito de injuria contra la autoridad, que así se ha calificado y castigado; y que tal sentencia no contiene suficientes hechos que sirvan de base para afirmar que el procesado reúna los requisitos integrantes de aquel delito, procediendo así, en su consecuencia, por tal concepto, la casación que se ha solicitado.”

La Corte de Distrito de Ponce, en donde se celebró el (*) juicio, no se ajustó a los preceptos estrictos de la ley, como se consigna en el artículo 142. Las conclusiones de hecbo (resultandos), no contenían el artículo publicado. Por lo tanto el Tribunal Supremo revocó la sentencia de la corte de distrito y absolvió al acusado, facultad que tenía el tribunal de acuerdo con el antiguo procedimiento criminal.

Se lia indicado que la ley de 12 de abril de 1903, convir - tiendo esta corte de tribunal de casación en tribunal de ape-lación, relevándole por ello de las estrictas reglas y limita-ciones, y' concediéndole el privilegio de una interpretación más liberal, autorizaría a este tribunal para suplir cualquier defecto del tribunal inferior en una causa criminal, al efecto de declarar culpable un acusado. No estoy de acuerdo con esa afirmación. Una ley subsiguiente puede mejorar las con-diciones de un acusado en una causa criminal, pero que el privilegio de una interpretación liberal,. concedido a un tribunal de apelación, pueda ser utilizado a los efectos de dar una declaración de culpabilidad, es una afirmación tan extra-vagante que los términos ex-post facto o “retroactivo” serían inadecuados para describirla. De acuerdo con el procedi-miento español y con las regias generales de Derecho Penal, en tales casos debe someterse a la consideración del tribunal el artículo publicado en su totalidad, para darle al acusado el beneficio de cualquiera expresión consignada en el mismo, que pueda tender a mitigar o explicar su sentido.

Los resultandos (conclusiones de hecbo) de la sentencia, que contienen los hechos probados, toman el lugar de la prueba consignada en un pliego de excepciones, de acuerdo con el procedimiento penal americano. ¿Podría un tribunal de apelación en los Estados Unidos, revocar una sentencia en los casos en que el apelante dejara de incluir en su pliego de excepciones el artículo injurioso que trajo consigo la decla-ración de su culpabilidad, impidiendo por ello que el tribunal tuviera oportunidad de apreciarlo? Haciendo aplicación de este principio, en sentido inverso, pero natural, ¿cómo (*) pnede nn tribunal de apelación, bajo el procedimiento espa-ñol, confirmar nna sentencia en los casos en que el tribunal sentenciador, cuyo sagrado deber era incluir el artículo inju-rioso en los resultandos de su sentencia, ba dejado de hacerlo así, con infracción de las estrictas reglas de derecho, y cuando está fuera de las facultades del apelante regular la acción del tribunal, privándole por ello de los beneficios de hacer que su causa se revisara por el más alto tribunal?

Toda vez que la corte de distrito hizo aplicación del nuevo Código de Enjuiciamiento Criminal, juzgando el caso como un misdemeanor, del cual no había apelación, hubiera sido superfino e inútil que el acusado preparara un pliego de excep-ciones e incluyera en él, íntegro, el artículo publicado, a fin de someterlo a la consideración de este tribunal para su revi-sión. Esta resolución y acción por parte de la corte de dis-trito resultó, por consiguiente, en detrimento del acusado, y ha debido revocarse la sentencia dictada por la corte de distrito. La opinión emitida por esta corte en febrero' 27 de 1904, en donde se confirma la sentencia de la corte de distrito, contiene íntegramente' el artículo o publicación, to-mándolo, indudablemente, de los documentos en autos, pero esta amplificación que ha hecho este tribunal no puede ni suplir las omisiones en que incurriera la corte de distrito, ni corregir los errores por ella cometidos.

El artículo 265 del antiguo Código Penal español, ley bajo la cual el acusado Bird fué acusado y declarado culpable, dice así:

“Los que, hallándose un Ministro de la Corona o una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de éstas, los calumnia-ren, injuriaren, insultaren de hecho o de palabra, fuera de su pre-sencia o en escrito que no estuviere a ellos dirigido, serán castigados con la pena de arresto mayor.”

Parece evidente que esta ley solamente puede tener refe-rencia a Ministros de la Corona, bajo el Gobierno español, o (*) a funcionarios de la monarquía, y qne no puede tener aplicación alguna a un juez o institución que traiga su exis-tencia de una ley del Congreso de los Estados Unidos, o de cualquiera otra autoridad americana. Las leyes que al adqui-rir un territorio extranjero, se encuentren vigentes en él y que estén en conflicto o sean incompatibles con nuestras insti-tuciones, constitución y jurisprudencia americana, deben caer sin ningún acto legislativo especial a ese efecto, y puedo, por lo tanto, sostener con seguridad, que cuando después del Tratado de Paz entre el Gobierno de lo Estados Unidos y el Eeino de España, los “Ministros de la Corona y las autori-dades en el ejercicio de sus funciones ” se marcharon de la Isla de Puerto Eico, y regresaron a su madre patria, se lle-varon consigo el alma y el espíritu de este mismo artículo 265 del Código Penal, arrojándolo a los pies de su hacedor en España, y quedando sólo en Puerto Eico, su cuerpo, sin vida alguna, a manera de letra muerta en los libros estatutarios, y las cortes y tribunales de la Isla de Puerto Eico no están investidos de la facultad judicial sobrenatural de resucitar este cadáver, para darle animación y vitalidad, y para ajus-tarlo y amoldarlo, como un entrepaño, en la estructura del Derecho Penal bajo una forma de Gobierno republicano. T el prisionero Bird fué acusado, juzgado, y condenado de acuerdo con esta ley que no tiene vida alguna.

Pero esta ley debe ser considerada también bajo otro aspecto. No es ni una ley de desacato a tribunales, ni tiene el carácter de una ley general sobre libelo. Prohíbe e impide publicaciones contra determinadas personas solamente. Este tribunal ha resuelto que la primera enmienda a la Constitu-ción de los Estados Unidos, que se refiere a la libertad de la prensa y la palabra, está vigente en Puerto Eico, y esa reso-lución se fundó en lo resuelto por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Chicago, Rock Island, etc., R. R. Co. v. McGlinn, 114 U. S., 546, en donde, por conducto del Juez Asociado, Sr. Field, el tribunal se expresa así:(*)

“Es una regla general de derecho público, reconocida y aceptada por los Estados Unidos, que siempre que la jurisdicción política y el poder legislativo que existan sobre cualquier territorio se trans-fieran de una nación o soberanía a otra, las leyes municipales del país — esto es, las leyes que tienen por objeto la protección de los derechos privados — continúan vigentes hasta que sean derogadas o modificadas por el nuevo Gobierno o Soberanía. Por virtud de la cesión, los bienes públicos pasan de un gobierno a otro, pero la pro-piedad privada permanece como antes, y con ella, aquellas leyes municipales que tienen por objeto asegurar el uso y goce pacífico de la misma. Como una consecuencia necesaria todas las leyes, orde-nanzas y disposiciones que estén en conflicto con la naturaleza polí-tica, instituciones y constitución del nuevo gobierno quedan inme-diatamente anuladas. Así, por virtud de la cesión de una jurisdic-ción política y del poder legislativo — y el último está envuelto en la primera — a los Estados Unidos, las leyes que existan en el país y que tiendan a sostener una religión ya establecida, o que tiendan a limitar la libertad de la prensa, o que autoricen castigos inusitados y crueles y otras semejantes, inmediatamente cesarían de ser obli-gatorias sin necesidad de que se haga declaración alguna a ese efecto; y las leyes del país sobre otras materias serían necesariamente su-plantadas por las leyes existentes en el nuevo gobierno, que se refieran a las mismas materias. Mas con respecto a otras leyes que afecten la posesión, uso y traspaso de bienes, y que tengan por objeto ase-gurar el buen orden y la paz en la comunidad, y obtener la salud y prosperidad de la misma, que son estrictamente de carácter municipal, es regla general de que un cambio de soberanía las deja en vigor hasta que, por acción expresa del nuevo gobierno, sean alteradas o derogadas.”

Parece, por consiguiente, que la ley antes mencionada infringe los preceptos de esta enmienda porque, aparentemente, supone ilegal la publicación misma, coartando por ello la libertad de la prensa. Encontramos en la obra de Story sobre la Constitución, tomo 2, página 643, lo siguiente:

“Una persona es responsable por el abuso del derecho de la liber-tad de la prensa, pero cualquier ley que probiba la publicación misma infringe ciertamente la Constitución.” (*)

En la solicitud interesando el auto de habeas corpus se alega también que debió concederse al prisionero un juicio por jurado. La cuestión de si la Constitución está o nó vi-gente en Puerto Rico, no surge necesariamente en relación con la alegación del solicitante; pero encontramos ciertas expresiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el caso ele Botones v. Bidwell, que pudieran tomarse en consideración, en este asunto. En una opinión disidente que emití en este tribunal, en el caso de Ex parte Soldini, tuve oca-sión de liacer referencia a esa misma resolución. Sin entrar en detalle alguno con respecto a este litigio, expresaré breve-mente que Stabl estableció un pleito bajo el antiguo Código Penal, de la naturaleza de libelo, contra Soldini. El acusado fué absuelto por la Corte de Distrito, y el demandante, acusa-dor privado, apeló para ante este tribunal. La mayoría del tribunal, compuesta de los Honorables Juez Presidente Sr. Quiñones y Jueces Asociados Sres. José C. Hernández y José Ma. Figueras, revocaron la sentencia de la corte inferior y simplemente, por los resultandos contenidos en la sentencia de la corte de distrito, declararon convicto al acusado y le impusieron determinado castigo. Disentí de esa opinión en los siguientes términos:

“Se afirma que la Sección 8 de la ya mencionada Ley del Con-greso restableció las leyes y decretos de España, en vigor en aquella fecha, declarándolas vigentes en Puerto Rico, sujetas, sin embargo, a ciertas modificaciones que en dicha ley se expresan. Pero cualquiera que sea la extensión de esta ley, nunca podría tener el efecto de dejar en vigor en Puerto Rico leyes que están en absoluta oposición con nuestras instituciones, que infringen principios generales y univer-sales del sistema americano, que afectan derechos personales, así como el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, despojando de ese modo a una persona de privilegios sagrados, garantizados por la Constitución, y a los que tienen derecho todas las personas que vivan bajo la protección de este Gobierno, que consideren a los Esta-dos Unidos de América como a su' propio país, o que residan dentro de los límites de esta república. En esta opinión parece que (*) nos sostiene la Corte Suprema de los Estados Unidos, según sus propias expresiones en el caso de Downes v. Bidwell, 182 U. S., 282.
“Sugerimos, aunque sin intención de resolver nada, que puede haber alguna diferencia entre ciertos derechos naturales, estable-cidos en la Constitución mediante prohibiciones contra toda inter-vención con ellos, y lo' que podríamos llamar derechos artificiales o reparadores (remedial) que son propios de nuestro sistema de juris-prudencia. , A la primera clase pertenecen los derechos que tiene uno de sustentar opiniones religiosas particulares, y de expresarlas públi-camente, o, como se dice algunas veces, adorar a Dios según los dic-tados de nuestra propia conciencia; el derecho a la libertad personal y a la propiedad individual; el derecho a la libertad de la palabra y de la prensa; a la libre admisión en las cortes de justicia; el derecho a que los procedimientos legales sigan su curso natural y a que las leyes se apliquen igualmente a todos; el derecho a privilegios o in-munidades contra registros o investigaciones y embargos o capturas, que no sean razonables, así como también contra castigos crueles y no comunes; y a todos los otros privilegios que son indispensables a un Gobierno libre.
“Aun cuando las expresiones de la Corte Suprema, contenidas en la cita anterior, no sean completamente definidas, sin embargo, la corte declara más adelante, en los términos más precisos, el grado de protección que ha de darse al Pueblo de Puerto Rico con arreglo a la Constitución.
“Cualquiera que sea la resolución final del pueblo americano con respecto al siatus de estas islas y de sus habitantes — ya se les per-mita ingresar en la hermandad de Estados, o formar gobiernos inde-pendientes — no se sigue desde luego, que, en el entretanto es decir, que mientras estén esperando esa resolución, el pueblo ha de quedar con respecto a derechos personales sin la protección concedida pol-las prescripciones de nuestra Constitución, y sujeto simplemente al dominio arbitrario del Congreso. Aun si se les considerase como ex-tranjeros, tienen derecho, con arreglo a los principios de la Consti-tución, a que se les proteja en su vida, libertad y propiedad. Esta opinión ha sido sustentada por esta corte frecuentemente con res-pecto a los chinos, aun los que son extranjeros, los cuales no gozan de los derechos políticos de que gozan los ciudadanos de los Estados Unidos.
“De la anterior resolución parece que la Corte Suprema de los (*) Estados Unidos sostiene que las prescripciones de la sexta enmienda a la Constitución, en cuanto protege los derechos personales, están vigentes en Puerto Rico.”

El espíritu de la Constitución de los Estados Unidos, este artículo de fe del pueblo americano, de carácter civil o polí-tico, y la protección a la vida y libertad que aseguran sus dis-, posiciones, deben seguir la bandera de la nación, y permane-cer siempre que el G-obierno llegue a convertirse en dueño del suelo de un país. Cuando los funcionarios enviados a las nuevas posesiones y colocados al frente de la Administración local, se obligan, en el desempeño de sus funciones, por so-lemne juramento, a guardar aquella Constitución, ¿consiste entonces su deber simplemente en instruir e ilustrar a los residentes con respecto a los principios y a los beneficios que la misma asegura ? ¿ En trazar imágenes de libertad moral y deleitar sus imaginaciones por medio de visiones que repre-senten una protección igual con arreglo a derecho? ¿Serán suficientes estas enseñanzas y exhibiciones ilustrativas de pro-babilidades, sin que se llegue a una realización de las mis-mas? Algo más que todo eso ha debido ser la intención del Congreso de los Estados Unidos cuando por su ley de abril 12 de 1900, la Ley Foraker, estableciendo un Gobierno Civil para Puerto Eico, concede apelaciones al Tribunal Supremo de los Estados Unidos “en todos aquellos casos en que la Constitución de los Estados Unidos sea traída a discusión.’.’

Observamos que el Tribunal Supremo de los Estados Uni-dos, con la sabiduría que le caracteriza se expresa así:

“Cualquiera que sea la resolución final del pueblo americano con respecto al status de estas islas y de sus habitantes * * * no se sigue desde luego, que, en el entretanto, es decir, que mientras estén esperando esa resolución, el pueblo ha de quedar con respecto a derechos personales sin la protección concedida por la Constitución * * *_ cuando se les considerase (*) como extranjeros, tienen derecho, con arreglo a los principios de la Constitución, a que se les proteja en su vida, libertad y propiedad.”

Los principios y disposiciones de la Constitución consisten en la protección a la vida, libertad y propiedad, y no puede haber una protección mayor que la de un juicio por jurado.

Sin duda alguna el 'objeto del Congreso al establecer un Gobierno Civil para la Isla, fué el de establecer la uniformi-dad de las leyes y conceder iguales derechos a todos los habi-tantes de Puerto Eico.

La sección 34 de la ley del Congreso aprobada en abril 12 de 1900, y generalmente conocida con el nombre de Ley Foraker, dice así:

“Que Puerto Rico constituirá, un distrito judicial que se denomi-nará 'el Distrito de Puerto Rico’. El Presidente con el concurso y consentimiento del Senado, nombrará un juez de distrito, un Fiscal de distrito y un márshal para dicho distrito, cada uno por el término de cuatro años, a menos que antes no sean destituidos por el Presi-dente. La corte de distrito para dicho distrito, se denominará ‘Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico,’ y tendrá la facultad de nombrar todos los empleados y ayudantes necesarios, incluyendo un clerk (secretario), un intérprete, y los comisionados que sean necesarios, quienes tendrán las mismas atribuciones que los comisionados de las cortes de circuito de los Estados Unidos; y ten-drá, además, de la jurisdicción ordinaria de cortes de distrito de los Estados Unidos, jurisdicción en todos los casos que sean de la com-petencia de las cortes de circuito de los Estados Unidos, y seguirán la misma tramitación que las cortes de circuito * *

¿Podrá concebirse que una corte de distrito o de circuito de los Estados Unidos funcionara sin juicios por jurados, y cuán injusto aparecería que en un edificio de la ciudad de San Juan, en la Isla de Puerto Eico, un ciudadano gozara de todos los derechos y protección concedidos por nuestras insti-' tuiciones americanas, y en otro local de la misma capital, estos privilegios e inmunidades le sean denegados, criando (*) todos estos tribunales ban recibido su existencia de la misma fuente, o sea el Congreso de los Estados Unidos, y cuando la ley guarda silencio con respecto a los atributos Constitucionales que corresponde a cualquiera de ellos?

Debió haberse declarado con lugar la solicitud de habeas corpus y decretarse la excarcelación del prisionero.

OPINIÓN CONCURRENTE DEL

JUEZ PRESIDENTE SR. QUIÑONES

Y ASOCIADOS SRES. HERNANDEZ Y EIGUERAS.

Los jueces que suscriben se ven obligados a formular este voto concurrente porque las razones expuestas en el del honorable juez disidente no se expresaron por él en el momento oportuno, o sea antes de dictarse la resolución denegatoria del mandamiento de habeas corpus solicitado por Hobart S. Bird. .Si así se hubiera hecho, se hubieran entonces discutido y apreciado en dicha resolución y así se hubiera evitado esto que tal vez parezca una incorrección.

Trata dicho juez de algunos hechos y de ciertas actua-ciones que no constan de este record y al cual solamente pode-mos referirnos.

Parte el señor juez disidente de una presunción para im-pugnar la validez del nombramiento de Don Angel García Yeve, como juez asociado de todas las cortes de distrito y que actuó como tal en el presente caso, y aunque reconoce que fué nombrado por el Hon. Gobernador, afirma que tal nom-bramiento no se hizo con el consentimiento del Consejo Eje-cutivo; pero debemos aceptar que la primera autoridad de la Isla cumplió con ese deber, si a ello se creía obligado por las leyes, y en tanto en cuanto no se demuestre la carencia de ese requisito, hay que aceptar la legalidad del nombra-miento y tener como válidos todos los procedimientos en que el juez sustituto intervino.

Se dice que al formar parte del tribunal dicho G-arcía Veve •debió notificarse su nombramiento a Bird, y si esto no (*) se hizo, debió declararse nula la sentencia, como se declaró por igual motivo la dictada en 19 de septiembre de 1902. Pero debe tenerse en cuenta que son casos distintos los que se discuten por el juez disidente.

La primera designación que se hizo de un juez sustituto, fué para un caso concreto y no teniendo el acusado noticia •de su designación, era necesario que se le notificara su nombra-miento para que ejercitase, si lo deseaba, el derecho de recu-sación por las causas que taxativamente marca la ley que entonces se aplicaba. Pero en este caso el nombramiento del Juez García Yeve era de carácter general, pues fué para sus-tituir a todos los jueces propietarios de las cortes de distrito •de la Isla en los casos de vacante. Tenía, por tanto, su nom-bramiento un carácter público. Pero además de esto, no consta en el expediente de habeas corpus si el nombramiento se notificó o nó a Bird, y no es posible referirse de memoria a actuaciones que no se tuvieran en cuenta en la resolución que es hoy objeto de la apelación.

Se impugna también el procedimiento seguido por la Corte de Distrito de San Juan, pero ese procedimiento no discrepa •del establecido por la Orden Judicial No. 28, de 23 de diciem-bre de 1899, y hay que acatar lo que dispone esa orden para los casos en que, como en el presente, pida el Fiscal pena ■correccional, orden que tuvo el laudable fin de activar en cuanto fuere posible los procedimientos criminales y reducir el término de las prisiones provisionales.

Se discute también la forma de la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan, porque no se acomoda a lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal anterior a la que se votó por esta Asamblea Legisla-tiva, y fué aprobada en Io. de marzo de 1902, y de aquí se •deduce que debió revocarse la sentencia condenatoria de Bird, (*) como se hizo en el caso de la corte de Ponce, 'de Mariano Abril, precisamente por un defecto de forma.

Mas se olvida el señor juez disidente de los diferentes, tiempos en que han ocurrido los hechos. Cuando llegó a esta corte el caso de Abril, regía en toda su plenitud la antigua, ley de procedimiento que dejó aquí implantada España y era. éste un tribunal que conocía de los recursos de casación, que eran remedios extraordinarios que procedían en todos los. juicios criminales contra las resoluciones de los tribunales que causaban ejecutoria, con el fin de reparar el agravio que' se hubiese cometido en la sentencia por infracción de ley,, relativa al fondo del asunto, o por no haberse observado las formas sustanciales del procedimiento. Entonces no podía tenerse para nada en cuenta el sumario. Aquella corte de-casación tenía que formar juicio con la misma sentencia de la corte inferior, y Mariano Abril, por consiguiente, fué ab-suelto, porque no se insertó en dicha sentencia el artículo que se suponía penable y faltaban, por tanto, términos hábiles, para que el tribunal de casación pudiese juzgar con acierto-sobre el alcance y trascendencia de las palabras publicadas en el periódico La Democracia. T por eso, en este caso, y en otros semejantes y cumpliendo siempre con la ley vigente, la sentencia fué casada y absuelto el acusado del delito que se-le imputaba.

Mas el caso actual de Hobart S. Bird es distinto en todos conceptos. Yino a esta corte en grado de apelación, no de-casación, como el de Abril. La sentencia de Bird contiene insertas las palabras y frases que el tribunal originario con-ceptuó injuriosas, y ya esta corte de que formamos parte-como jueces, no tiene que someterse a los estrechos moldes de la antigua ley. Hoy pudo examinar el artículo denun-ciado, aunque no se comprendiese lo necesario en la sentencia, como se ha comprendido, porque a ello nos autoriza la ley(*) de esta Asamblea Legislativa, aprobada en 12 de marzo de 1903, que literalmente dice así:

“LEY PARA TRANSFORMAR LA CORTE SUPREMA DE PUERTO RICO EN CORTE DE APELACIÓN.
41Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Pico:
“Sección 1. Que el Tribunal Supremo de Puerto Rico constituirá de aquí en adelante un tribunal de apelación y no un tribunal de casación. En sus deliberaciones y fallos en todos los asuntos, tanto en lo civil como en lo criminal, dicho tribunal no se limitará solamente a infracciones de ley o quebrantamiento de forma, según fueren señalados, alegados o salvados por los litigantes, o según se hiciera ■constar en sus exposiciones y excepciones, sino que con el más alto fin de justicia, el tribunal puede también entender en todos los hechos y tramitaciones en la causa, tal como aparecieren en autos, conside-rando en igual forma sus méritos para la mejor administración de justicia y del derecho, y evitar injusticias y demoras.
“Sección 2. Todos los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establecen los trámites para los recursos de casación, que-dan abolidos.
“Sección 3. Las apelaciones se tramitarán en la forma que esta-blece la Ley de Enjuiciamiento para las apelaciones en los antiguos juicios de mayor cuantía, suprimiendo el trámite llamado de apunta-miento.
“Sección 4. En todos los casos en que la Ley de Enjuiciamiento Civil habla de recursos de casación, se entenderá de apelación.
“Sección 5. Toda ley o parte de ley en conflicto con las disposi-ciones de esta ley queda por la presente derogada.
“Sección 6. Esta Ley empezará a regir inmediatamente después de su aprobación.
“Aprobada, 12 de marzo de 1903.’’

Y creemos que la mejor administración de justicia y del derecho y el deseo de evitar injusticias que son fines que se propone esta ley, se han de conseguir lo mismo absolviendo al inocente que condenando al que resulte culpable de un delito, (*)

Nnnca consideramos tampoco, de modo tan absoluto, la necesidad de la declaratoria expresa de los hechos probados en los resultandos de la sentencia recurrida, y alguna vez se indicó que era suficiente qne de los resultandos, sin la decla-ratoria terminante de “probados,” y de los considerandos del fallo recurrido, se dedujese de modo claro la naturaleza del delito y la participación del acusado, y esto ocurrió en el re-curso de Pablo Pont y Crespo, procedente de la corte de Ponce, en que no había declaratoria de hechos probados en los resul-tandos, y esta corte, entonces de casación, en su sentencia de 22 de noviembre de 1902, y, siendo precisamente Ponente el honorable juez disidente, consignó en un considerando que los términos absolutos y categóricos en que estaba redactado el primer resultando de la sentencia recurrida, y la relación íntima que guardaban con una consideración de la misma, eran suficientes para estimar que el tribunal a quo había con-siderado en su conciencia como probados los hechos consig-nados en dicho primer resultando. Esta misma teoría se sienta en la sentencia de este tribunal de 25 de marzo de 1902, que también suscribió el juez disidente.

Queda, pues, contestada la impugnación de la forma en que se redactó la sentencia de la Corte de Distrito de San Juan que condenó a Hobart S. Bird, aparte de que esa materia no es propia de un habeas .corpus, como no es propio tampoco el procedimiento que ha seguido nuestro ilustrado compañero el señor juez disidente, al revisar la decisión de esta corte dictada en la causa pendiente de apelación, para presentar su voto particular en el asunto de habeas corpus, pues es juris-prudencia bien conocida que sean cuales fueren los errores de un tribunal, no pueden afectar la decisión del habeas corpus a no ser que llegaran a desposeer a la corte sentenciadora de su jurisdicción.

Entramos ahora en el último punto que trata el señor juez disidente y es la teoría que sostiene de que el alma y el (*) espíritu, así dice, del artículo 265 del Código Penal que se aplicó a Bird, se fué con España al cesar aquí en su soberanía. Pero ha venido a ver esto muy tarde el honorable juez disi-dente, porque se olvida que condenó con su voto a Práxedes Rosario de Jesús y firmó la sentencia condenatoria de 17 de junio de 1902, aplicando el artículo 258. En otra sentencia que también votó y firmó en 26 de junio de 1902, se aplicó el artículo 262, que por su carácter, por referirse a atentado a los agentes de la autoridad y desacato a la misma, y estar en el mismo título en que está el artículo 265, debieran haberse ido con la soberanía de España, según hoy sostiene el señor juez disidente.

Pero donde se ve claramente el olvido involuntario de dicho juez, es en la sentencia de tres de junio de 1902, que copiada literalmente dice así:

“Bu la Ciudad de San Juan de Puerto Rico a 3 de junio de 1902, en el recurso de casación por infracción de ley que ante nos pende, interpuesto por Antonio Pomales Gómez, contra sentencia del Tribunal de Distrito de Arecibo, en causa seguida al mismo por injuria y calumnia a la autoridad.
“Resultando: que la expresada sentencia dictada en 24 de agosto último, contiene el siguiente resultando:
“Resultando: probado que el acusado Antonio Pomales, vecino de Manatí, dijo públicamente a varias personas, y entre ellas a Don Virgilio Pozo y Don José Rivera, que el alcalde de la población, Don Virgilio Ramos, había sido gratificado en la cantidad de $100 por Don Abelardo de la Haba, para que no se opusiera á la reedificación de una casa sita en el pueblo de Manatí y propiedad de la Sucesión Brunet.
“Resultando: que el tribunal sentenciador calificó los hechos pro-bados de delito comprendido en el artículo 265 del Código Penal, y de autor del mismo a Antonio Pomales Gómez, sin circunstancias modificativas de su responsabilidad, por lo que le condenó a la pena de dos meses y un día de arresto mayor, accesorias y costas.
“Resultando: que contra esta sentencia ha interpuesto la repre-sentación. del procesado recurso de casación por infracción de ley, autorizado (®) por el'No. 1 del artículo 849 de la Ley de Enjuicia-miento Criminal, citando como infringido el artículo 265 del Código Penal, por aplicación indebida, pues en el resultando transcrito no se expresa que Don Virgilio Ramos recibiera como alcalde en el ejer-cicio de sus funciones la dádiva que se indica, requisito indispensable para que como tal alcalde fuera calumniado y tampoco en el propio concepto de alcalde ha sido injuriado, tanto por la razón antedicha, cuanto porque el hecho de ser gratificada una persona para que no ejecute actos lícitos que puede ejecutar, no cede en su deshonra, des-crédito o menosprecio, máxime cuando se trata de quien, como el Sr. Ramos, tiene hien cimentada su reputación.
“Resultando: que el Ministerio Fiscal impugnó el recurso en el acto de la vista.
“Visto, siendo ponente el Juez Asociado Don José O. Hernández.
“Considerando: que cometen el delito que define y castiga el artí-culo 265 del Código Penal, los que hallándose una autoridad en el ejercicio de sus funciones, o con ocasión de éstas, la calumniaren, in-juriaren o insultaren de hecho o de palabra, fuera de su presencia o en escrito que no estuviere a ella dirigido, siendo calumnia la falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio, e injuria, toda expresión proferida o acción ejecutada en des-honra, descrédito o menosprecio de otra persona, según los artículos 471 y 475 del mismo código.
“Considerando: que la imputación hecha públicamente por el re-currente al alcalde de Manatí, Don Virgilio Ramos, fuera de su presencia, de haber sido gratificado con la cantidad de $100 a los fines que se expresan, constituye indudablemente un delito de co-hecho bajo alguna de las formas que se definen en el Capítulo 9 del Título 7 del Libro 2 del Código Penal, y si no lo constituyera sería injuriosa a la autoridad del alcalde de Manatí, Don Virgilio Ramos, como ofensiva a la rectitud e imparcialidad que deben revelarse en el ejercicio de las funciones de su cargo; siendo evidente, por tanto, que la sala sentenciadora no ha incurrido en el error de derecho en que se funda el recurso, ni cometido la infracción legal que se le atribuye.
“Fallamos: que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por Antonio Pomales Gómez al que condenamos en las costas; y con devolución de la causa, comuniqúese esta resolución al Tribunal de Distrito de Arecibo, a los efectos con-siguientes. (*)
“Así por ésta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta Oficial, lo pronunciamos, mandamos y firmamos: José S. Quiñones, José C. Hernández, José Ma. Figueras, Louis Sulzbacher, J. H. Mac-Leary.
“Publicación. Leída y publicada fué la anterior sentencia por el Señor Juez Asociado del' Tribunal Supremo Don José C. Hernández, celebrando audiencia pública dicho tribunal en el día de hoy, de que certifico como secretario, en Puerto Rico a B de junio de 1902. Antonio F. Castro.”

Esta sentencia fue votada y firmada, como se ve, por el señor juez disidente. En esa sentencia se aplicó el mismo artículo 265 del Código Penal o sea el que se fué en alma y espíritu, según él, con la soberanía de España.

¿T es posible que ese cadáver estuviese vivo en la ley y en la mente y conciencia del honorable señor juez disidente, en ese caso a que se refiere la sentencia copiada, y en cuya fecha ya había cesado la soberaníá española y que hoy esté ese artículo verdaderamente muerto para no aplicarlo a Hobart S. Bird bajo el argumento del cambio de soberanía? Salta a la vista la inconsecuencia que puede tener justificación en el olvido involuntario de esos casos en que intervino antes, con su voto y su firma, el señor juez disidente.

Todos los demás puntos del voto están tratados en el dic-tamen del señor ponente que los suscribientes aceptamos, e hicimos propio, al dictar la resolución negando el manda-miento de habeas corpus solicitado por Hobart S. Bird.

Concluimos manifestando de nuevo que sólo la necesidad de justificar nuestra consecuencia y conducta al emitir nuestro voto y dictar la resolución, nos obliga a salir por este medio al encuentro del voto del honorable juez disidente, pues las razones en él expuestas, no las expresó en su oportunidad, es decir, al discutir el caso, y entonces todas se hubieran reba-tido, como lo hacemos ahora, al conocer las razones en que funda su disentimiento con la sentencia.(*)  