
    González, Demandante y Apelante, v. Rosado, Demandado, y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez. en cansa, sobre nulidad de actuaciones y daños y per-juicios.
    No. 1327.
    Resuelto en julio 23, 1915.
    Jurisdicción — Cortes Municipales — Cuantía de la Reclamación — Jurisdicción Exclusiva. — De acuerdo con la ley y la jurisprudencia, las eortes municipales en Puerto Rico tienen jurisdicción exclusiva para conocer de los asuntos civiles cuya cuantía no exceda de la suma de $500.
    Daños y Perjuicios — Reclamación de un Veinte y Cinco por Ciento Men-sual — Palta de Causa de Acción. — Cuando en nna demanda se reclama un veinte y cinco por ciento mensual como indemnización por la ganancia dejada de obtener por el demandante, sin alegarse alguna circunstancia extraordi-naria, debe resolverse que la demanda no aduce techos suficientes en cuanto a la reclamación del dicho veinte y cinco por ciento mensual.
    Id. — Demanda—Jurisdicción Original — Cortes de Distrito — Palta de Juris dicción por Razón de la Cuantía. — Examinadas aisladamente las diferentes partidas a que se contrae la demanda en este caso, se resolvió que la corte de distrito carecía de jurisdicción para conocer originalmente del pleito por razón de la cuantía.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Sabater.
    
    El apelado no compareció.
   El Juez Asociado Se. del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un pleito titulado sobre nulidad de manda-miento de ejecución e indemnización de perjuicios, entablado originalmente en la Corte de Distrito de Mayagüez por Ig-nació González contra Arturo Rosado. La demanda consta de veinte hechos que pueden resumirse sustancialmente así:

Agustín Hernández Mena siguió un pleito en la Corte Municipal de Mayagüez contra Leocadia Rodríguez y obtuvo sentencia a su favor por la suma de $110. Se procedió a la ejecución de esa sentencia embargándose al efecto cierta pro-piedad inmueble que fué vendida en pública subasta el 24 de octubre de 1911 por la suma de $132.28.

El propio día 24 de octubre de 1911, Ignacio González, el demandante, presentó al márshal del distrito una, petición jurada, acompañada de una fianza, a fin de que el dicho fun-cionario le entregara $131.55 de los $132.28 que había embar-gado como de la propiedad, de Hernández Mena, por haberle éste cedido sus derechos con anterioridad' al embargo. El márshal no accedió, entregando la dicha suma al demandado Rosado Fussá. El demandante Ignacio González solicitó entonces contra el márshal un auto de mandamus que le fué negado finalmente por la corte de distrito, fundándose en que el márshal no podría cumplir la orden que se le dictara por haber hecho entrega del dinero embargado antes de habérsele notificado el anto alternativo de mandamus.

Debido a los actos del demandado Rosado, el demandante González alega haber sufrido los siguientes perjuicios: $131.55, importe del crédito que le cedió Hernández Mena; $88.10 invertidos en pago de costas y honorarios de abogado en el procedimiento de mandamus a que se ha hecho refe-rencia, y $549.12 por la ganancia dejada de obtener. El demandante calcula la ganancia, bajo la base de nn 25 por ciento mensual sobre $219.65.

El demandado contestó la demanda negando ciertos hechos de la misma y aceptando que recibió del márshal del distrito $132.27, como pago, en parte, de los $137.20 de las costas a que fué condenado Hernández Mena. Sostuvo además el de-mandado que Hernández Mena conocía la sentencia que lo condenó al pago de las costas, y alegó como materia nueva, que nunca fué notificado de la cesión hecha por Hernández Mena al demandante, y que en el pleito seguido por Hernández Mena contra Leocadia Rodríguez nunca fué sustituido el nom-bre de Hernández Mena por el del demandante; que Her-nández Mena y el demandante se confabularon y llevaron a efecto la cesión indicada con el fin de defraudar al deman-dado, habiendo sido Hernández Mena y no el demandante el que asistió a la subasta y el que estuvo próximo a recibir el importe de la misma cuando fué embargado por el márshal del distrito.

El 19 de noviembre de 1914 se celebró la vista del pleito presentando sus pruebas ambas partes, y el 9 de marzo de 1915 la corte dictó su sentencia declarando sin lugar la de-manda con imposición de las costas y honorarios de abogado al demandante. Presentado el memorándum de costas, fué tramitado de acuerdo con la ley y aprobado finalmente el 27 de marzo de 1915. El demandante entonces interpuso el pre-sente recurso de apelación contra la -sentencia y la resolución aprobatoria del memorándum de costas.

Al estudiar detenidamente este caso para resolverlo en la forma que procediera en justicia, liemos advertido que existe una cuestión jurisdiccional que impide el que entremos en lá consideración de los méritos del mismo.

De acuerdo con la ley y la jurisprudencia, las cortes muni-cipales. en Puerto Pico tienen jurisdicción exclusiva para conocer de los asuntos civiles cuya cuantía no exceda de la suma de quinientos pesos.

En el caso de Lowande v. García, 12 D. P. R., 302, el Juez Figueras, al emitir la opinión de .la corte, liizo un cuidadoso estudio de la materia, analizando y comparando las varias leyes que la han regulado.. En el resumen de la opinión, se condensan «los principios establecidos en la misma, en la si-guiente forma: “La jurisdicción de las cortes municipales, en todos los asuntos civiles que se promuevan en su distrito hasta la suma de quinientos dollars, comprendiendo intereses, es exclusiva, y no puede afirmarse que en estos casos la juris-dicción de las cortes de distrito sea concurrente con las de las cortes municipales.”

Igual doctrina se sostuvo en los casos de Lowande v. García, 13 D. P. R., 271 y González v. Pirazzi, 16 D. P. R., 7. Por último en el caso de Hernández Mena v. Blanco et al., decidido el 14 de julio de 1915, esta Córte Suprema confirmó la senteifi cia de la Corte de Distrito de Mayagüez declarándose sin ju-risdicción para actuar en el pleito, por aparecer de la demam da que no obstante reclamarse mil pesos, solo existía causá de acción para trescientos diez.

Si a la luz de lo expuesto anteriormente, examinamos la demanda presentada originalmente en la Corte de Distrito de M^agüez por Ignacio González contra Arturo Bosado, con-cluiremos sin esfuerzo alguno que la dicha corte de distrito al decidir las cuestiones por la demanda planteadas, actuó sin jurisdicción.

En la demanda se reclaman. $768.77. Tomada esa suma como-base,,1a jurisdicción de la. cprte resulta clara. Pero esa suma se forma de diferentes, .partidas que deben examinarse aisladamente. Una de ellas, la que es en realidad de verdad la base del pleito, solo asciende a $131.55; otra, formada a su vez de varias referentes a gastos hechos con motivo de un procedimiento de mandamus iniciado por el demandante, monta a $88.10. Sumadas ambas, dan un total de $219.65. El resto basta $768.77, o sean $549.12, se reclama, usando las mismas palabras empleadas en la demanda, ‘ ‘ por importe del 25 por ciento sobre 219 dollars 65 centavos que, el deman-dante ba perdido por lo dejado de ganar mensualmente, como producto líquido de dicbo dinero en su casa de comercio, desde el 24 de octubre de 1911, basta la fecba, o sean 18 meses.”

Prescindiremos de investigar y resolver si existe ó no causa de acción con respecto a las partidas de $131.55 y $88.10, limitando nuestro examen a la de $549.12 que se re-clama como ganancia dejada de obtener.

Hemos resumido substancialmente los liecbos alegados en la demanda y al referirnos luego a la partida de $549.12, bemos transcrito textualmente la alegación del demandante. Gomo puede verse de todo ello, no se expone ninguna circuns-tancia extraordinaria, sino que simplemente se. reclama un veinte y cinco por ciento mensual, o sea un trescientos por ciento anual, como producto líquido de la cantidad dejada de 'percibir por el demandante y de la gastada por él, según sos-tiene, con motivo de los actos del demandado, empleadas dichas cantidades en la casa de comercio del demandante. Es tan extraordinaria la pretensión del demandante, está tan desprovista de fundamento su reclamación de un veinte y cinco por ciento mensual, que es necesario concluir que no tiene causa de acción con respecto a la partida de $549.12.

Siendo ello así, la cuantía del pleito queda reducida a $131.55, o, a lo sumo, a $219.65, y la falta de jurisdicción de la corte de distrito para conocer originalmente del mismo es evidente. Aun aceptando que el demandante tuviera derecho a reclamar alguna cantidad por la ganancia dejada de obtener por habérsele privado de -emplear $131.55, o $219.65, durante diez y ocho meses, en sn casa de comercio, nnnca dicha ganan-cia, teniendo en cuenta los hechos alegados, podría ser sufi-ciente para elevar la cuantía del pleito hasta los $500.01 nece-sarios para dar jurisdicción original a la corte de distrito.

Todo lo actuado y resuelto por dicha corte fue,' pues, enteramente nulo, por falta de jurisdicción, y así debe resol-verse.

Anuladas la sentencia y resolución apeladas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.  