
    Justo Lozada Sánchez, Juan Camacho Moreno, Wanda I. González Vélez, Carmen I. Alvarado Rivas, Enrique J. Seguí Casalduc y Elba T. Escribano de Jesús, recurridos, v. Autoridad de Energía Eléctrica, agencia proponente y recurrida, y Junta de Calidad Ambiental, peticionaria; Autoridad de Energía Eléctrica, peticionaria, v. Junta de Calidad Ambiental, recurrida, Justo Lozada Sánchez, Juan Camacho Moreno, Wanda I. González Vélez, Carmen I. Alvarado Rivas, Enrique J. Seguí Casalduc y Elba T. Escribano de Jesús, recurridos.
    
      Números: CC-2011-718
    CC-2011-722
    
      Resueltos: 8 de noviembre de 2011
    
      Pedro J. Saadé Lloréns, de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, abogado de Justo Lozada Sánchez et al. y Juan Cortés et al.; Eliezer Aldarondo Ortiz, Rosa Campos Silva y Eliezer A. Aldarondo López, de Aldarondo & López Bras, abogados de la Autoridad de Energía Eléctrica.
   RESOLUCIÓN

La Junta de Calidad Ambiental (JCA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) presentaron por separado dos re-cursos de certiorari ante este Tribunal. Junto con los recur-sos, la AEE y la JCA presentaron por separado dos solici-tudes de auxilio de jurisdicción con el propósito de que se paralizaran los procedimientos en el Tribunal de Apelaciones. Mediante Resolución de 9 de septiembre de 2011, declaramos “con lugar” esas mociones. Además, con-solidamos los recursos presentados por tratarse de la misma materia. Por último, le concedimos un término de 15 días a Juan Cortés Lugo y otros para que refutaran los recursos que presentaron la AEE y la JCA. Así lo hicieron.

Posteriormente, el 6 de octubre de 2011, la AEE y la JCA replicaron por separado al escrito que presentaron Juan Cortés Lugo y otros. Así las cosas, nuestra Secretaría recibió el 13 de octubre de 2011 una “Moción solicitando prórroga” que presentó Justo Lozada Sánchez y otros, quie-nes no forman parte del presente caso. Subsiguientemente, el 20 de octubre de 2011, Juan Cortés Lugo y otros, que sí forman parte del presente pleito, presentaron también una “Moción solicitando prórroga” en la que nos requieren 10 días para duplicar a las réplicas que presentaron la AEE y la JCA el 6 de octubre de 2011. La AEE se opuso.

La Regla 31 del Reglamento de este Foro, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, le concede 10 días a “[c]ualquier parte que desee expresarse a favor o en contra de una moción que solicite algún remedio ...”. Por otro lado, la Regla 48(b) del mismo cuerpo de reglas, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, establece, en lo pertinente: “Cualquier solicitud de prórroga deberá reci-birse en el tribunal no menos de tres (3) días laborables antes de expirar el plazo cuya prórroga se solicite. No se concederá ninguna moción de prórroga que no cumpla con este requisito ... .” La Regla 48, id., dispone de igual forma que “[l]as mociones de prórroga deben fundamentarse con hechos concretos y no con meras generalizaciones. Como norma general, el exceso de trabajo del (de la) abogado (a) no se considerará una razón adecuada para justificar una prórroga”.

En el caso que nos ocupa, la Moción de 13 de octubre de 2011 en la que se solicitó prórroga se presentó a tiempo. No obstante, la presentaron Justo Lozada Sánchez y otros, quienes no eran parte del caso. Basta recordar que el Tribunal de Apelaciones en su Resolución de 18 de agosto de 2011 solo le reconoció legitimación activa a Juan Cortés Lugo y otros. Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 856-861. En cuanto a Justo Lozada Sánchez y otros, deter-minó que estos no tenían legitimación activa. Id. De ese extremo de la resolución no se recurrió ante este Foro en los recursos consolidados que nos ocupan. La mención de Justo Lozada Sánchez y otros en el epígrafe responde a que se reproduce ante nos el epígrafe que el caso tenía en el foro intermedio. No hace parte a Lozada Sánchez y otros, y no los convierten en Juan Cortés Lugo y otros, la parte recurrida en este caso.

Con relación a la moción presentada el 20 de octubre de 2011, un simple cálculo aritmético demuestra que se pre-sentó a destiempo. El término para replicar vencía el 17 de octubre de 2011 (el 16 de octubre de 2011 era domingo), y el de solicitar prórroga vencía el 13 de octubre de 2011 (el 12 de octubre de 2011 era festivo).

Además, Juan Cortés Lugo y otros no nos presentan he-chos concretos que justifiquen la concesión de la prórroga. Valga señalar que en este caso Juan Cortés Lugo y otros ya presentaron su alegato en oposición a la expedición del re-curso de certiorari. Ante ese escenario, se declara “no ha lugar” la moción en solicitud de prórroga que presentó Justo Lozada Sánchez el 13 de octubre de 2011 y la “Mo-ción solicitando prórroga” que presentaron Juan Cortés Lugo y otros el 20 de octubre de 2011.

Todas las partes han comparecido ante nos y han pre-sentado múltiples escritos en este caso. Sus argumentos se considerarán de manera sosegada con el rigor que la Cons-titución impone. No se ha privado a ninguna parte de su oportunidad de ser oída.

Notifíquese inmediatamente a las partes por teléfono o fax, y por la vía ordinaria.

Lo acordó y ordena el Tribunal, y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada Señora Fiol Ma-tta disintió de la determinación del Tribunal por conside-rar que penaliza injustificadamente a la parte recurrida. Entiende que se le debe permitir al grupo de ciudadanos liderados por Juan Cortés presentar su dúplica a las répli-cas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Junta de Calidad Ambiental (JCA) de manera integrada en el caso consolidado ante el Tribunal, por varias razones: que la parte peticionaria ha cometido el mismo error en la identificación de la parte recurrida que se utiliza como fun-damento para denegar la solicitud de prórroga; que el error que han cometido ambas partes es excusable dado el con-fuso trasfondo procesal del caso y no afecta los méritos del recurso; que la parte recurrida justifica su petición de pró-rroga en el hecho de que la Oposición al Alegato de la Parte Recurrida presentada por la AEE es un documento ex-tenso, complejo y que discute por primera vez ciertos argu-mentos y estudios sobre los que no se ha podido expresar; que la parte recurrida señala que supo del escrito de la JCA más de una semana después de su fecha de presenta-ción, y, sobre todo, que este caso es de gran interés público y recibir los comentarios de todas las partes beneficiará al Tribunal al permitirle contar con un expediente más com-pleto para resolver la controversia. La Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez emitió un voto particular disi-dente, al cual se unió el Juez Presidente Señor Hernández Denton.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular disidente emitido por la

Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez,

al que se une el Juez Presi-dente Señor Hernández Denton.

Esta Curia hoy se niega a considerar los planteamientos de un grupo de vecinos y vecinas preocupados por su vida. Es inminente el paso de una línea kilométrica de gas natural por zonas aledañas a sus viviendas. No puedo permane-cer callada.

Por las razones que a continuación exponemos, entende-mos que la mayoría se ha equivocado al denegar las solici-tudes de prórroga presentadas por la parte recurrida. Con-sideramos que el denegarlas equivale a no reconocer a una parte el derecho que tiene a ser escuchada y privarle a este Tribunal de contar con todos los elementos de juicio nece-sarios para adjudicar la presente controversia. Una contro-versia del más alto interés público y que versa sobre la aprobación de una Declaración de Impacto Ambiental Final (DIA-F) de un enorme gasoducto.

I

A.

Es importante narrar los hechos de este caso. Esto, ya que está revestido del más alto interés público. Los aquí recurridos son personas naturales cuya seguridad personal e intereses y derechos propietarios, agrícolas, ambientales, estéticos, entre otros, se afectarán por la construcción de un enorme gasoducto que se promociona publicitariamente como “Vía Verde”. Lo anterior, de por sí, debe ser suficiente para que este Tribunal reciba y pondere todos los plantea-mientos y cuente con un expediente completo y amplio que le permita tomar una decisión reflexiva, concienzuda e informada. Esto, sin aferrarse a un formalismo extremo que termine cambiando nuestra función de impartir justi-cia por una aplicación mecánica de leyes, normas y reglamentos.

B.

Tenemos ante nuestra consideración unos recursos de certiorari que presentaran, el 6 de septiembre de 2011 y de forma separada, la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). En dichos recursos se nos pide que revisemos una Resolución que emitió el Tribunal de Apelaciones el 18 de agosto de 2011. Esta es el resultado de la presentación de tres recursos de revisión administrativa mediante los cuales se solicitó que el foro intermedio revisara la aprobación de la Declaración de Im-pacto Ambiental Final (DIA-F) que emitió la JCA en el pro-yecto de gasoducto “Vía Verde.” Esencialmente, los peticio-narios recurridos solicitaron al Tribunal de Apelaciones que dejara sin efecto la Resolución R-10-45-1 de la Junta de Calidad Ambiental mediante la cual se aprobó el In-forme del Subcomité y se determinó que la DIA-F presen-tada por la AEE para el proyecto de gasoducto cumplió con todos los requisitos de la Ley Núm. 416 de 22 de septiem-bre de 2004 (12 L.RR.A. sec. 801 et seq.), conocida como la Ley sobre la Política Ambiental.

Así las cosas, el Tribunal de Apelaciones, el 31 de marzo de 2011, emitió urna sentencia que desestimó, por falta de legitimación activa, los tres recursos de revisión administra-tiva presentados e identificados con los alfanuméricos KLRA201001238 (Justo Lozada Sánchez y otros), KLRA201001246 (Juan Cortés Lugo y otros) y el KLRA201001248 (Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego-UTIER). Sin embargo, luego de que opor-tunamente se solicitara reconsideración, el foro apelativo la acogió y dictó la Resolución ante nuestra consideración. En-tendió que Juan Cortés Lugo y otros (KLRA201001246) sí cumplían con los requisitos impuestos por la doctrina de legitimación activa y, por lo tanto, podían solicitar revisión de la DIA-F del proyecto de gasoducto.

Inconformes, la AEE y la JCA recurrieron ante este Tribunal la Resolución reseñada. El 6 de septiembre de 2011 presentaron ante esta Curia, de manera separada, mocio-nes urgentes en auxilio de jurisdicción, entre otros escritos. Adujeron que ese mismo día habían presentado sus recur-sos de certiorari para solicitar que revisáramos la Resolu-ción que hoy nos ocupa. La Procuradora General, en repre-sentación de la JCA, certificó haber notificado a las partes la moción en auxilio de jurisdicción mediante entrega personal y/o por correo certificado con acuse de recibo a las partes: Justo Lozada; Juan Camacho Moreno, Wanda I. González, Carmen I. Alvarado Rivas, Enrique J. Seguí Ca-salduc, Elba T. Escribano De Jesús, Ledo. Andrés Santos Ortiz, Ledo. Pedro Saadé Lloréns, Ledo. Luis José Torres Asencio; Ledo. Eliezer Aldarondo Ortiz, Hon. Pedro J. Nieves Miranda, Subcomité Interagencial de Cumplimiento Ambiental por Vía Acelerada, Leda. Dimarie Alicea Lozada. Por otra parte, los licenciados Eliezer Aldarondo Ortiz, Eliezer Aldarondo López y la licenciada Rosa Campos Silva, en representación de la AEE, certificaron haber notificado la moción en auxilio de jurisdicción a los licen-ciados Pedro Saadé Llórens y Luis José Torres Asencio a sus respectivas direcciones, al Sr. Pedro J. Nieves Miranda y a la licenciada Karla Pacheco Alvarez a sus direcciones postales. Tenemos que decir que ambas mociones llegaron con el epígrafe original del caso ante la consideración del Tribunal de Apelaciones, aun cuando este solo había reco-nocido legitimación activa a la parte compareciente en el recurso KLRA201001246 (Juan Cortés Lugo). Precisa-mente, en la moción que presentó la JCA el epígrafe dice: “Justo Lozada Sánchez, Juan Camacho Moreno, Wanda I. González Vélez, Carmen I. Alvarado Rivas, Enrique J. Se-guí Casalduc, Elba T. Escribano de Jesús, Parte con Inte-rés-Recurrentes In Re: Autoridad de Energía Eléctrica, Agencia Proponente-Recurrida, Junta de Calidad Ambien-tal, Agencia Recurrida.” De igual manera, aunque en orden diferente, lo hace el recurso que presentó la AEE.

Siendo esto así, oportunamente, la parte recurrida pre-sentó un escrito titulado “Alegato de las partes recurridas”, donde rebatió los argumentos de la parte peticionaria. En respuesta, el 6 de octubre la JCA presentó un escrito titu-lado “Réplica al alegato de las partes recurridas”. Cónsono con lo que señalara en la nota al calce número uno, se notificó este escrito a Justo Lozada Sánchez y no a Juan Cortés Lugo, quien era parte en el caso KLRA201001246. Según certifica la licenciada Karla Z. Pacheco Alvarez, Procuradora General Auxiliar, el mismo día se envió copia por correo certificado a, entre otras personas, los licencia-dos Pedro Saadé Lloréns y Luis José Torres Asencio, repre-sentantes legales de la parte recurrida. De igual manera, la AEE presentó el 6 de octubre un escrito titulado “Oposi-ción a Alegato de las Partes Recurridas”, y certificó haber notificado a las partes.

Debido a la presentación del escrito en oposición presen-tado por la parte peticionaria, el 13 de octubre compareció “la parte recurrida, Justo Lozada Sánchez et al”, por con-ducto de su representación legal y solicitó se le concediera una prórroga de diez (10) días para contestar el escrito en oposición presentado por la AEE. Asimismo, el 20 de oc-tubre de 2011 compareció ante este Foro la parte recurrida, Juan Cortés Lugo y otros, por conducto de su representa-ción legal y solicitó se le concediera una prórroga de diez (10) días para contestar el escrito en oposición presentado por la JCA.

Así las cosas, el 8 de noviembre de 2011, diecinueve (19) días después que la parte solicitara prórroga para contes-tar el escrito de la JCA y veintiséis (26) días después que la parte solicitara prórroga para contestar el escrito de la AEE, la mayoría de este Tribunal sostiene que procede de-clarar “no ha lugar” la moción presentada por Justo Lo-zada Sánchez y otros porque, aunque se presentó a tiempo, éste no es parte en el caso. Sin embargo no se menciona el hecho de que la JCA notificó a Justo Lozada Sánchez en lugar de notificar a Juan Cortés Lugo; más importante aún, tampoco se dice que quien compareció fue la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, ins-titución a cargo de la representación legal de Juan Cortés Lugo. Por lo cual debe, obligatoriamente, colegirse que esto se debió a una confusión o inadvertencia que a todas luces debe ser excusable.

La mayoría entiende que “un simple cálculo aritmético demuestra que [la moción presentada el 20 de octubre] fue presentada a destiempo”. Resolución de 8 de noviembre de 2011. No obstante, no considera, siquiera, la alegación de la parte recurrida sobre que conoció del escrito el 19 de octubre de 2011.

No existe duda de que el caso de referencia es extenso y complejo. También se deduce del expediente que al conso-lidarse los tres casos ante el Tribunal de Apelaciones se mantuvo un epígrafe donde Justo Lozada Sánchez era el primer nombre; lo mismo se hizo ante este Foro. Tampoco hay dubitaciones de que la JCA notificó sus escritos y mo-ciones al señor Justo Lozada Sánchez en lugar de a Juan Cortés Lugo, aunque sí a su representación legal, y que esto pudo causar confusión entre las partes. Del mismo modo, se desprende del expediente que tanto la Sección Ambiental de la Clínica de Asistencia Legal de la Univer-sidad de Puerto Rico, dirigida por el licenciado Pedro Saadé LLoréns, como el licenciado Luis José Torres Asen-cio, participante del Programa de Práctica Compensada de Servicios Legales de Puerto Rico, representaron a Juan Cortés Lugo y otros, y no a Justo Lozada y otros ante el foro intermedio y ante esta Curia.

II

Los derechos afectados en el recurso ante nuestra con-sideración son de la más alta jerarquía. La cercanía del gasoducto “Vía Verde” a las viviendas de los demandantes, sumado a la posibilidad de ser expropiados, amerita que consideremos los recursos presentados de manera sose-gada y que escuchemos todos los planteamientos de las partes. Actualmente, no existen órdenes de paralización y el proyecto transcurre normalmente. Siendo esto así, nada nos impide que recibamos la dúplica de la parte recurrida y, por lo tanto, contar con un expediente más completo e informado.

Debemos recordar que el Reglamento de este Tribunal en su Regla 31(d) dispone que “[c]ualquier parte que desee expresarse a favor o en contra de una moción que solicite algún remedio deberá hacerlo dentro de los diez (10) días de la notificación antes dicha”. 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A. No obstante, dicho término no es jurisdiccional. Anterior-mente hemos señalado que la discreción es “[e]l más pode-roso instrumento ... reservado a los jueces ...”. Banco Metropolitano v. Berrios, 110 D.P.R. 721, 725 (1981). Además, hemos dispuesto que la “discreción es ‘una forma de razo-nabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera’ ”. Banco Popular de P.R. v. Municipio de Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 657-658 (1997). Más aún, en León v. Rest. El Tropical, 154 D.P.R. 249, 259 (2001), dijimos que “[n]uestro deber principal es impartir justicia y no dejarnos llevar por tecnicismos”. En aquel en-tonces estaba ante nuestra consideración si un error en el epígrafe del emplazamiento viciaba la notificación. Contes-tamos en la negativa y agregamos que era meritorio un acercamiento menos formalista por ser este último el más justo. Véase León v. Rest. El Tropical, supra, pág. 258.

Por todo lo anterior, y por tratarse de un error no subs-tancial en el nombre de la parte compareciente, provocado por, entre otras cosas, el epígrafe del recurso, las notifica-ciones de la JCA y la complejidad de la controversia, pro-veería ha lugar a la moción presentada el 13 de octubre en la que se solicitaba una prórroga para contestar el escrito presentado por la AEE titulado “Oposición al alegato de las partes recurridas.” De igual manera, considerando que la Clínica de Asistencia Legal supo del escrito presentado por la JCA el 19 de octubre de 2011, proveería ha lugar a la solicitud de prórroga presentada el 20 de octubre para con-testar el escrito titulado “Réplica del alegato de las partes recurridas”. No hacerlo así equivaldría a privar a una parte de su derecho a ser escuchada y a esta Curia de con-tar con todos los elementos de juicio necesarios. Como se-ñalara el filósofo griego en su opus prima, La República, la justicia es dar a cada uno lo debido. En este caso, no hay duda que lo debido es permitirle a Juan Cortés Lugo y otros presentar su escrito en dúplica de la réplica presen-tada por la parte peticionaria. 
      
       Igualmente notificaron a Justo Lozada Sánchez y otros la Moción Informa-tiva, y en cumplimiento con la Regla 39 del Reglamento de esto Honorable Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, la Réplica al Alegato de las Partes Recurridas, la petición de certiorari, la moción en solicitud de autorización para presentar recurso en exceso del límite de páginas permitidas.
     
      
       Moción solicitando prórroga suscrita por el licenciado Pedro J. Saadé Lloréns el 13 de octubre de 2011.
     
      
       Nótese que, hasta ese momento, a las partes peticionarias se les permitió presentar su alegato y una réplica al alegato de las partes recurridas.
     
      
       Quienes verdaderamente son parte en el pleito ante nuestra consideración son Juan Cortés Lugo y otros, no Justo Lozada. Sin embargo, la sección ambiental de la Clínica de Asistencia Legal representa a Juan Cortés. No es difícil colegir que el error en la comparecencia de la parte no era más que una inadvertencia de la repre-sentación legal de Juan Cortés Lugo y otros.
     